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El Ministerio de Hacienda anunció un cambio significativo en la estructura de gastos del Estado para el 2026. En el marco de los ajustes económicos previstos para el nuevo periodo, el Gobierno Nacional confirmó que se suprimirá la prima especial de servicios que reciben hoy los miembros del Congreso de la República.
Esta remuneración adicional, que hoy asciende a cerca de 11 millones de pesos por cada parlamentario debido a su indexación anual, ha sido costeada por la Nación durante los últimos 12 años. El origen de este beneficio se remonta a una decisión adoptada durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, cuando se estableció como una ayuda para la instalación de los legisladores, aunque terminó convirtiéndose en un pago recurrente y generalizado.
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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que esta medida forma parte de una estrategia integral para optimizar los recursos públicos. “Este es el costo en la política de reducción de gastos que estamos esperando”, señaló Germán Ávila en declaraciones recogidas por el medio Caracol Radio, al referirse al impacto de eliminar este beneficio que se pagaba de manera automática a todos los congresistas.
En busca del equilibrio laboral
Por su parte, el Ministerio de Trabajo vinculó esta decisión con el reciente reajuste de los ingresos para los trabajadores que perciben menos recursos en el país. Según la visión del Ejecutivo, retirar este privilegio busca generar un equilibrio frente a los esfuerzos económicos que realiza la ciudadanía.
Respecto a la eliminación de este pago, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ofreció los siguientes detalles a Caracol Radio:
- La medida es considerada un acto de justicia social que acompaña el incremento del salario mínimo.
- El monto que dejará de pagarse equivale a precios actuales a una cifra cercana a los 11 millones de pesos mensuales por legislador.
- El Gobierno describió este beneficio previo como una concesión excesiva otorgada por administraciones pasadas.
- Se espera que la supresión de la prima sea celebrada por la opinión pública nacional.
La proyección oficial es que este rubro deje de ejecutarse de forma definitiva a partir de la próxima legislatura. Con este movimiento, el Gobierno espera reducir la presión sobre el presupuesto nacional y enviar un mensaje de austeridad en el manejo de los altos salarios del sector público.
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* Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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