Economia
La jugada política y el jaque a la economía por el alza del 23 % en el mínimo
El mayor aumento del salario mínimo desde 1997 –el 23 % decretado por el presidente Gustavo Petro, que está incluso 8 puntos por encima de lo que pedían las centrales obreras– aparece justo a dos meses largos de las elecciones para el Congreso y a cinco de la primera vuelta presidencial, con un gobierno cada vez más jugado por hacer campaña en favor de sus candidatos y en momentos en los que la economía colombiana–según todos los indicadores– está lejos de poder sustentar un incremento que muchos califican de desproporcionado y de populista.
De un lado, está la promesa del Gobierno de una economía dinamizada por más compras de trabajadores porque tendrán más dinero en el bolsillo. Del otro, la incertidumbre – especialmente para los negocios pequeños y de economía popular– por una producción más costosa y menor productividad, y, si las cuentas no cuadran, por recortes de puestos de trabajo. Y para evitar los recortes, la presión para subir precios, por ejemplo, en locales de almuerzo corriente. Además, impactos en tarifas que le pegan directo al bolsillo de todos, como en salud o transporte.
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Así es como luce hoy el rompecabezas tras decretarse un incremento de casi 23 por ciento del salario mínimo, más de cuatro veces lo que están subiendo los precios de la canasta familiar, que es lo que, en últimas, esos negocios cobran por sus bienes y servicios, especialmente los pequeños, para sobrevivir.
Además de esos efectos esperados para los negocios, también se prevén impactos que van desde el nivel más elemental de la sociedad, en hogares y familias, al más complejo, el del Estado, con unas finanzas ya en franco deterioro.
En momentos en los que acudió a una polémica declaración de emergencia económica alegando precisamente la crisis de las finanzas públicas, el presidente Petro decreta un alza salarial que ampliará el hueco en las finanzas públicas en al menos 7 billones de pesos. Eso será, según cálculos discretos, lo que valdrán los aumentos de los salarios públicos y las mesadas pensionales a cargo de la Nación el próximo año.
Pero, además, el impacto más advertido por un incremento que desborda la capacidad real de la economía, la inflación, termina potenciado por la decisión de un gobierno que, precisamente, ha venido fustigando al Banco de la República porque se niega a bajar las tasas de interés, precisamente para controlar la inflación. Ese indicador, en el que Colombia presenta números malos frente a la región, cerró el 2025 en 5,3 por ciento.
salario minimo Foto:salario minimo
El impacto del aumento del mínimo está por cuantificarse y, en todo caso, el Gobierno parece apostarle a que no empiece a verse antes de las fechas electorales clave. Pero esa es una posibilidad que no controla y, por eso, economistas como Jorge Restrepo anticipan que la ‘jugadita’ de decretar un incremento desbordado puede terminar siendo “un tiro en el pie” para el Ejecutivo. Y, gane quien gane las presidenciales, será una papa caliente para quien suceda a Petro el próximo 7 de agosto, pues la olla de las finanzas públicas no solo queda raspada, sino eventualmente desfondada.
Jorge Iván González, el primer director de Planeación Nacional del gobierno Petro, aseguró que el carácter técnico de las discusiones sobre el aumento del salario mínimo era sostenible “hasta un 12 o 13 por ciento, pero no hay discusión de un 23 %”: “Esto es absolutamente exagerado, no tiene sentido y trae consecuencias muy negativas para la economía”, le dijo González a La W. Incluso, no dudó en calificarlo como “una medida populista”.
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Mesa de negociación y concertación para el incremento del salario mínimo 2026. Foto:Mintrabajo
La realidad de los números de la economía
Sobre el prometido aumento de la demanda, de las compras, como consecuencia de la magnitud del incremento salarial, que supuestamente movería la economía, Manuel Felipe García, director de Gestión Patrimonial de Skandia, ve ese efecto como temporal, puntual, en la medida en que llegan las alzas de precios que terminan borrando el mayor poder adquisitivo.
Adicionalmente, ese resultado directo en la capacidad de compra solo es para 9 de cada cien trabajadores, pues quienes reciben el salario mínimo son, según las cifras oficiales del Gobierno, 2,4 millones de personas, 9 por ciento de un total de 26,5 millones de trabajadores en la fuerza laboral. En otras palabras, hay casi tantos desempleados (2,2 millones en octubre) como trabajadores de salario mínimo.
Ese número de personas que reciben el mínimo se viene deteriorando si se compara con lo que ocurría en el 2022. Para ese año, las personas que lo devengaban eran 3,4 millones, en tanto que quienes por entonces estaban por debajo del mínimo eran 9,4 millones.
Por lo tanto, el incremento de las compras, en principio, se concentra directamente solo en el nueve por ciento de las personas trabajadoras, con un aporte menos que proporcional al consumo total. De acuerdo con Camilo Herrera, fundador de la firma Raddar, especializada en consumo, el mayor aporte al gasto –que podría estimular el consumo y, por ende, la producción– viene de los hogares de ingresos más altos, cuyas compras no se impactan por el aumento del mínimo.
La población de ingresos altos, donde no habrá aumento de los ingresos por cuenta del decreto, es entre el 3 y 4 por ciento de la población, pero representa el 25 por ciento del gasto.
Quienes reciben menos del mínimo, que tampoco se benefician con mayor ingreso para consumir, son el 55 por ciento de los hogares y aportan el 35 por ciento del gasto total de los hogares, dice Herrera.
¿Y el resto de la gente? Quienes ganan menos del mínimo (tristemente por cada empleado con el mínimo hay otras 4 personas trabajando por menos, casi la mitad de los ocupados) posiblemente deban asumir el encarecimiento empujado por el alza del mínimo en bienes cuya producción es intensiva en mano de obra. Y quienes ganan más, las cosas no pintan mejor: en caso de ser asalariados, algunos serán alcanzados por el sueldo básico y otros tendrían ajustes en el 2026 por debajo de lo que se esperaba o incluso el riesgo de que no haya ajustes para cumplir con el incremento de quienes están en el sueldo mínimo.
Los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas y de Trabajo, Antonio Sanguino sobre el Salario Vital Foto:EL TIEMPO
Sin datos técnicos
La decisión del presidente Petro y su gobierno no se rigió a los criterios técnicos que están definidos por ley –que incluyen inflación y productividad, entre otros factores– y por eso desde ya se anuncian demandas contra el decreto.
El argumento para el incremento decretado para el 2026 es que la remuneración básica debe cubrir un mínimo vital. En otras palabras, que cubra las compras necesarias para una canasta suficiente. Ese valor se calcula desde hace años por el Gobierno, a través de su Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane). La línea de pobreza (la cantidad de dinero necesaria para comprar una canasta que garantiza a una sola persona no solo los nutrientes básicos, sino toda una canasta de bienes y servicios esenciales) fue calculada por el Dane en 460.198 pesos a precios de 2024. Con una inflación de 5,3 por ciento, para este año sería de 484.588.
El mismo Dane establece que los hogares en Colombia tienen, en promedio, tres personas. Luego, para un hogar promedio en 2025 se necesitan ingresos de 1’453.764 pesos. Si solo trabaja una de las tres personas, el salario mínimo vigente en el 2025, de 1’423.500, ya estaba en 98 por ciento del ingreso necesario para estar sobre la línea de pobreza. Y la suma del sueldo básico más el subsidio de transporte estaba 11,7 por ciento arriba de la línea de pobreza para un hogar de tres personas.
Para el 2026, un incremento de 5 o 6 por ciento habría sido suficiente para cumplir con la idea del decreto de garantizar un mínimo vital, dice Herrera, de Raddar.
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Nerviosismo en negocios
Para los negocios, el decreto trajo un nivel de incertidumbre significativo. Muchas empresas, y esto es más visible en negocios muy pequeños, son intensivas en trabajo, en mano de obra. Es decir, dependen más de personas que hacen tareas específicas y menos de máquinas y de tecnología.
El encarecimiento del costo de producir cada unidad que se ofrece (un pan, un almuerzo, un corte de cabello) va a ser peor para este tipo de establecimientos.
Por sectores, en la discusión de los últimos días se ha advertido que habrá mayores impactos en comidas fuera del hogar, vigilancia, comercio, servicios públicos, logística, agro, construcción o aseo.
Si bien se habla de un salario de 1,75 millones de pesos que, al agregar el auxilio de transporte, llega a 2 millones, hay otro millón de pesos invisible por el que deberán responder los empleadores.
El costo por persona con salario mínimo es de 2’975.614 pesos mensuales, según el cálculo que hacen en la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), el gremio de los restaurantes, uno de los que se declara entre los más afectados.
Así, el costo adicional es de 44,8 por ciento al tener en cuenta aportes a salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación, cesantías, intereses de cesantías, primas de servicios y vacaciones.
panadería de barrio Foto:MAURICIO MORENO
Para Liliana Montaño, presidenta de Acodrés Bogotá, “es indispensable que el país comprenda que el empleo formal no se mide únicamente por el salario”. Agrega que las obligaciones adicionales impactan directamente “la sostenibilidad, la formalización y la generación de empleo”. Además, el gremio apunta que el debate laboral debe darse “con una visión técnica, basada en cifras reales y con diálogo permanente entre el Estado, los trabajadores y los empresarios”.
Así las cosas, si se dispara el costo de producir cada unidad de los bienes o servicios de las empresas, se caen la productividad, la competitividad y la rentabilidad del negocio.
En el caso de la competitividad, hay costos más altos para la producción nacional, lo que influye en la capacidad de competir localmente con productos importados que no tendrán esa presión y en la capacidad de competir con exportaciones al exterior.
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Igualmente, se reduce la productividad del trabajo cuando de un mayor valor del trabajo invertido se obtiene una misma producción, y baja la rentabilidad al recibir el mismo ingreso frente a costos mayores. Para mantener la rentabilidad y la productividad, los negocios pueden estar contemplando qué alzas de precios pueden hacer para vender, y por eso se viene advirtiendo sobre los riesgos para la inflación.
“Las expectativas de precios van a subir”, dice José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA. “Es imposible que no suba la inflación, que los empresarios no terminen extendiendo ese aumento del salario a los precios. ¿Quién termina perdiendo con más inflación? Los más pobres, los que viven en la informalidad”.
Barranquilla lidera la reducción de informalidad laboral en Colombia. Foto:Archivo El Tiempo.
Empleos e informalidad
Además de acomodarse a las nuevas condiciones por el lado de los precios, también queda la opción de adaptarse por el lado del empleo, parando las contrataciones previstas, disminuyendo los incrementos de sueldos que se habían proyectado para las personas que estaban por encima del salario mínimo o, en el caso extremo, disminuyendo personal.
Si el salario mínimo y los costos no salariales que se derivan y debe asumir el negocio están por encima de la productividad de los trabajadores menos calificados, estos no son enganchados formalmente. A ello apunta un estudio de investigadores del Banco de la República coordinado por Luis E. Arango.
Así mismo, se puede temer un aumento del trabajo informal. Personas que trabajan por cuenta propia tendrían menor oportunidad de acceder a un empleo formal con una empresa. Sin embargo, esa informalidad no es solamente de gente que trabaja por su cuenta en el rebusque. Se da igualmente en empleados asalariados con patronos y trabajadores que terminan acordando arreglos por fuera de la ley. Sorprendentemente, entre los asalariados, el 32,3 por ciento ganaba menos de un salario mínimo en octubre de 2025; es decir, sus empleadores evaden el pago que manda la ley, advierte Juan Carlos Guataquí, exsubdirector del Dane e investigador en temas laborales.
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Con el aumento del 22,7 por ciento, este fenómeno podría crecer. De hecho, entre el 2024 y el 2025, el número de personas ganando el salario mínimo ya bajaba de 3,71 a 2,4 millones, según las cifras que el propio Gobierno dio a conocer en las mesas de negociación del salario mínimo el pasado mes de diciembre. Entre tanto, quienes reciben ingresos por debajo del mínimo aumentaron de 11,38 a 10,15 millones de personas.
La reducción de 1,3 millones de personas menos recibiendo el mínimo fue muy similar al aumento de 1,2 millones de personas más recibiendo por debajo de ese salario.
No se puede acordar un salario integral por debajo de los 13 salarios mínimos establecidos. Foto:Imagen generada con IA (El Tiempo)
De acuerdo con los investigadores del Banco de la República, los impactos del salario mínimo sobre el mercado laboral son más en informalidad que en menor empleo. En suma, sí existe el efecto en el desempleo del incremento del mínimo, lejos de la productividad, pero ha disminuido con el paso de los años y ha ganado peso el ajuste recurriendo a la informalidad.
Quizás sea un reflejo de que, en la medida en que el encarecimiento de los contratos formales cierra puertas, la necesidad lleva a las personas al rebusque. Esa dinámica puede incluso, y curiosamente, disminuir el desempleo, como se vio con la desocupación históricamente baja del 2025: entre enero y noviembre, en promedio, de cada diez empleos nuevos creados en la economía, 6 fueron por cuenta propia, que en su mayoría son informales y en condiciones precarias.
Pero también hay informalidad, que además puede crecer cuando ciertos establecimientos mantienen empleados asalariados pero aumentan el número de quienes no están bajo las condiciones establecidas por las normas.
Otro ajuste que se ha venido mencionando en las empresas, desde la reforma laboral, pero del que se habla de nuevo con el mínimo, es el recurso a soluciones tecnológicas que pueden sustituir tareas hechas por personas a menores costos, como por ejemplo en el control del acceso de visitantes a conjuntos residenciales.
Los empleados domésticos serían afectados. Foto:iStock
Temor por carestía
Si las empresas deciden ajustarse a las nuevas condiciones salariales subiendo precios, posiblemente no es un camino tan fácil para todas. De acuerdo con García, de Skandia, “los negocios no pueden pasar todo el ajuste de precios al consumidor final, pues eso les impacta mucho en las ventas. Así, buscarán estrategias para ser eficientes en costos y gastos (cuando se pueda).”
García apunta que sí puede haber alzas de precios con más rapidez en los precios de los bienes y servicios ‘no transables’, “es decir, aquellos que son netamente locales y no se pueden importar; por ejemplo, el precio de las peluquerías (sea corte de cabello, manicura, etc.). Los servicios también deben subir mucho más. Los intensivos en mano de obra deberían ajustarse en pleno; ejemplo, el transporte (precios de pasaje de transporte de pasajeros, entre otros).”
García estima que, con el alza del mínimo para 2026, los incrementos de precios podrían ser, en el total de bienes y servicios, de más del 5,2 por ciento que se calcula que subieron en el 2025, aunque con diferentes efectos por categorías.
Un caso particularmente sensible es el de la vivienda. Guillermo Herrera, presidente de Camacol, dice que el ajuste del mínimo en 22,7 por ciento se puede traducir en un impacto agregado en el precio de la vivienda para estrenar podría ser cercano al 10 por ciento, como consecuencia de que los salarios pesan el 25 por ciento de los costos directos.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) considera que en los sistemas de transporte público urbano se viene un alza de 200 pesos adicionales al ajuste de 11 por ciento que se venía proyectando para este año nuevo, “profundizando la presión financiera que enfrentan los sistemas de transporte de las ciudades capitales”.
De otra parte, está el impacto en el mismo Estado. Con un hueco y una deuda que se amplían, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) señaló que el decreto del mínimo significará 5,3 billones de pesos de mayor déficit fiscal.
“Esta decisión genera un impacto sustancial en las finanzas públicas, en un contexto en el que la situación fiscal es crítica y el Gobierno ha declarado una emergencia económica”, dice el organismo.
Vivienda Foto:Archivo EL TIEMPO
Ese efecto llega por dos caminos principales: por un lado, impacta el pago de las pensiones de los jubilados que están en el régimen de prima media, principalmente Colpensiones. También subirá el valor de las pensiones correspondientes a rentas vitalicias de alrededor de un salario mínimo, y el Gobierno tiene que responder por los faltantes que deja el aumento del mínimo más allá de la inflación.
Por otro lado, el Gobierno y las entidades estatales en general deberán responder por el incremento salarial del 22,7 por ciento a los funcionarios públicos que devengan ese nivel de ingresos. Según el Carf, los ingresos correspondientes al recaudo de impuestos se verán afectados por los costos salariales, como consecuencia de menores utilidades de quienes declaran renta.
El mismo gobierno tendrá que incurrir en mayores costos de servicios, como vigilancia o aseo, encarecidos por el alza del mínimo.
El espejo del chavismo
Más allá del debate técnico, con el aumento del salario mínimo al tope más alto del siglo, el presidente Gustavo Petro cerró, en las vísperas de un año electoral, un paquete de medidas polémicas orientadas a capitalizar apoyo político de cara a las elecciones y que incluyen iniciativas que en el pasado había jurado “en piedra” no impulsar, y que han revivido los fantasmas del modelo chavista que siempre han rondado al actual mandatario.
El ‘decretazo’ del estado de emergencia económica en medio de la vacancia judicial; la puesta en marcha de un comité para recoger firmas con miras a una asamblea constituyente; y la reciente decisión de suprimir la prima de servicios de cerca de 15 millones que reciben los congresistas fueron las decisiones tomadas en un lapso de cinco días que apuntan a una estrategia populista tejida con hilo de campaña.
“Es evidente la estrategia electoral del Gobierno Nacional con el aumento del salario mínimo en las proporciones que sucedieron y sin activar los mecanismos de conservación previstos en la normatividad en Colombia. La lucha de clases ha sido un elemento distintivo en la narrativa de este Gobierno y el enfrentamiento con el empresariado lo ha sido también. El aumento del salario mínimo vendrá con un ya anunciado mecanismo de control de precios, que nos acerca ahora sí al socialismo del siglo XXI iniciado en la región por Chávez”, anticipó Gonzalo Araujo, experto de la firma consultora Orza.
En 2011, el expresidente Hugo Chávez anunció un significativo aumento del 30 por ciento al salario mínimo venezolano, una medida que, si bien fue festejada por sus bases, disparó las dinámicas de hiperinflación en Venezuela. “Esta es la venezolanización de nuestra economía. El Gobierno ha dado ya un paso muy claro. Si se hubiera tomado en el primer o segundo año de gobierno, el país de alguna manera habría podido entenderla, pero se hace ahora, a las puertas de una campaña electoral, con un aumento del salario mínimo del 23,7 por ciento y con medidas que son claramente confiscatorias”, le dijo a EL TIEMPO el abogado y analista Ramiro Bejarano.
El 8 de marzo, en las votaciones para Congreso y consultas interpartidistas, se empezará a saber realmente qué tantos anticuerpos tiene la democracia y, en general, toda la institucionalidad del país, contra el virus del populismo que hoy pone en observación a la economía nacional.
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