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Pablo Flórez Narváez, dirigente deportivo y reconocido líder comunitario, no alcanzó a celebrar el Año Nuevo junto a sus seres queridos. Dos días después de Navidad fue asesinado en el municipio de Arboletes, en el Urabá antioqueño.una de las subregiones más afectadas por la violencia en Antioquia, que a su vez es uno de los departamentos con más casos de líderes sociales asesinados.
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El cuerpo de Flórez Narváez fue hallado en la mañana de ese jueves al interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Agustín, por sus propios familiares, quienes se enfrentaron a una escena de extrema violencia. De acuerdo con información preliminar, la víctima presentó más de 20 heridas causadas con arma cortopunzante, un nivel de servicio que ha generado profunda conmoción entre la comunidad y las autoridades locales.
Pablo Flórez Narváez, líder social asesinado en el Urabá Antioqueño. Foto:redes sociales
La Policía de Antioquia y la Fiscalía General de la Nación asumieron la investigación del crimen, sin que hasta ahora se hayan producido capturas ni se haya establecido un móvil claro. Mientras avanzan las indagaciones, Arboletes a pesar de un líder que dejó huella en el deporte y cuya muerte se convirtió en el último caso registrado de una larga lista de homicidios que dejó el año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
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En 2025, al menos 187 líderes y líderes sociales fueron asesinados en distintas regiones del país, según el balance consolidado de casos registrados mes a mes. Las cifras evidencian una violencia persistente, territorialmente concentrada y dirigida, sobre todo, contra quienes sostienen procesos comunitarios, comunales e indígenas.
Disidentes del frente ‘Dagoberto Ramos’, del ‘Estado Mayor Central’, en un retén ilegal en el Cauca. Foto:Joaquín Sarmiento. AFP
El Cauca volvió a ubicarse como el departamento más letal, con 48 asesinatos, lo que representa más de una cuarta parte del total nacional. Le siguió Antioquia, con 31 casos, y el Valle del Cauca, con 20. En estos territorios, históricamente disputados por estructuras armadas ilegales, economías ilícitas y redes criminales, el control social sigue siendo un factor central de la violencia. Norte de Santander, con 15 casos, y Bolívar, con 11, completan el grupo de departamentos con mayores niveles de victimización.
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A nivel municipal, el fenómeno adquiere rasgos aún más alarmantes. Tibú, en Norte de Santander —azotado por la escalada de violencia que ha tenido en jaque a la subregión del Catatumbo a raíz de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln—, y Calamar, en Guaviare, encabezaron la lista con ocho asesinatos cada uno. En ambos municipios, los crímenes se concentraron en períodos cortos, lo que sugiere acciones sistemáticas contra liderazgos locales.
Habitantes y familiares de las víctimas de la masacre en la zona rural de Calamar protestaron. Foto:Mauricio Moreno
El caso de Calamar se estremeció al país luego de que, en agosto, ocho habitantes de la zona rural fueron hallados sin vida en una fosa común, casi tres meses después de haber desaparecido. Varios de ellos eran líderes religiosos y, según las investigaciones, fueron asesinados por disidencias armadas por provenir de Arauca y ser señalados, sin fundamento, de pertenecer al Eln.
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Cali, con seis casos, aparece como la principal ciudad afectada, mientras que varios municipios del Cauca —como Toribío, Páez y Santander de Quilichao— se repiten en el ranking, confirmando la presión armada sobre autoridades comunitarias del suroccidente colombiano.
Los líderes comunales fueron los más afectados, con 52 asesinatos, seguidos por los líderes comunitarios (44) y los líderes indígenas (39). En conjunto, estos tres grupos concentran más del 70% de los casos. Se trata, en su mayoría, de personas que ejercían vocerías locales, presidían juntas de acción comunal, defendían el territorio o lideraban procesos de sustitución, organización social y defensa de derechos colectivos.
También se registraron asesinatos de líderes campesinos (18), políticos (17) y sindicales (13), lo que confirma que la violencia no discrimina entre lo social y lo institucional.
Los líderes indígenas también tienen una vulnerabilidad especial. Foto:Juan Barreto. AFP
Marzo y julio fueron los meses más críticos, con 21 asesinatos cada uno, pero enero, febrero, abril y mayo se mantuvieron por encima de los 18 casos. Incluso en el último trimestre del año, cuando históricamente tiende a disminuir la violencia, se registraron 33 homicidios entre octubre y diciembre. El patrón es claro: no hubo meses sin asesinatos ni tregua territorial visible.
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El balance de 2025 deja una conclusión inquietante. La violencia contra líderes sociales ya no es un fenómeno episódico ni marginal, sino un mecanismo estructural de control territorial que persiste pese a alertas tempranas, promesas oficiales y cambios de política. Mientras los territorios sigan siendo disputados a sangre y fuego, ejercer liderazgo social en amplias zonas del país seguirá siendo una actividad de alto riesgo, con consecuencias mortales.
Stefanía León Arroyave
NACIÓN
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