Petro lanzó fuerte advertencia tras las críticas de expresidente del Senado por aumento del salario para 2026: “No despierten al jaguar”

El presidente Gustavo Petro respondió a las objeciones planteadas por el exsenador Ernesto Macías Tovar, quien cuestionó el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026. El mandatario enfatizó su postura en un mensaje detallado en su cuenta de X, replicando a Macías, que recordó los precedentes en los que el Consejo de Estado anuló decisiones salariales similares por falta de base técnica.

La propuesta de aumento del salario mínimo que hizo Petro ha causado gran controversia, ya que la subida del 23,7% elevará el salario base a $1.750.905 —denominado por él como “salario vital”—, además de un subsidio de transporte de $249.095, que suma un total de $2.000.000.

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Este incremento generó preocupación por su desproporción respecto a la inflación anual, lo que llevó a diversas críticas desde sectores políticos y económicos que advierten sobre posibles efectos adversos en la estabilidad económica del país.

Al justificar su decisión, Petro aseguró que se tomaron en cuenta múltiples factores, incluidos los principios constitucionales y los convenios internacionales. Así, el mandatario declaró en X: “Entonces, señor Macías de extrema derecha, se convocará paro nacional”.

“Los trabajadores no deben afrontar el costo de la crisis provocada por especuladores financieros. Se consideraron todos los aspectos de la sentencia de la Corte, analizando la inflación del año pasado y la productividad, además de seguir una orden constitucional y los tratados de la OIT que son parte de la constitución, así que no despierten al jaguar”, aseguró el jefe de Estado.

Y finalizó su mensaje: “Este es un gobierno progresista, no al servicio de los grandes ricos, sino de los trabajadores, y gobernamos según la voluntad soberana del pueblo”.

Las afirmaciones del presidente fueron parte de su réplica a la crítica de Ernesto Macías, un opositor vehemente, quien señaló que el incremento del salario mínimo fue establecido sin el soporte técnico necesario, como ocurrió durante el gobierno de Juan Manuel Santos en 2017, cuando el Consejo de Estado revocó una medida similar.

Macías expresó en su cuenta de X: “El @consejodeestado anuló el Decreto 2552 de 2015, que estableció el aumento del salario mínimo para 2016. No había justificación para fijar ese porcentaje y se incumplieron los criterios impuestos por la @CConstitucional, como la inflación y los índices de productividad”.

El temor de muchos es que, al igual que en 2017, el aumento del salario mínimo para 2026 pueda ser objeto de una anulación por parte del Consejo de Estado, que evaluará si la medida cumple con los requisitos técnicos establecidos por la Corte Constitucional y otros organismos jurídicos.

En 2017, el Consejo de Estado anuló un decreto firmado por el presidente Santos que estableció el salario mínimo para 2016 con un aumento del 7%, a través del Decreto 2552 de 2015. La Corte de Justicia consideró que el gobierno no presentó una justificación robusta sobre cómo se determinó dicho aumento, particularmente respecto a inflación, productividad y crecimiento económico.

Aunque la nulidad no obligó a reembolsar dinero a los trabajadores, sí subrayó la necesidad de que el gobierno fundamente más sólidamente los decretos salariales.

A pesar de que el incremento propuesto por Petro para 2026 busca mejorar las condiciones para los trabajadores, críticos argumentan que la estrategia carece de los fundamentos técnicos necesarios, poniendo en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que ya enfrentan serias dificultades por la presión de los costos laborales.

También se ha manifestado preocupación por el posible aumento de la inflación y otros efectos adversos en la economía. Empresarios, gremios comerciales y líderes políticos han expresado su inquietud de que este incremento pueda impactar el mercado laboral, dificultando la contratación de nuevos empleados y afectando las maltrechas finanzas de las pequeñas empresas.

Se teme que un aumento tan significativo en los salarios, sin un incremento proporcional en la productividad o un plan económico de respaldo, pueda ocasionar un efecto “búmeran” que perjudique tanto a trabajadores como a empleadores.

En este momento, la decisión de Petro queda ahora en manos del Consejo de Estado, que deberá evaluar si el decreto cumple con los parámetros establecidos por la Constitución y las normas internacionales, especialmente en relación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si el tribunal determina que la medida carece de justificación técnica, podría anularla, lo que abriría la puerta a nuevas disputas políticas y sociales.