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Los enfrentamientos entre las Farc y el ELN han aumentado la tensión en la zona, lo que podría resultar en nuevos desplazamientos forzados, similar a lo sucedido hace un año con enfrentamientos entre estas dos guerrillas.
Al menos cinco personas han sufrido heridas, incluidos dos menores, debido a ataques con drones dirigidos a viviendas en el corregimiento Filo el Gringo, una área rural de El Tarra, Norte de Santander.
Las imágenes reveladas en la mañana del 31 de diciembre muestran que el reciente aumento en la violencia se debe a los esfuerzos de las Disidencias de las Farc para obtener control territorial frente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este punto clave del Catatumbo.
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Los conflictos entre estas organizaciones armadas han exacerbado la tensión en la región, lo que podría llevar a nuevos desplazamientos forzados, como sucedió hace un año durante enfrentamientos similares.
Los ataques con drones han estado dirigidos a viviendas que se presume son refugios de miembros del ELN.
El aumento del desplazamiento forzado en el Catatumbo resalta el impacto del conflicto armado sobre la población civil, una situación que la Personería de Ocaña clasifica como urgente y en crecimiento. Este fenómeno, provocado por los enfrentamientos entre el ELN y las Farc, ha llevado a las autoridades locales a solicitar una respuesta inmediata del Estado.
Un portavoz de la entidad declaró: “La Personería de Ocaña ya ha empezado a recibir las primeras familias desplazadas del corregimiento de Filogringo, en medio de las confrontaciones que vive la subregión Catatumbo entre las Farc y el ELN”.
La magnitud del desplazamiento se refleja en las cifras. “Estamos recibiendo más de 21 núcleos familiares, que continúan llegando; vamos a gestionar ya el primer grupo masivo de esta situación que se presenta”, aclaró el funcionario, destacando la naturaleza continua de los flujos de familias que escapan del conflicto.
La vulnerabilidad de quienes llegan es notable: “Las familias desplazadas incluyen niños, personas con discapacidad, y aquellos que padecen las consecuencias del conflicto armado”, informó el representante de la Personería de Ocaña, quien también dirigió un llamado claro: “Instamos al Gobierno nacional a unirse para la atención y reparación integral de las víctimas, para que se envíen ayudas inmediatas”.
La demanda enfatiza la necesidad de una reacción estatal acorde a la emergencia: “El llamado urgente al gobierno nacional es proveer las ayudas humanitarias para que se brinde atención prioritaria, garantizando el acceso a los derechos fundamentales”, insistió el funcionario de la Personería de Ocaña.
Simultáneamente, también emitió un mensaje directo a los actores armados: “Instamos al ELN, al Ejército de Liberación Nacional, a las FARC, y a las disidencias, a cesar las acciones armadas, a evitar hostilidad hacia la población civil y a respetar el derecho internacional humanitario”, subrayó el portavoz, enfatizando la necesidad de proteger a quienes quedan atrapados en medio de la violencia.
Una grave crisis humanitaria afecta al Catatumbo tras recientes enfrentamientos armados en el corregimiento Filo El Gringo, resultando en un desplazamiento masivo y el confinamiento de cientos de personas, según la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper).
Desde esta organización con sede en Bogotá, se ha alzado la voz para resaltar la magnitud de la crisis y exigir acciones específicas por parte del Estado colombiano.
Al proporcionar cifras alarmantes sobre la magnitud del problema, Fenalper informó que “al menos 150 personas han sido desplazadas, entre ellas 41 niños, niñas y adolescentes, y más de 500 personas permanecen confinadas sin poder salir del territorio en condiciones seguras”. Se destacó que las comunidades han solicitado urgentemente la habilitación de un corredor humanitario.
La organización ha llamado la atención sobre las características de las víctimas y la necesidad de protección, enfatizando: “La población civil no es parte del conflicto armado y el desplazamiento forzado, el confinamiento, y la exposición a hostilidades son graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, según se expone en el documento.
Fenalper hizo un llamado claro al Gobierno nacional, instando a la adopción de medidas inmediatas. “Exigimos la implementación urgente de medidas eficaces de protección, la activación completa de la ruta humanitaria y de atención a víctimas, la presencia institucional suficiente y coordinada en el territorio, y la garantía real de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas, especialmente de niños, niñas y adolescentes”.
La solicitud no solo aboga por una respuesta estatal, sino que también se dirige a los actores en conflicto: “Llamamos a los actores armados ilegales a cesar de inmediato las acciones contra la población civil y a respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario”, concluyó Fenalper.
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