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Un operativo combinado entre la Armada Nacional y la Policía condujo a la detención de un individuo en una zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, que poseía armamento militar, explosivos y propaganda relacionada con las disidencias de las Farc, según reporta El Tiempo.
El detenido fue identificado como Brayan Andrés Robayo, arrestado el 20 de diciembre en la vereda La Esperanza, una zona conocida por la actividad de grupos armados ilegales y conflictos por el control territorial.
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Según la Fiscalía General de la Nación, durante el registro en la casa de Robayo, las fuerzas del orden hallaron un arsenal significativo, incluyendo dos fusiles, dos pistolas, 134 cartuchos de varios calibres, dos granadas de mortero, dos minas antipersona, 37 detonadores eléctricos y dos radios de comunicación.
Todo este material fue confiscado y puesto a disposición de las autoridades competentes, dado que se trata de armamento reservado para las Fuerzas Militares, cuyo posesión se considera un delito grave bajo la legislación penal colombiana.
Además de las armas, las autoridades encontraron propaganda vinculada a las disidencias de las Farc, lo que reforzó la sospecha de que el arrestado tiene conexiones con estructuras armadas ilegales que operan en esta parte del Pacífico colombiano.
Uno de los aspectos más significativos del operativo fue la recuperación de dos menores de edad, de 14 y 16 años, que se encontraban en el lugar cuando se ejecutó el procedimiento. Las autoridades indicaron que los jóvenes podrían haber sido víctimas de reclutamiento forzado, una práctica que sigue siendo empleada por grupos armados ilegales en áreas rurales del país.
La custodia de los menores fue asignada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que inició el proceso de restablecimiento de derechos, conforme a lo que estipula la ley en estos casos.
Después de su captura, Brayan Andrés Robayo fue presentado ante un juez de control de garantías, donde un fiscal seccional le imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos.
Durante la audiencia, el acusado no aceptó ninguno de los cargos. Sin embargo, el juez consideró que existían suficientes pruebas y dictó medida de aseguramiento en un centro penitenciario mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra.
El incidente en Buenaventura se suma a otros sucesos recientes que evidencian cómo las disidencias de las Farc siguen usando propaganda, tanto física como digital, para consolidar su presencia y ejercer control territorial.
Un caso ampliamente documentado es el de Néider Yesid López Uñate, alias Primo Gay, un líder prominente del frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia, quien utilizó redes sociales como TikTok para exhibir armamento, diseminar mensajes armados y desafiar a las autoridades.
Según informes de inteligencia citados por Semana, alias Primo Gay convirtió plataformas digitales en un canal de propaganda y ostentación, mostrando joyas, tatuajes relacionados con las Farc y armamento, además de publicar mensajes dirigidos a simpatizantes y colaboradores.
Las autoridades han señalado que este tipo de contenidos no solo busca intimidar, sino también reclutar, legitimar la violencia y mantener unidas las estructuras armadas, incluso bajo presión institucional.
Frente a esta situación, las autoridades han reafirmado su compromiso de combatir tanto la acción armada como la propaganda ilegal de grupos criminales. En regiones como Antioquia y el Pacífico colombiano, se han anunciado recompensas sustanciales, operativos continuos y vigilancia de redes sociales utilizadas para actividades delictivas.
La captura en Buenaventura representa, según las autoridades, un golpe significativo contra las estructuras armadas ilegales que operan en el Bajo Calima, una zona clave para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Finalmente, la Fiscalía reiteró que continuará indagando posibles conexiones de Robayo con redes criminales más amplias, mientras se avanza en el proceso judicial que determinará su responsabilidad penal.
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