Luis Carlos Reyes advierte sobre la iniciativa constituyente: “La desorganización administrativa y la apertura de las puertas a la corrupción son el verdadero problema”

La formalización del comité que impulsará la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, realizada el 26 de diciembre ante la Registraduría Nacional, ha generado un debate intenso que trasciende lo político.

Luis Carlos Reyes reaccionó de inmediato a la noticia, criticando la propuesta a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), indicando que los problemas fundamentales del Gobierno actual son la desorganización administrativa y la corrupción, no los límites de la constitución colombiana.

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Según la información proporcionada por El Tiempo, la inscripción del comité es el primer paso formal hacia la eventual convocatoria de una constituyente.

El proceso, liderado por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, requiere el apoyo del 5% del censo electoral, equivalentes a aproximadamente dos millones de firmas. Solo con este respaldo ciudadano podrá la iniciativa ser presentada al Congreso de la República, lo que se espera para después de la instalación de la próxima legislatura en julio de 2026.

Las afirmaciones de Reyes en su mensaje en X subrayan que la Constitución vigente no ha impedido la implementación del programa del actual Gobierno.

El exfuncionario argumentó que las verdaderas razones de las dificultades en la administración pública son “la desorganización administrativa y la apertura de puertas a la corrupción”. Así, Reyes desestimó el argumento de que una reforma constitucional abordaría los retos actuales de gestión y estructura estatal.

Señaló también que ciertos sectores políticos, como el Frente Amplio y el Pacto Amplio, buscan recuperar protagonismo bajo la bandera de la constituyente. Según Reyes, esta dinámica podría perpetuar los obstáculos para el progreso nacional, más allá de lo que una reforma constitucional podría resolver.

Dicha propuesta cuenta con el apoyo explícito del presidente Gustavo Petro, quien enfatiza el carácter ciudadano e institucional del proceso.

El presidente ha afirmado que la decisión final debe ser tomada por el Congreso, mientras que Sanguino justificó la apuesta por la constituyente como una forma de “aprofundizar la democracia” y permitir cambios estructurales que, según el Ejecutivo, no han sido viables bajo las normas actuales.

Otras voces políticas, institucionales y académicas también han expresado visiones críticas. Estas opiniones cuestionan la necesidad de abrir un debate constituyente y sostienen que la Constitución de 1991 aún tiene desarrollos pendientes que podrían abordarse a través de reformas en el Congreso, en lugar de convocar un nuevo proceso constituyente.

Reyes sostiene que los desafíos más apremiantes en Colombia están relacionados con la gestión y las prácticas administrativas, y no tanto con el texto constitucional. El exfuncionario advierte que el surgimiento de nuevas dinámicas políticas alrededor de este proceso podría extender las dificultades que enfrenta el país en lugar de proporcionar una solución viable.

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, atribuyó al presidente Gustavo Petro el aumento de “mafias” internas en la entidad luego del asesinato de Gilberto Jesús Calao González, el director de la Dian en Tuluá.

Reyes, quien es ahora precandidato presidencial, argumentó que su salida permitió el regreso del clientelismo y de redes relacionadas con el contrabando dentro de la institución, según un comunicado difundido el 21 de diciembre de 2025.

La víctima, Calao González, había denunciado recientemente graves irregularidades y presuntos actos de corrupción dentro de la Dian, así como amenazas relacionadas con auditorías que afectaban intereses de grupos dedicados al contrabando y la evasión fiscal en el departamento del Valle del Cauca.