La propuesta del presidente de la República de transformar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en un impuesto abrió un debate técnico sobre el funcionamiento del sistema de aseguramiento vial en Colombia.
Desde el sector asegurador, el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Gustavo Morales, advirtió que una modificación de ese tipo tendría implicaciones estructurales sobre la atención a las víctimas y la sostenibilidad financiera del sistema.
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Morales explicó que aún no existe claridad sobre el alcance final de la iniciativa, pero señaló que, si los recursos que hoy administran las aseguradoras pasan a la unidad de caja del Estado, se perdería el modelo que ha garantizado durante más de cuatro décadas el pago oportuno a clínicas y hospitales.
“Ese dinero hoy entra a un sistema que garantiza que las IPS que atienden accidentes de tránsito reciban el pago de manera cierta y oportuna”, afirmó.
De acuerdo con el dirigente gremial, trasladar esos recursos al Tesoro Nacional implicaría que las instituciones de salud deban cobrar directamente al Estado, sin certeza sobre tiempos ni mecanismos de pago. “Eso genera una incertidumbre muy grande y puede afectar la atención de las víctimas”, señaló.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda Foto:Fasecolda
El presidente de Fasecolda sostuvo que el esquema actual del Soat ha permitido que más de 2.500 clínicas y hospitales del país atiendan a las víctimas de accidentes de tránsito bajo reglas claras y predecibles. “Las IPS saben a qué tarifa cobrar, cuándo les van a pagar y bajo qué condiciones. Es un sistema que funciona bajo las reglas del contrato de seguros”, afirmó.
En su análisis, cambiar este modelo implicaría un retroceso frente a la experiencia previa a 1986, cuando no existía el seguro obligatorio. “Volveríamos a una situación en la que las personas quedaban lesionadas en la vía porque no había quién respondiera por su atención”, indicó.
Morales también recordó que el Soat ha sido un instrumento clave para garantizar cobertura sin distinción de afiliación al sistema de salud, lo que permite atención inmediata independientemente de la condición del afectado.
Soat Foto:Soat
El dirigente gremial también se refirió al argumento según el cual los vehículos de mayor tamaño deberían asumir un mayor costo. Explicó que ese principio ya está incorporado en el diseño del Soat desde su creación en 1986. “Los vehículos grandes pagan más y las motos pagan menos de lo que correspondería a su nivel de riesgo”, señaló.
Indicó además que, al inicio del actual gobierno, se reforzó esa lógica mediante topes al incremento del Soat para motocicletas y vehículos de servicio público. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Según cifras de Fasecolda, la evasión del Soat alcanza el 57,3 % entre las motocicletas, mientras que en el resto del parque automotor llega al 29,5 %.
“Se pensó que reducir el valor del seguro iba a aumentar la compra, pero eso no ocurrió. Las aseguradoras han tenido que ajustar su operación a esa realidad”, explicó Morales.
Soat Foto:Archivo Particular
El debate también fue abordado por Darío Hidalgo, profesor de transporte y logística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, quien advirtió que la discusión debe entenderse en un contexto más amplio de sostenibilidad fiscal y política pública.
Hidalgo señaló que la propuesta de convertir el Soat en un impuesto responde, en parte, a la presión sobre las finanzas del sistema de salud, pero advirtió que no constituye una solución estructural. “Se está buscando una fuente adicional de recursos frente a la desfinanciación, pero eso no necesariamente resuelve el problema de fondo”, afirmó.
El académico explicó que el esquema actual, aunque imperfecto, garantiza reglas claras de operación y pago. “Cambiarlo implicaría trasladar la responsabilidad al Estado sin claridad sobre los mecanismos de pago, lo que introduce incertidumbre para clínicas y hospitales”, dijo.
Añadió que el desafío central no es solo financiero, sino de control y cumplimiento. “El problema no es únicamente quién paga, sino cómo se garantiza que todos estén asegurados y que el sistema funcione de manera sostenible”, puntualizó.
El SOAT cubre los gastos relacionados con lesiones corporales. Foto:iStock
De acuerdo con cifras del Sistema de Información de Reporte de Atenciones en Salud (SIRAS), entre enero y noviembre de 2025 se registraron 1.154.390 personas víctimas de accidentes de tránsito en el país, con 7.741 fallecidos. En ese periodo, el 88 por ciento de los siniestros involucró motocicletas.
En Colombia están registradas 13,3 millones de motocicletas y 7,7 millones de automóviles y buses, según datos del RUNT. Para Fasecolda, estas cifras reflejan la presión estructural que enfrenta el sistema y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y aseguramiento.
Morales insistió en que cualquier modificación al Soat debe preservar la certeza de pago a las víctimas y a las instituciones de salud. “Eliminar el esquema actual sin una alternativa clara pondría en riesgo la atención de miles de personas y la estabilidad del sistema”, afirmó.
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