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A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro le solicitó a la Superintendencia de Vigilancia que investigue a las constructoras del país que suban el precio de la vivienda con el aumento del 23 por ciento del salario mínimo.
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Subsidio de vivienda en el 2026. Foto:iStock
“Esta es una estafa delictiva y solicito realizar las investigaciones y sanciones respectivas. Solicito al Ministerio de Vivienda abstenerse de girar recursos de subsidio a las constructoras que estén en este momento estafando a sus clientes”, aseguró a través de su cuenta de X.
Sin embargo, el gremio de las constructoras Camacol explicó que los topes de los precios de la vivienda de interés social (VIS) están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el propio Gobierno de Gustavo Petro y se encuentran indexados al salario mínimo.
“Estos topes son límites máximos, no aumentos automáticos. Desde el gremio constructor no se han definido incrementos de precios”, argumentó el gremio liderado por Guillermo Herrera.
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Gustavo Petro, presidente. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
¿Qué dice la ley?
En el Plan Nacional de Desarrollo lo que se establece es que la vivienda de interés social es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible y su valor no excede de 135 salarios mínimos, lo que equivale a 235,8 millones de pesos para este 2026.
En el caso de las ciudades que tienen más de un millón de habitantes, tales como Bogotá, Medellín o Cali, entre otras, el Plan indica que el valor máximo es de 150 salarios mínimos, es decir, de 262 millones de pesos.
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Igualmente, cuando se trata de viviendas de interés prioritario (VIP), la ley establece que el valor tope será de 90 salarios mínimos, lo que equivale a 157 millones de pesos para este 2026.
Vivienda VIS. Foto:iStock
Los diferentes expertos indican que el Presidente no puede prohibirles a las constructoras incrementar el precio de las viviendas, ya que se encuentran indexadas al mínimo, y lo que se debería hacer es cambiar la fórmula establecida en la ley.
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“Su propuesta es ilegal mientras no cambie la ley”, sentenció el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.
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