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La Contraloría General de la República ha señalado que las intervenciones del Estado en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios no han conseguido estabilizar el sistema de salud colombiano, tras evaluar los procesos llevados a cabo entre 2019 y 2024.
El análisis, publicado en un informe reciente y reseñado por la Revista Semana, revela dificultades persistentes en la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de las EPS bajo control estatal.
El informe indica que el 75 % de las entidades intervenidas tiene un rendimiento considerado “medio-bajo”, sin mostrar avances significativos a pesar del apoyo estatal durante varios años.
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La Contraloría indica que esto refleja problemas estructurales que no han sido afrontados por las medidas adoptadas hasta la fecha.
Un aspecto central del informe es su impacto en los usuarios del sistema. Más de 29 millones de personas, que representan el 58 % de la población asegurada, dependen actualmente de EPS que tienen dificultades para asegurar la continuidad en el suministro de servicios médicos, la entrega de medicamentos, y el acceso a tratamientos especializados. Esta dependencia genera mayor presión sobre hospitales y demás actores de la red de atención.
El riesgo sistémico del sistema de salud también muestra un aumento, según el modelo econométrico aplicado por el organismo de control. La probabilidad de una crisis general se incrementó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024, y podría alcanzar el 60,4 % en 2026 si no se realizan correctivos estructurales. Para la Contraloría, estas cifras subrayan un escenario de vulnerabilidad que pone en peligro la estabilidad del aseguramiento.
El informe destaca que las deudas acumuladas por las EPS impactan de manera directa el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas, limitando su capacidad de operación. Según datos oficiales, las EAPB tienen una deuda de $9,3 billones con la red de salud, mientras que en algunos procesos de liquidación los gastos administrativos superan el 50 % de los recursos disponibles, disminuyendo el margen para el cumplimiento de obligaciones asistenciales.
Un efecto visible de la crisis es la salida de actores clave de la cadena farmacéutica. La eventual suspensión del servicio de un gestor farmacéutico para la Nueva EPS, prevista para enero de 2026, fue vinculada en el informe a la incapacidad de pago de las entidades intervenidas. Este tipo de decisiones afecta la entrega oportuna de medicamentos y añade tensiones en la atención a los pacientes.
La Contraloría también analizó la efectividad de los mecanismos de control aplicados durante los procesos de intervención y liquidación. De las cuentas por cobrar de entidades en liquidación, solo se ha logrado recuperar el 6,07 %, a pesar de que la mayoría reporta altos niveles de cumplimiento de planes formales. Para el organismo de control, esta baja recuperación cuestiona la efectividad de las herramientas empleadas.
Las dificultades financieras también afectan a la red pública hospitalaria, que registra compromisos pendientes por $770 mil millones. Este monto impacta el funcionamiento de hospitales públicos y su capacidad de respuesta, particularmente en regiones con alta demanda de servicios y limitaciones presupuestarias.
Desde el sector farmacéutico, las alarmas resuenan con los hallazgos del informe. El presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Ignacio Gaitán, afirmó: “La suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no sorprende a quienes hemos estado advirtiendo sobre la degradación del sistema. Lo preocupante es que esto es solo el comienzo”. Esta declaración se citó en el análisis como un reflejo de la inquietud de los proveedores.
Afidro, el gremio que representa a laboratorios de investigación, hizo un llamado al Gobierno nacional para adoptar soluciones financieras urgentes, revisar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación y garantizar transiciones ordenadas entre operadores, con el objetivo de impedir interrupciones en la entrega de medicamentos y tratamientos.
El informe de la Contraloría revela que las intervenciones no han logrado alcanzar el objetivo de restaurar la estabilidad del sistema, mientras que continúan las fallas estructurales en el aseguramiento. La evaluación se sostiene en indicadores financieros, operativos y de gestión, así como en el seguimiento a las entidades bajo control estatal durante el periodo examinado.
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