Defensora del Pueblo pide al ELN y al Frente 33 cesar combates en el Catatumbo y permitir atención humanitaria

Iris Marín, la Defensora del Pueblo, ha exigido el cese inmediato de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 en el Catatumbo, ubicado en el nororiente de Colombia. También solicitó la urgencia del ingreso de personal médico y misiones humanitarias para ayudar a los heridos y a la población civil afectada por la creciente violencia.

Este llamado se realizó el 25 de diciembre a través de los canales oficiales de la Defensoría del Pueblo, en respuesta a la intensificación de los combates en La Gabarra, un corregimiento del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

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Según la Defensoría del Pueblo, el 25 de diciembre se evidenció un recrudecimiento de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33, creando un ambiente de alto riesgo para la población civil. Se confirma que un grupo de habitantes se encuentra refugiado en una escuela rural para protegerse del fuego cruzado y de artefactos explosivos, lo que afecta a familias completas, incluidos menores.

La Defensora, Iris Marín, expresó en redes sociales: “Exigimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra – Tibú y permitir el ingreso de personal médico para evacuar a los heridos y brindar atención humanitaria en la zona”. Según informes, hay personas heridas que necesitan atención médica urgente, mientras que la movilidad y el acceso a servicios básicos están severamente limitados.

El conflicto armado en el Catatumbo ha causado el desplazamiento de aproximadamente 250 personas en las últimas 24 horas, según informes del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y autoridades locales. Principalmente, los desplazados provienen de los municipios de Tibú y El Tarra, llegando a ciudades como Cúcuta y Ocaña.

En Cúcuta, se reportó la llegada de 54 núcleos familiares, alrededor de 200 personas, mientras que en Ocaña, 11 familias, aproximadamente 50 personas, han arribado.

La situación es especialmente crítica en Tibú, donde comunidades han alertado sobre el riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly, debido a la presencia de grupos armados organizados. El NRC ha activado su respuesta humanitaria de emergencia y ha pedido al Estado colombiano garantizar atención inmediata a la población afectada y respeto por la población civil por parte de los actores armados.

“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”, advirtió Giovanni Rizzo, director de NRC en Colombia, según Blu Radio.

Los enfrentamientos se concentran en el kilómetro 16 de la carretera que conecta el casco urbano de Tibú con los corregimientos de La Gabarra, Orú y Versalles. En este corredor, la Defensoría del Pueblo ha indicado que hay retenes armados que dificultan la circulación de vehículos de emergencia, aumentando el riesgo para quienes requieren atención médica. Una ambulancia que intentó acceder al hospital de Tibú tuvo que regresar al encontrarse con un control armado, lo que complicó la evacuación de personas heridas.

La Defensoría del Pueblo ha informado que la situación ha sido evaluada junto a otras instituciones estatales para activar medidas de protección y atención humanitaria. El llamado incluye la solicitud de permitir el ingreso de misiones médicas y humanitarias, así como frenar la emergencia humanitaria en la región.

En 2025, aproximadamente 200.000 personas han sido afectadas por la escalada del conflicto armado en varios municipios del Catatumbo, según información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Esta cifra representa el 53% de la población de la subregión, reflejando la magnitud de la crisis humanitaria en uno de los territorios más impactados por la violencia en Colombia.

La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz se unió al llamado de la Defensora Marín, afirmando: “Apoyamos el llamado de la Defensoría para solicitar el cese de las hostilidades y el respeto por la vida. Debemos luchar con la palabra como nuestra única arma para construir un mejor país”.

Desde el gobierno nacional, la vicepresidenta Francia Márquez ha pedido respeto por la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades, y ha solicitado garantizar medidas de seguridad que permitan el regreso y la permanencia de las familias en sus tierras, además de un apoyo humanitario inmediato y atención integral por parte de las autoridades competentes.