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El inicio de 2026 trae consigo un ajuste estructural en el sistema pensional de Colombia que ha encendido las alarmas en los sectores financieros y de seguros.
A través del Decreto 1485, el Gobierno Nacional modificó el mecanismo técnico conocido como deslizamiento del salario mínimo, una medida que, según expertos del sector, traslada a los trabajadores gran parte del costo de los incrementos salariales que antes asumía el Estado.
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Este ajuste regula la forma en que se compensa a las aseguradoras cuando el salario mínimo sube por encima de lo previsto.
Hasta ahora, el Estado cubría una parte discrecional de ese aumento para garantizar que las pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia —aquellas en las que el ahorro se entrega a una aseguradora a cambio de una mesada de por vida— fueran sostenibles. Con la nueva norma, ese respaldo estatal desaparece, dejando la carga financiera en manos del ahorro individual del afiliado.
El impacto en pensiones y el tiempo de trabajo
Las proyecciones de los gremios Asofondos y Fasecolda sugieren un panorama complejo para quienes aún no se han jubilado.
Al eliminarse la compensación estatal, el capital necesario para obtener una pensión mínima aumenta considerablemente, lo que obligaría a las personas a permanecer más tiempo en el mercado laboral o a incrementar sus aportes mensuales.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, detalló las implicaciones económicas de este cambio. “Si antes se requerían cerca de $350 millones para obtenerla, ahora sería necesario ahorrar alrededor de $200 millones adicionales”, explicó el directivo en declaraciones recogidas por Colprensa.
Según su análisis, este requerimiento de capital extra podría forzar a muchos trabajadores a laborar entre 15 y 20 años adicionales para alcanzar la meta.
El decreto puede afectar la pensión de los colombianos. Foto:iStock.
Menos cobertura y mesadas más reducidas
La preocupación de los expertos no se limita solo al tiempo de trabajo, sino también a la calidad de la pensión que se recibirá. La nueva fórmula podría generar una exclusión significativa de ciudadanos que no logren reunir el capital exigido, además de reducir el monto de las mesadas para quienes sí lo consigan.
Entre los efectos advertidos por las aseguradoras y los fondos de pensiones destacan:
- Una disminución de hasta el 30% en el valor de la mesada pensional para el mismo nivel de ahorro.
- Un incremento del 30% en los aportes necesarios para acceder a una renta vitalicia.
- Mayor dificultad para asegurar ingresos de por vida, limitando la cobertura del sistema.
- Un aumento en el riesgo de los seguros de invalidez y sobrevivencia.
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Para ilustrar este impacto, los gremios presentaron un comparativo: una persona con un ahorro de 446 millones de pesos hoy podría aspirar a una pensión superior a 1.800.000 pesos. Con el nuevo decreto, ese mismo capital solo alcanzaría para cubrir una mesada equivalente a un salario mínimo.
Un frente jurídico contra la medida
La respuesta de los sectores afectados no se ha hecho esperar. Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, anunció que el gremio demandará la norma al considerar que vulnera la estabilidad del sistema y los derechos de los trabajadores.
“Con esta medida será más difícil acceder a una pensión mínima vitalicia y, en consecuencia, menos trabajadores podrán asegurar un ingreso de por vida”, advirtió Morales ante los medios de comunicación.
Desde Asofondos han confirmado que respaldarán las acciones judiciales, cuestionando que se priorice un ahorro fiscal de corto plazo por encima de la protección social. Es importante aclarar que estas modificaciones no afectan a quienes ya gozan de su jubilación, sino que recaen exclusivamente sobre los cotizantes activos que proyectan su retiro bajo las nuevas reglas de juego.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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