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La decisión de Gustavo Petro de implementar un aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026 en Colombia ha generado divisiones de opinión entre políticos y sectores empresariales. Algunos apoyan la medida, considerándola una oportunidad para mejorar las condiciones laborales, mientras que otros muestran su preocupación.
En este contexto, el precandidato presidencial Roy Barreras citó una publicación de 2022 donde el empresario Mario Hernández sugirió un incremento del salario mínimo del 20%. Barreras destacó la coincidencia de opiniones al afirmar: “Es positivo contar con el respaldo del empresario en esta propuesta”.
Hernández, por su parte, ha manifestado recientemente su desacuerdo con el incremento del salario mínimo que anunció el Gobierno de Gustavo Petro.
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En la publicación de 2022 a la que Roy Barreras se refirió, Mario Hernández sugirió al presidente Gustavo Petro un aumento del salario mínimo que superara la inflación proyectada para ese año. Hernández anotaba que, pese a las diferencias de opinión con el mandatario, compartía el objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores y fomentar el empleo.
“Presidente @petrogustavo, la inflación cerrará el año rondando el +-14%. Propongo que se suba el salario mínimo un 20% y estimulemos a la gente que quiere trabajar. Tenemos diferencias importantes, pero al igual que usted soy un convencido de que la gente debe ganar más”, escribió el empresario en ese entonces.
Barreras subrayó la coincidencia en la necesidad de un salario mínimo más equitativo. El precandidato presidencial enfatizó la relevancia de que sectores habitualmente adversos compartan esta perspectiva sobre los ingresos laborales.
“Qué bueno que el empresario-candidato del uribismo Mario Hernández esté de acuerdo con nosotros en que es bueno que la gente tenga un salario mínimo más justo”, expresó Barreras.
Barreras agregó que, tras el ajuste al salario mínimo, el próximo cálculo debe ser reducir las cargas para las pequeñas y medianas empresas, con el fin de impulsar el crecimiento económico general. Según sus palabras, la transformación debe beneficiar a empleados y empleadores, garantizando responsabilidad en la implementación de los cambios.
“El próximo paso: aliviar la carga de las MIPYMES y luego estimular el crecimiento de la economía en su conjunto. El cambio es justo, necesario e inevitable, pero debe ser un CAMBIO RESPONSABLE que beneficie a todos: trabajadores y empresarios”, afirmó el candidato presidencial afín al actual Gobierno de Colombia en un mensaje en su cuenta de la red social X.
En efecto, el empresario ha manifestado recientemente su desacuerdo con el incremento del salario mínimo que se estima para 2026.
A través de su cuenta en X, expresó dudas sobre la decisión del presidente, advirtiendo que sin mejoras en la productividad empresarial, la medida podría generar presiones inflacionarias y reducir la competitividad. También señaló que el aumento salarial impactaría el costo de vida de la población colombiana.
“Cuando el salario mínimo aumenta 23% sin productividad que lo respalde, perdemos competitividad y aumenta la inflación. Además, mucho depende del salario mínimo, así que todo se encarece”, expresó Hernández en sus redes sociales.
El empresario también hizo hincapié en que no apoyar un aumento desmedido del salario mínimo no equivale a oponerse a que los trabajadores reciban mejores salarios.
“No es estar en contra de que la gente gane más; es comprender que sin productividad, el efecto es el opuesto”, señaló.
Más adelante, Mario Hernández, quien aspira a un escaño en el Senado por el partido opositor Centro Democrático, centró sus comentarios en el presidente, a quien responsabilizó de un posible incremento en el precio de bienes y servicios en Colombia.
Además de las palabras de Mario Hernández, otros líderes gremiales y empresariales han expresado su desacuerdo con la manera en que se estableció el nuevo salario mínimo para 2026 y con sus eventuales consecuencias.
Jaime Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), calificó la negociación como una “farsa y burla institucional para el sector productivo del país” y sostuvo que la medida fue “anticipada, unilateral y abiertamente populista”.
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