Fiscalía desarticuló a banda que cobraba millonadas por hacerle ‘conejo’ a la justicia alterando procesos judiciales

En la mañana del 29 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de nueve individuos presuntamente involucrados en una red de corrupción dedicada a manipular procesos judiciales y comerciar información confidencial.

Entre los acusados se encuentran tanto funcionarios en activo como exfuncionarios de entidades de investigación judicial.

Se estima que exigían sumas que oscilaban entre cuatrocientos y mil millones de pesos a cambio de favores para investigados, evidenciando la penetración de la corrupción en instituciones como la Dijín y el CTI de la Fiscalía, lo que genera incertidumbre sobre la transparencia del sistema judicial en Colombia.

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Las indagaciones, guiadas por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, lograron documentar hechos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025.

“Algunos de los implicados se habrían reunido con las víctimas en Bogotá y Villavicencio (Meta), mostrando información confidencial sobre procedimientos para ejercer presión e intensificar las exigencias ilegales”, manifestó la Fiscalía.

El operativo, realizado en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), resultó en la detención de los nueve presuntos responsables.

La lista de arrestados incluye a cuatro miembros activos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín): el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; además de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI): Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo.

También hay tres particulares, exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.

La red exigía cantidades elevadas de dinero para filtrar informes, proporcionar expedientes completos y facilitar información confidencial principalmente sobre casos de lavado de activos.

Los afectados eran mayormente personas con antecedentes penales internacionales o supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Presuntamente, los implicados aprovecharon sus cargos y exigieron pagos que iban de 400 a 1.000 millones de pesos a un ciudadano que había cumplido condena en EE. UU. y a sus familiares, para evitar medidas cautelares que pudieran afectar sus bienes y prevenir la ejecución de órdenes de captura”, señalaba la Fiscalía.

Para ejercer presión y garantizar el pago, los acusados se reunían en ciudades como Villavicencio y Bogotá; en algunas ocasiones entregaron memorias USB con documentos confidenciales.

Los presuntos culpables no solo filtraban documentos judiciales, sino que, según las pruebas, también llevaron a cabo actos para obstruir las investigaciones: eliminando evidencias, ocultando bienes perseguidos por la justicia y amenazando tanto a víctimas y testigos como a los funcionarios encargados de los casos.

Las acciones ilegales incluyeron inducir declaraciones falsas y revelar información sobre operativos planeados para aumentar sus exigencias económicas. Los sobornos buscaban evitar la imposición de medidas cautelares, impedir órdenes de captura y alterar el curso de los procedimientos judiciales.

Próximamente, los detenidos serán presentados ante la justicia, donde la Fiscalía les imputará cargos por concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.

Estas acciones desafían la capacidad de las instituciones para lidiar con la corrupción en su interior y preservar la confianza de la sociedad.

Algunos de los involucrados lograron borrar evidencia relevante y obstaculizar las investigaciones, incluso forzando declaraciones falsas de testigos contra familiares de investigados en el extranjero como represalia al no cumplimiento de exigencias económicas.