Gobierno fija precio de acciones en Coltel y activa plan para vender su participación en Movistar

Según datos proporcionados por la emisora Blu Radio, el Gobierno ha establecido el monto y los términos para la venta de su participación accionaria en Coltel, la cual opera como Movistar en Colombia, a través del Decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025.

Esta decisión permite al Ejecutivo establecer un marco legal específico para avanzar en la enajenación de sus acciones en el sector de telecomunicaciones, con un objetivo de recaudo superior a $850.000 millones. Esta información fue reportada por el medio que difundió la noticia.

Según el decreto, el precio asignado por cada acción es de $772,38, un valor que se tomará como referencia durante el proceso de oferta pública.

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La legislación indica que los ingresos generados por esta operación llegarán al Estado como resultado directo de un programa de enajenación diseñado bajo criterios de mercado y con reglas claras para los interesados.

Uno de los aspectos clave del decreto es la instauración de un “régimen transitorio especial”, enfocado en asegurar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, resguardar los derechos de los usuarios y mantener un entorno competitivo en el mercado. Este régimen se aplicará durante la integración empresarial entre Tigo y Movistar, en el contexto de la decisión sobre la participación estatal en Coltel.

El documento formal detalla la implementación de un programa de enajenación, permitiendo que el Estado venda la totalidad de sus acciones bajo criterios previamente establecidos. Según el texto legal, este programa debe llevarse a cabo de manera ordenada y transparente, garantizando amplia divulgación y libre concurrencia, con el fin de proteger el interés público a lo largo del proceso.

El decreto establece que la primera fase del proceso consistirá en una oferta pública de todas las acciones. Esta etapa debe mantenerse vigente por un período que se indique en el aviso de oferta, el cual no podrá ser inferior a dos (2) meses, contados desde el día hábil siguiente a su publicación. La venta se efectuará a precio fijo por acción, de acuerdo con el valor fijado por el Gobierno.

El texto legislativo aclara que la enajenación se llevará a cabo conforme a la normatividad vigente y a las pautas establecidas para este tipo de operaciones. De este modo, se busca asegurar que la transacción no interrumpa la prestación de los servicios de telecomunicaciones ni afecte a los usuarios que dependen de la red de Coltel bajo la marca Movistar.

Otro punto importante mencionado en el decreto es la duración del programa de enajenación, fijada en un (1) año a partir de la entrada en vigor de la norma. Sin embargo, el Gobierno tiene la opción de prorrogar el programa por un año más, así como de suspenderlo o finalizarlo anticipadamente, dependiendo de las condiciones del mercado y del avance del proceso.

La normativa también otorga un papel proactivo a las autoridades regulatorias y de control, que deberán velar por una vigilancia constante sobre la operación. El decreto establece que estas entidades deben implementar medidas para mitigar riesgos de concentración y prevenir posibles impactos negativos para los usuarios finales, particularmente en aspectos como la calidad del servicio, cobertura, tarifas y acceso a redes.

En el marco establecido por el Ejecutivo, se enfatiza que el procedimiento debe desarrollarse bajo condiciones de mercado, con participación abierta de los interesados y con mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de las reglas fijadas. El Gobierno sostiene que este enfoque busca mantener la competencia y asegurar que la transición accionaria se ejecute sin disrupciones en el funcionamiento del sector.

La decisión de vender acciones en Coltel se sitúa dentro de una estrategia más amplia de reorganización del papel del Estado en compañías específicas, en un entorno de cambios fundamentales en el mercado de telecomunicaciones. El decreto señala que el régimen transitorio especial permanecerá en vigor mientras se materialicen los ajustes empresariales planificados, sin que esto implique alteraciones inmediatas en la prestación de servicios para los usuarios.