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El costo de la seguridad privada en Colombia ha iniciado el año con una tendencia al alza que impactará de manera directa el presupuesto de copropiedades, empresas y entidades públicas.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada formalizó las tarifas mínimas obligatorias para 2026 a través de una circular emitida el pasado 30 de diciembre, estableciendo un nuevo piso financiero para la contratación de estos servicios.
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Este ajuste no solo responde a las resoluciones de la entidad reguladora, sino que se ve impulsado por la combinación del nuevo salario mínimo y la aplicación de la reforma laboral.
Dado que este sector depende en gran medida del factor humano, cualquier modificación en la carga prestacional se traslada casi de forma automática a la factura que pagan los usuarios finales.
El impacto real en las cifras mensuales
Para dimensionar el incremento, es necesario observar la evolución del costo de un puesto de vigilancia de 24 horas. Antes de las festividades decembrinas, este servicio tenía un valor aproximado de 14,9 millones de pesos.
Sin embargo, con el ajuste del salario mínimo a 2 millones de pesos (incluyendo el auxilio de transporte) y los nuevos recargos legales, la cifra se ha transformado drásticamente.
Seguridad privada. Foto:Getty Images
El esquema de costos para un puesto de vigilancia 24/7 se proyecta de la siguiente manera durante el año:
- En enero, el costo mensual por puesto se sitúa en unos 18,8 millones de pesos.
- A partir de julio, debido al pago de dominicales y festivos al 100%, el valor sube a 18,9 millones de pesos.
- Con la implementación total de la jornada laboral de 42 horas semanales, el precio alcanza los 19,6 millones de pesos.
- El incremento total acumulado en el primer semestre supera el 30%, lo que representa unos 4,7 millones de pesos adicionales al mes por cada puesto permanente.
Los vigilantes de los conjuntos se verían afectados por la medida. Foto:iStock.
Un sector atado al costo de la nómina
La sensibilidad de las tarifas frente a los cambios legales tiene una explicación técnica. Según Fedeseguridad, entre el 80% y el 90% de los gastos de operación de las empresas de vigilancia corresponden exclusivamente al pago de nómina. Esto deja un margen de maniobra muy estrecho para las compañías del sector.
Al respecto, el gremio señala que las utilidades de estas empresas suelen oscilar entre el 2% y el 3%. Esta estructura financiera impide que las cooperativas o agencias de seguridad absorban los aumentos derivados de la reforma laboral o del salario mínimo, obligándolas a ajustar sus precios para mantener la viabilidad del servicio.
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El riesgo de la informalidad y la automatización
La preocupación entre los líderes gremiales de Confevip y Fedeseguridad se centra en las posibles respuestas de los consumidores ante los nuevos precios.
Existe el temor de que el encarecimiento sostenido provoque un desplazamiento hacia servicios que no cumplen con los estándares legales o que se encuentran en la informalidad.
Para mitigar el impacto económico, se prevén diversas reacciones en el mercado:
- Reducción del número de vigilantes contratados en conjuntos residenciales y pequeños comercios.
- Mayor adopción de herramientas tecnológicas automatizadas para reemplazar puestos físicos y reducir la nómina.
- Búsqueda de servicios con estándares más bajos que no garantizan el cumplimiento de las obligaciones laborales.
- Incremento en la cuota de administración de edificios y complejos industriales para cubrir el excedente.
Las autoridades y los gremios coinciden en que, aunque la tecnología es un aliado para optimizar costos, la seguridad formal sigue siendo un pilar fundamental que requiere cumplir con los salarios y prestaciones vigentes para garantizar la protección efectiva de la ciudadanía.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
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