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Sigue la incertidumbre en el sistema pensional por lo que podría llegar a pasar si sale adelante el decreto del gobierno de Gustavo Petro que obligaría a los fondos privados a traer sus inversiones al país de manera exprés.
Este proyecto, el cual fue requerido expresamente por el Presidente, ha sido catalogado por diferentes expertos como inadecuado y hasta se ha llevado del cargo a la directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), Mónica Higuera, quien renunció hace unas semanas por su desacuerdo con él.
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“Invertir en el país tiene cosas positivas; sin embargo, la diversificación protege el capital. Traer el dinero por traerlo no es responsable con los colombianos. Eso de traigan en seis meses 125 billones de pesos, que era la propuesta, era algo fatal. Por no hacerlo así, me tuve que ir”, confesó Higuera esta semana en su cuenta de X.
Las palabras de la exfuncionaria, la cual también admitió que si el Presidente no tiene razón, alguien tiene que ser capaz de decírselo, han generado una ola de reacciones y han puesto sobre la mesa los riesgos que tendría sacar adelante este proyecto.
Hoy en día, las administradoras de pensiones (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) intentan maximizar el ahorro de los afiliados mientras estos van construyendo el capital necesario y sumando las semanas hasta el momento de su pensión.
Por ello llevan a cabo una serie de inversiones tanto locales como en el exterior. Se estima que un tercio de los recursos administrados suelen estar invertidos en deuda pública. Sin embargo, según los últimos datos de la Superintendencia Financiera, el 48 por ciento de los activos se invierten en el exterior, en su mayoría, a través de renta variable, es decir, en acciones de compañías internacionales. En total, están por fuera unos 250 billones de pesos.
“Los fondos de pensiones han construido de manera diligente un portafolio ampliamente diversificado, bajo las mejores prácticas internacionales y en cumplimiento de nuestro principal deber hacia nuestros afiliados: incrementar su ahorro. Y es justamente esa diversificación la que nos ha permitido cumplirles. No olvidemos que los trabajadores son los dueños del ahorro que administramos”, aseguró Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos Foto:Fasecolda
De ese total, el Gobierno pretende que se traiga a Colombia la suma de 125 billones de pesos. Hace unos días, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que desde la cartera que lidera ya trabajan para materializarlo. Además, dijo que estos recursos, que son de los trabajadores, servirían para financiar buena parte de los proyectos de infraestructura que tiene el país.
“Perfectamente estos recursos que están invertidos en el extranjero pueden ser traídos para garantizar la financiación de estos proyectos y no tener que acudir a otro tipo de recursos”, explicó.
En total, según el último reporte del gremio de los fondos Asofondos, los trabajadores cerraron septiembre con 525 billones de pesos, lo que representa 53 billones de pesos más en rendimientos en lo corrido del año.
En el caso de los afiliados más jóvenes, cuyos perfiles de inversión incluyen una mayor exposición a activos de renta variable, su ahorro registró las mejores rentabilidades, mientras que los portafolios de las personas cercanas a la edad de pensión o que ya están pensionadas –cuyas inversiones mayoritariamente están en renta fija– mostraron un desempeño más estable, muy acorde con el perfil de estos dos segmentos.
Pensiones docentes. Foto:iStock
Los riesgos
Para algunos expertos, traer de golpe todos los ahorros de los trabajadores que están en el exterior podría llegar incluso a afectar las mesadas de los futuros pensionados. El experto Kevin Hartmann explica que los activos en los que están metidos los ahorros de las personas usualmente no son líquidos, es decir, no están completamente disponibles para el traslado inmediato, por lo que si deciden traerlos de una vez, forzaría a que se negocien por debajo del valor real.
“Por la urgencia de traer esa plata se van a tener que liquidar en un valor inferior, lo cual implicaría un impacto directo en las cuentas individuales de los ahorradores. Por ello, el ahorro de las personas podría disminuir y, a futuro, cuando vayan a utilizar esos activos para financiar su pensión, podría ser más bajita o incluso no alcanzar los requisitos para poderse pensionar”, explicó al indicar que ello se solucionaría si el plazo para traer las inversiones fuera mayor.
Adicional a ello, los diferentes expertos coinciden en que diversificar las inversiones es una práctica esencial para proteger el ahorro de los trabajadores. “Las abuelas dicen eso de que no hay que poner los huevos en la misma canasta, pero al obligar que 125 billones de pesos se inviertan forzosamente en el mercado local, se concentraría el riesgo en un solo mercado”, asegura Andres Felipe Izquierdo, general manager de Integral Soluciones Pensionales ISP.
En ese sentido, Asofondos considera que traer el capital de afuera hacia el país derivaría en un portafolio que no es ideal para el ahorro de los trabajadores pues el mercado local presenta “limitaciones estructurales” de profundidad y liquidez, lo que impediría absorber flujos significativos de capital sin afectar los precios. A su vez, el gremio dice que una medida de este tipo incrementaría el pasivo pensional del Gobierno porque tendría menos recursos (por la baja en los rendimientos) para pagar las pensiones de los colombianos.
Ante ello, Hartmann opina que las personas tienen la posibilidad de acceder a mercados distintos al colombiano con activos diferentes y que si se trae aquí el valor de los ahorros estaría únicamente determinado por la suerte del mercado local.
Para Izquierdo, tener una mayor exposición (forzosa) en un mercado potencialmente más concentrado y de menor rentabilidad (en comparación con los mercados internacionales) impacta el saldo acumulado en las cuentas de ahorro individual de los pensionados del retiro programado.
De igual manera, señala que podría haber riesgos macroeconómicos. De un lado, dice que la llegada repentina y en un corto plazo de 125 billones de pesos (de los cuales un porcentaje importante podría llegar vía TES al Gobierno Nacional) implica un mayor flujo de dinero en el mercado, lo cual podría forzar los precios de los bienes y servicios nacionales a una tendencia al alza y llevar al Banco de la República a elevar las tasas de interés.
“Tanto el crédito ordinario como el endeudamiento de la Nación sufrirían el alza de tasas; de manera tal que a largo plazo, la colocación de la deuda del Gobierno sería de mayor costo y habría menos recursos para inversión social”, explicó.
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