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El Gobierno Nacional se apresta a expedir los decretos que activan una nueva tanda de impuestos al amparo de la emergencia económica, con vigencia a partir de 2026, en un intento por asegurar gran parte de los recursos necesarios para cubrir el faltante del Presupuesto General de la Nación del próximo año.
Según lo anunciado por Germán Ávila, ministro de Hacienda, dicho paquete permitiría un recaudo estimado de 11,1 billones de pesos, en un contexto de estrechez fiscal y tras el archivo de la Ley de Financiamiento.
El funcionario advirtió, no obstante, que el hueco fiscal es del orden de 16 billones, por lo que habrá que tomar medidas adicionales, como aplazamiento de inversión en obras viales y recortes de algunos gastos. Se trata, en la práctica, de una reforma tributaria por decreto, mientras la Corte Constitucional entra a revisar si el uso de facultades excepcionales está justificado.
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La decisión, sin embargo, abre un doble frente de discusión. Por un lado, el económico, por los impactos que las medidas tendrían sobre hogares, empresas, crédito, inversión e infraestructura. Por otro, el jurídico, por el uso de facultades excepcionales para fijar tributos, una potestad que en condiciones normales corresponde al Congreso y que ahora quedará bajo el escrutinio de la Corte Constitucional, advierten expertos.
Para Ramiro Bejarano, abogado y catedrático, las razones invocadas por el Ejecutivo no configuran un “hecho sobreviniente”, requisito central para declarar un estado de excepción. “No son motivos sobrevinientes”, advirtió, al señalar que buena parte de los factores citados eran previsibles y debieron tramitarse por la vía ordinaria. Una lectura similar tiene Andrés González Díaz, exministro de Justicia, quien considera que acudir a la emergencia para imponer impuestos tensiona el principio democrático de separación de poderes.
Gobierno pone en la mira el desarrollo de proyectos viales por falta de plata en 2026. Foto:Presidencia
Con esa advertencia de fondo —legal y política pública—, el paquete trae medidas concretas que afectan a personas naturales con patrimonio relevante, sectores como el financiero y el minero-energético, el consumo de licores y juegos de azar y las compras por plataformas digitales. Y, además, abre frentes sensibles: el anuncio de revisar vigencias futuras y congelar o aplazar recursos a proyectos viales sin avance, y la intención de obligar a los fondos privados de pensiones (AFP) a repatriar inversiones en el exterior para financiar infraestructura.
Impuesto al patrimonio
Uno de los primeros cambios es el ajuste al impuesto al patrimonio. El umbral bajaría de 3.600 millones a 2.000 millones de pesos, y se establecería una estructura progresiva con una tarifa máxima de 5 por ciento para patrimonios superiores a 100.000 millones. En la información conocida se ha hablado de un universo cercano a 102.000 contribuyentes y de un recaudo de 1,7 billones de pesos.
Umbral para pago del impuesto al patrimonio se reduce a aquellos con $ 2.000 millones en adelante. Foto:Dian/ iStock
El efecto práctico es la ampliación de la base gravable, incorporando a personas que, sin pertenecer a los patrimonios más altos del país, concentran activos como vivienda, segunda propiedad, vehículos y otros bienes. Para Christian Junot Quiñonez, exsubdirector de la Dian, este ajuste no golpea a un solo grupo: “Definitivamente le pega a la clase media”, en especial cuando el aumento de costos no viene acompañado de un mayor ingreso para quienes ganan por encima del salario mínimo.
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Sobretasa al sistema financiero
Otro eje central es la sobretasa a la renta del sector financiero, que pasaría de 5 a 15 por ciento, con un recaudo estimado de 3,6 billones de pesos. Quiñonez explica que, sumada a la tarifa general, la carga podría llevar al sector a un nivel cercano al 50 por ciento, un umbral que califica de “extremadamente confiscatorio”.
El debate no se queda en el sector. Jonathan Malagón, presidente de la Asobancaria, advierte que el mayor impuesto se trasladaría al resto de la economía: “Las consecuencias no se limitan a los balances de los bancos; se transmiten a hogares y empresas”. Según su estimación, el costo del crédito podría aumentar entre 100 y 150 puntos básicos, afectando desde el financiamiento educativo hasta la compra de vivienda y la inversión productiva.
Más sobretasa al sistema financiero elevará las tasas de interés, también las comisiones bancarias. Foto:iStock
Quiñonez coincide en el mecanismo: “Habrá un efecto de aumento en tasas de interés, pero también en comisiones bancarias”. En un contexto de inflación presionada por otros factores, el encarecimiento del crédito aparece como uno de los impactos más transversales del paquete.
Hidrocarburos y minería
El paquete también revive discusiones en el sector minero-energético, como la no deducibilidad de regalías en petróleo, carbón y otros minerales, un tema que ya ha tenido tropiezos en los tribunales. Aquí, los expertos alertan sobre un riesgo operativo: aun si la Corte tumba la medida, el recaudo podría haberse materializado antes del fallo.
Según Quiñonez, esto podría terminar en “saldos a favor” o ajustes futuros que presionen la caja del siguiente gobierno. “Puede que la Corte… lo declare inexequible, pero ya hayan pagos… y eso puede significar saldos a favor a futuro”, advirtió.
Medidas reviven discusión en sector, como la no deducibilidad de regalías en petróleo. Foto:Ecopetrol
Bejarano, por su parte, fue aún más categórico sobre el incentivo institucional que crea insistir en normas previamente caídas: revivir disposiciones declaradas inconstitucionales “no tiene sentido jurídico” y puede implicar responsabilidades. Y González Díaz pidió una reacción judicial más rápida: propuso que se evalúen medidas cautelares para evitar el escenario de recaudar mientras se decide, y luego convertir el cobro en “abonos” a impuestos futuros.
IVA y consumo
En el frente del consumo, el Ministerio anunció que el IVA a licores subirá del 5 al 19 por ciento, para bebidas como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos, con excepción de la cerveza. También se mantendría el IVA del 19 por ciento para juegos de suerte y azar (incluidos los electrónicos), con ajustes en la base gravable para calcularlo sobre la ganancia real del operador descontando premios pagados, buscando un recaudo más estable.
Este tema tiene un componente territorial delicado: los impuestos a licores y tabaco han sido históricamente una fuente de financiación de salud en departamentos y municipios. Expertos anticipan tensión entre la Nación y regiones por “meter mano” a esas rentas. Quiñonez advirtió que el problema no es solo el IVA, sino la sumatoria de gravámenes (IVA + impuesto nacional al consumo + componente territorial), que puede encarecer el producto, reducir demanda formal y afectar recaudos.
IVA a licores subirá del 5 al 19 %, para bebidas como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, vino. Foto:iStock
Otro ajuste anunciado es la reducción del umbral exento para importaciones pequeñas vía plataformas digitales, que bajaría a 50 dólares. Aunque el detalle normativo aún requiere precisión, la dirección del cambio es clara: más compras quedarían gravadas, con impacto directo en consumidores y comercio electrónico.
Infraestructura y vigencias futuras
Además de impuestos, el Gobierno ha dicho que analiza congelar o aplazar recursos para proyectos viales que no muestran avances significativos, en el marco de priorización del gasto. Este tema es especialmente sensible porque involucra las vigencias futuras, es decir, compromisos contractuales del Estado para pagos a varios años que sostienen el esquema de financiamiento de grandes obras y APP.
Alterar el curso de las vigencias futuras, como se propone, genera riesgo e incertidumbre. Foto:Covipacífico
Según Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, tocar estas garantías aumenta el riesgo país percibido por inversionistas y bancos: “Las vigencias futuras son tan seguras que el sector bancario las considera una garantía… y este tipo de medidas genera riesgo e incertidumbre”. En su concepto, reprogramarlas —así sea pactado— debilita el apetito de capital para nueva infraestructura, justo cuando el espacio fiscal del Estado es estrecho y el país depende de esquemas público–privados para cerrar brechas.
Pensiones: repatriar inversiones
El anuncio más disruptivo, por su efecto de largo plazo, es el decreto para obligar a fondos privados de pensiones a repatriar cerca de 250 billones de pesos invertidos en el exterior, con el propósito de financiar infraestructura estratégica. Aquí el debate no es menor: esos recursos se invierten afuera para diversificar riesgo y buscar rentabilidad en horizontes largos, en beneficio de afiliados, según ha mencionado Asofondos.
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Según los expertos, restringir esa libertad reduce retornos esperados y puede traducirse en menores pensiones futuras. Si se limita la inversión externa de los fondos, la cuenta individual de una persona que ahorra 30 o 40 años podría terminar con una jubilación significativamente más baja. Es un punto que combina finanzas públicas (buscar recursos para obras) con protección del ahorro pensional (rentabilidad y diversificación).
Problema fiscal
En la parte macro, Mejía subrayó una contradicción que marcará el debate público: no se puede sostener al mismo tiempo que “la economía va muy bien” y que hay “emergencia económica” que amerita decretos tributarios. Su diagnóstico es más puntual: “No estamos en emergencia económica, sí tenemos un grave problema fiscal”. Y atribuye parte del crecimiento reciente a un impulso de gasto público “insostenible”, con un déficit elevado como telón de fondo.
Si el recaudo corre antes del fallo, el país podría terminar en el escenario de cobro inmediato con ajustes futuros que afectan la caja del próximo gobierno y la estabilidad de reglas para inversionistas y contribuyentes.
Ese marco importa por dos razones, explica. Primero, porque ayuda a entender por qué el Gobierno busca recaudo rápido para 2026. Segundo, porque la forma de conseguirlo —decretos excepcionales, potencial choque al crédito, tensiones con vigencias futuras y señales sobre pensiones— puede terminar elevando incertidumbre y costo financiero del país.
Con el paquete ya anunciado, la discusión se traslada a dos frentes simultáneos: el económico (inflación, crédito, inversión, empleo, consumo, infraestructura) y el jurídico (conexidad, excepcionalidad, límites del Ejecutivo). En ese campo, la última palabra la tendrá la Corte Constitucional. Y, como advirtieron varios expertos, el reloj cuenta: si el recaudo corre antes del fallo, el país podría terminar en el escenario de cobro inmediato con ajustes futuros que afectan la caja del próximo gobierno y la estabilidad de reglas para inversionistas y contribuyentes.
Así las cosas, el foco se traslada ahora a la Corte Constitucional, que deberá evaluar si existe conexidad y excepcionalidad suficientes para avalar las medidas, dicen los analistas, algunos de quienes han planteado incluso la posibilidad de medidas cautelares para evitar que el recaudo se materialice antes del fallo.
El desenlace será determinante no solo para el Presupuesto de 2026, sino para la confianza de hogares, empresas e inversionistas en las reglas de juego fiscales del país, coinciden.
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