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Un nuevo acto violento ha conmocionado el sur del país, avivando la inquietud por la seguridad en regiones que han sido históricamente afectadas por el conflicto armado.
Durante la noche del lunes 5 de enero de 2026, un ataque con armas de largo alcance en contra de una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, resultó en la muerte de dos policías y dejó a otros dos en estado crítico, mientras realizaban labores de vigilancia rural.
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El asalto tuvo lugar cuando los agentes realizaban controles de rutina en la carretera que conduce al corregimiento de El Paujil, área que ha sido catalogada por las autoridades como de alta complejidad en términos de orden público.
De acuerdo con informes oficiales, los policías fueron sorprendidos por disparos de fusil provenientes de puntos estratégicos, en una acción rápida que les impidió reaccionar.
Las víctimas han sido identificadas como el subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes Moreno, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas durante la emboscada.
Según la Policía Nacional, ambos funcionarios estaban en ejercicio de sus funciones constitucionales de protección ciudadana cuando fueron atacados por presuntos miembros de organizaciones armadas ilegales operantes en la región de Caquetá.
El ataque también causó heridas al intendente Jhorjan Fabián Márquez Souza y al subintendente John Ferney Suárez Taborda.
Ambos uniformados recibieron atención inicial en el lugar y luego fueron evacuados en avión a la clínica Medilaser de Florencia, donde permanecen en observación médica especializada. Su estado de salud ha sido reportado como delicado por fuentes oficiales.
Las primeras hipótesis apuntan a la responsabilidad de disidencias de las antiguas Farc que aún tienen presencia armada en el sur del país.
Según información de medios, el ataque habría sido llevado a cabo por integrantes del frente Rodrigo Cadete, perteneciente al Estado Mayor de Bloques, bajo el mando de alias Calarcá.
Las autoridades han señalado que este grupo ha llevado a cabo recientes actos violentos contra la Fuerza Pública en Caquetá, aprovechando economías ilícitas y corredores estratégicos.
Tras conocerse el incidente, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un comunicado condenando firmemente el ataque.
El jefe del Ministerio Público manifestó su rechazo “firme” ante la agresión armada y expressó su solidaridad con los familiares de los policías asesinados.
Desde la Procuraduría General se hizo un llamado a respetar las instituciones y a rechazar toda forma de violencia contra quienes desempeñan funciones de autoridad en el territorio nacional.
Por su parte, el general Eliecer Camacho, alto oficial de la institución, condenó públicamente el acto violento.
En un mensaje compartido en redes sociales, expresó su “profundo rechazo” ante el ataque que resultó en la muerte del subintendente Luis Alfonso Flórez Flérez y del patrullero Rusbel Alfredo Lesmes Moreno.
El oficial también transmitió su apoyo a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas, indicando que atraviesan un “dolor inmenso” tras la pérdida.
Este crimen, que ocurrió en el contexto de operaciones, ha reabierto el debate nacional sobre la seguridad, el control territorial y la protección de la Fuerza Pública en áreas remotas. Diferentes sectores han solicitado medidas contundentes contra los grupos armados que operan en esa región del país.
Entre las críticas, se destacó la de José Félix Lafaurie, dirigente gremial y esposo de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien lanzó una crítica directa al presidente Gustavo Petro.
En una publicación en X, cuestionó el silencio del mandatario ante el ataque y afirmó: “Ojalá se lamentara o por lo menos mencionara y condenara el asesinato”. También recordó que este hecho ocurrió en un área dominada por estructuras disidentes, a las que describió como “hermanos” de las Farc.
Mientras las investigaciones judiciales continúan, el caso reaviva el debate sobre la estrategia gubernamental en relación al orden público y la respuesta del Estado ante situaciones que nuevamente ensombrecen a la institución policial.
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