Colombia
Gobernador de Antioquia advirtió impacto negativo para las regiones por la emergencia económica de Petro: “Se perderán $30 mil millones”
La reciente implementación del decreto de emergencia económica y social por parte del gobierno nacional ha generado inquietud en Antioquia. La Gobernación advierte que las modificaciones anunciadas podrían resultar en la pérdida de más de $30.000.000.000, una cantidad que, según el gobernador Andrés Julián Rendón, excede el presupuesto anual combinado de varias secretarías claves como las de Gobierno, Juventud y Mujeres.
La administración departamental alerta que este posible impacto negativo en las finanzas de la región se debe a los cambios propuestos en los impuestos con destinación territorial, tales como los gravámenes sobre el consumo de licores y cigarrillos, que son fundamentales para el financiamiento de diversos programas locales.
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En un comunicado emitido el 26 de diciembre de 2025, el gobernador local afirmó que el decreto no se justifica por una emergencia repentina, sino que resulta de problemas estructurales y predecibles en las finanzas nacionales. Subrayó que esta medida fomenta el centralismo y pone en peligro los ingresos de los departamentos, preocupaciones centrales en su evaluación de la política fiscal vigente.
Rendón enfatizó que el fracaso parlamentario de la ley de financiamiento no es un evento excepcional, sino que se deriva de la separación de poderes y la dinámica habitual de la oposición, por lo que, en su opinión, no otorga al presidente la facultad de legislar a través de decretos.
La preocupación regional se intensifica en relación con la posibilidad de alterar la recaudación de impuestos con destinación territorial. Según el mensaje oficial, tributos como el impuesto sobre el consumo de licores y cigarrillos se verían afectados, resultando, en palabras del gobernador de Antioquia, en “un incentivo para el contrabando, una usurpación de los recursos de las regiones y la transferencia de una crisis de gasto de la Nación a una crisis de ingresos en los departamentos”.
Andrés Julián Rendón recalca en el comunicado que, a su juicio, la iniciativa presidencial representa “un nuevo abuso del Estado de derecho y una estrategia para perpetuar prácticas derrochadoras, ineficientes y desiguales, a las que este Gobierno nos tiene acostumbrados”. El mandatario departamental argumenta que los problemas fiscales actuales fueron previsibles y forman parte del funcionamiento ordinario del sistema institucional colombiano, por lo que la declaración de emergencia carece de justificación bajo los principios constitucionales.
El gobernador de Antioquia advierte que la medida, más allá de la disputa institucional, traerá consecuencias prácticas concretas que minarán la autonomía regional y generarán efectos adversos adicionales en la economía local. Afirma que esta decisión transfiere responsabilidades financieras del nivel nacional a los niveles subnacionales, afectando de manera directa los recursos destinados a programas sociales y gubernamentales vitales para la región.
Para detener la medida impulsada por el presidente Petro, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando: “La emergencia no puede ser utilizada para corregir fallos de planificación ni para imponer por decreto lo que el Congreso ha rechazado democráticamente. El déficit fiscal y el rechazo de la Ley de Financiamiento en el Congreso no constituyen hechos sobrevinientes ni imprevisibles. Ahora es el turno de la Corte para proteger la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos, saqueado por el gobierno socialista de Petro”, declaró a medios nacionales.
Bajo esta premisa, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y el abogado Germán Calderón España, se sumaron como demandantes, exigiendo no solo la declaración de inexequibilidad del decreto, sino también solicitaron una medida de suspensión provisional mientras se lleva a cabo la revisión constitucional.
El abogado hizo hincapié en la relevancia del Congreso de la República en esta situación, advirtiendo que la Cámara debe ejercer funciones de control sobre el decreto de emergencia y que el Legislativo debería convocar a sesiones extraordinarias.
En sus fundamentos legales, De la Espriella cuestionó la validez del decreto de emergencia económica, afirmando que, en su opinión, “el documento no se sustenta en hechos sobrevinientes o extraordinarios que puedan alterar la situación económica del país”, demandando su declaración de invalidez.
