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El sistema eléctrico colombiano está enfrentando nuevas advertencias sobre el equilibrio entre la generación y la demanda de energía, en un contexto en el que, a pesar de no haber registrado apagones por falta de suministro en más de 30 años, los balances futuros indican escenarios cada vez más complicados.
Así lo indican reportes técnicos y análisis económicos publicados por W Radio Colombia.
Colombia se ha destacado como un referente regional en confiabilidad eléctrica. Mientras más de 11 países de América Latina han experimentado apagones masivos en los últimos dos años, el país ha mantenido el suministro gracias a la complementariedad entre la generación hidroeléctrica y térmica, un esquema que se afianzó tras la crisis de los años 90.
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Tras aquel apagón, el país reforzó su infraestructura energética con inversiones superiores a 140 billones de pesos en proyectos de generación y expansión del sistema, así como en recursos sociales y ambientales asociados a estos desarrollos. Estas decisiones permitieron mantener la estabilidad operativa a lo largo de las décadas.
No obstante, los balances recientes del operador del mercado, XM, muestran que la capacidad instalada no está aumentando al mismo ritmo que la demanda. A pesar de la incorporación de diversas fuentes en la matriz eléctrica, las proyecciones revelan una disminución progresiva del margen de seguridad.
De acuerdo con XM, las estimaciones apuntan a un déficit energético que podría alcanzar el -3,5 % para el año 2027, un escenario que podría volverse crítico si coincide con un periodo de sequía prolongada o un fenómeno de El Niño, que impacta la generación hídrica.
Las advertencias se incrementan debido a los retrasos en la operación de nuevos proyectos, una tendencia que se ha repetido en los últimos cinco años. Según datos oficiales, en 2021 solo se implementó el 7 % de la energía planeada; en 2022, el 27 %; en 2023, el 17 %; en 2024, el 25 %; y hasta ahora en 2025, apenas el 9,3 % de lo proyectado.
Estos incumplimientos en los plazos han sido atribuidos a diversos factores. Trámites ambientales prolongados, conflictos sociales en las regiones, procesos extensos con vacíos normativos de consulta previa, problemas de seguridad en algunas áreas y mensajes contradictorios de política pública han impactado la ejecución de los proyectos.
El efecto de estos retrasos no solo afecta la planificación técnica, sino que también impacta los precios de la energía y la percepción de estabilidad regulatoria para los inversionistas, lo que influye en las decisiones sobre nuevos desarrollos en el sector.
A su vez, diferentes estudios han calculado los costos económicos que implicaría un eventual racionamiento. Un análisis de Corficolombiana indica que cada hora de racionamiento costaría 5.200 millones de pesos y provocaría una reducción de 1,0 punto porcentual del PIB.
Otro estudio, realizado en 2024 por el Banco de Bogotá, estima que una hora diaria de racionamiento tendría un impacto económico entre 175 y 204 mil millones de pesos. Según dicho informe, los sectores más vulnerables serían la manufactura, la minería y el comercio.
Estas actividades representan aproximadamente el 24 % del PIB nacional y generan cerca del 30 % del empleo, por lo que la continuidad en el suministro eléctrico es considerada un factor clave para la estabilidad productiva y laboral del país.
Por otra parte, Fedesarrollo analizó un escenario similar al racionamiento de los años 90 y estimó que una situación comparable podría resultar en una contracción económica de 1,5 puntos porcentuales, además de la pérdida de 230 mil empleos, el ascenso a la pobreza de 203 mil personas y a la pobreza extrema de 102 mil.
Las proyecciones y estudios coinciden en que la seguridad energética está atada a la implementación oportuna de nuevos proyectos, tanto de generación como de transmisión, y a la eliminación de los obstáculos que han limitado su ejecución durante los últimos años, de acuerdo con los análisis de W Radio Colombia.
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