Colombia
En video quedó registrado el impactante ataque a la casa del concejal de Chachagüí, Nariño, Esteban Martínez: Cambio Radical se pronunció
Un ataque armado dirigido a la residencia de Esteban Martínez, concejal del partido Cambio Radical en Chachagüí, Nariño, ha suscitado inquietud sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia.
En la madrugada del viernes 26 de diciembre, un individuo sin identificar disparó múltiples veces contra el hogar del concejal, según lo confirmado por el partido, en un contexto de amenazas previas y de llamadas de atención sin respuestas efectivas por parte de las autoridades.
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Según imágenes captadas por cámaras de seguridad y publicadas por Cambio Radical, alrededor de las 2:09 a. m., una persona con máscara y completamente vestida de negro se aproximó a la vivienda y realizó al menos seis disparos antes de huir.
El partido describió el incidente como un atentado directo contra la vida de Martínez y su familia.
Desde la agrupación política se indicó que Martínez ha denunciado continuas amenazas a su seguridad durante casi dos años sin haber recibido protección, según lo expresado en la cuenta oficial de Cambio Radical en X.
En ese mismo mensaje, la agrupación declaró: “Nuestro concejal de Chachagüí, Nariño, Esteban Martínez, ha estado denunciando amenazas a su vida y la de su familia durante casi dos años. La UNP y el Gobierno han ignorado sus reclamos y no le han proporcionado protección”.
El País de Cali profundizó en que esta falta de respuesta institucional es una de las principales preocupaciones del partido, que había solicitado acompañamiento y medidas de protección en repetidas ocasiones.
La crítica hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Gobierno nacional fue reiterada. A través de su cuenta en X, Cambio Radical cuestionó: “¿Qué está esperando la UNP?”.
Además, en su comunicado oficial, la agrupación responsabilizó tanto al Ejecutivo de Gustavo Petro como a la UNP, por no haber establecido medidas de seguridad para el concejal, subrayando que la situación de riesgo había sido advertida con anterioridad.
Tras el ataque, Cambio Radical reiteró la exigencia de protección inmediata para Martínez y su familia, advirtiendo a las autoridades nacionales sobre su responsabilidad ante cualquier nueva agresión sufrida por el concejal o su entorno.
La superintendente delegada para la inspección de mercados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, denunció haber recibido amenazas e intentos de desprestigio tras las acciones de control y vigilancia que la entidad lleva a cabo sobre contratos de vehículos blindados en la UNP.
En un video compartido en redes sociales, Rusinque aseguró que esta campaña busca debilitar la capacidad de decisión de la SIC y obstaculizar investigaciones que involucran billones de pesos destinados a la protección de personas en riesgo.
Entre los episodios mencionados, Rusinque relató que hace meses sufrió un intento de vulnerar su esquema de seguridad al ser seguida por personas armadas en motocicletas de alta cilindrada cerca de su hogar.
Según sus declaraciones, estos hechos constituyen una amenaza directa a su seguridad personal y buscan cooptar o neutralizar a las instituciones encargadas de la supervisión del mercado, lo que podría favorecer la corrupción y la impunidad.
La funcionaria señaló que, además de los riesgos físicos, existe una estrategia jurídica y mediática diseñada para deslegitimar su trabajo y dar la impresión de que la SIC actúa fuera del marco legal.
En este sentido, denunció la publicación de informaciones como la que apareció en la revista Cambio, donde se cuestiona la legalidad de las acciones de la Superintendencia y se enfatizan los planteamientos de los investigados, desatendiendo los argumentos jurídicos que respaldan a la entidad. Rusinque rechazó las afirmaciones sobre la supuesta falta de competencias de la SIC:
“No se trata de un debate de opiniones, sino de hechos normativos y judiciales verificables”, afirmó, y recordó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado y otras instancias han confirmado la legalidad de las inspecciones y visitas administrativas amparadas por la Constitución, la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011.
Rusinque destacó que incluso un exsuperintendente, Pablo Felipe Robledo, ha validado jurídicamente las facultades de la SIC en estos procesos, independientemente de las diferencias políticas.
Adicionalmente, comentó que la presión busca convertir a la Superintendencia en una entidad sin peso real, como parte de “un plan sistemáticamente orquestado por estructuras de poder” que intenta detener decisiones clave en investigaciones relacionadas con recursos públicos destinados a individuos en riesgo.
