En medio de un clima político tenso por el registro de un Comité Promotor de Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Gustavo Petro salió este sábado a responder a las críticas de los sectores opositores que lo acusan de querer perpetuarse en el poder o de actuar al margen de la Constitución.

A través de su cuenta en la red social X, Petro fue enfático al afirmar que “no voy a ser dictador” y que la constituyente “no se hará en mi gobierno” si se interpreta como un intento de concentrar poder o alterar las reglas democráticas.

Además, el Presidente respondió directamente a Juan Daniel Oviedo, uno de los precandidatos presidenciales que había cuestionado la propuesta constituyente, sosteniendo que tales afirmaciones eran un insulto injustificado. Petro afirmó que su intención es reformar el sistema político y social del país, no “perpetuarse” en la Presidencia ni subvertir el orden democrático.

En contraste, la oposición ha sido clara en su rechazo: figuras como Vicky Dávila, David Luna y Aníbal Gaviria, integrantes del bloque electoral Gran Consulta por Colombia, han dicho que Colombia no necesita una nueva constitución ni un dictador, sino un Gobierno que respete la ley vigente.

Por ejemplo, Dávila afirmó que harán todo lo necesario “democráticamente” para impedir una constituyente, ya que consideran que esto pone en riesgo la estabilidad institucional. Asimismo, David Luna ha defendido la Constitución de 1991 como la carta más inclusiva y liberal en la historia reciente de Colombia.

Aunque Petro negó cualquier intención autoritaria, su apuesta por una asamblea constituyente no es nueva. En varias oportunidades anteriores, el presidente ha señalado que, si el Congreso bloquea reformas que considera fundamentales, podría recurrir a mecanismos de participación popular, incluida una constituyente, para llevar adelante su agenda.

Sin embargo, ese enfoque choca con la percepción de sectores opositores que ven la propuesta como un intento de cambiar las reglas del juego político sin pasar por los cauces tradicionales, como el Legislativo.

Las voces críticas insisten en que sin la aprobación del Congreso no existe una ruta legítima para convocar una constituyente, y que cualquier intento por el estilo podría interpretarse como un desafío a la institucionalidad.

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