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Entre 1995 y 2025, Colombia ha pasado por cinco fases institucionales. Cada fase podría caracterizarse por el progreso y la tensión, donde los avances en la democracia, las mejoras en el estado de derecho y la apertura económica fueron frecuentemente desafiados por límites fiscales, crisis políticas y la persistente desigualdad e informalidad.
El período de arraigo (1991-2002)
Un nuevo capítulo de desarrollo institucional llegó a Colombia a principios de la década de 1990. La Constitución de 1991 surgió de una determinación colectiva para eliminar el centralismo y la violencia mediante el establecimiento de un Estado participativo y descentralizado que protegía los derechos de todos. Los derechos sociales y culturales se integraron en el marco legal junto con la ampliación de las libertades cívicas. Además, el gobierno en la década de 1990 inició reformas estructurales de mercado que incluyeron la liberalización del comercio, la modernización del sistema financiero y el establecimiento de un banco central autónomo para gestionar la inflación y crear políticas macroeconómicas responsables y prudentes.
Colombia obtuvo credibilidad en su política económica gracias a estas reformas que establecieron la estabilidad fiscal y monetaria durante tres décadas. Sin embargo, estas reformas produjeron una paradoja dentro del país: El proceso de liberalización económica superó la transformación de la base productiva del país. Como muchos autores, como Juan Carlos Echeverry, han señalado, Colombia abrió las puertas del comercio internacional sin haber construido previamente su base económica. La nación desarrolló la apertura, pero las industrias quedaron indefensas y la infraestructura se quedó atrás. Por otro lado, la Constitución garantizaba una amplia gama de derechos (relacionados con la salud, la educación, la justicia y más) que debían financiarse y crearon cargas fiscales continuas que superaban los recursos financieros del Estado. En la década de 1990, Colombia surgió como una nación con reformas prometedoras, pero sus ambiciones superaron sus capacidades. Esta es la tensión en la que Colombia ha operado durante muchos años.
Seguridad y estabilización (2003-2015)
Alvaro Uribe, en un foro sobre juventud y conflicto armado. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO Foto:Archivo EL TIEMPO
Entre 2003 y 2015, Colombia experimentó una fase de seguridad junto con estabilización. El país logró recuperar la autoridad territorial de las fuerzas insurgentes al tiempo que obtuvo la confianza pública en sus estructuras institucionales. La estrategia gubernamental de “seguridad democrática” se combinó con la disciplina macroeconómica para crear un círculo virtuoso de retorno de inversión, crecimiento económico y avance en el estado de derecho.
Durante este tiempo, el desarrollo institucional avanzó significativamente en respuesta a varias políticas. Se estableció una regla fiscal mientras el banco central mantuvo su independencia y la deuda se mantuvo controlada. Los cambios entre los partidos políticos gobernantes en Colombia continuaron sin violencia, mientras que observadores internacionales reconocieron el progreso democrático del país. Sin embargo, los problemas estructurales permanecieron ocultos. Las mejoras en seguridad trajeron beneficios innegables para Colombia, pero la lucha contra las fuerzas insurgentes llevó a violaciones de derechos humanos que dañaron la legitimidad y la capacidad de gobernar del país. Colombia avanzó en seguridad, pero no logró mejorar la igualdad y fortalecer sus instituciones.
Polarización y la era pospaz (2016-2020)
Firma del acuerdo de paz con las Farc, 2016 Foto:CARLOS ORTEGA
La tercera etapa de la historia moderna de Colombia comenzó con el Acuerdo de Paz de 2016, que puso fin a la lucha con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la fuerza guerrillera más grande del país. El acuerdo de paz pretendía unir a la sociedad, pero en cambio la dividió más profundamente. La oposición al acuerdo en el plebiscito nacional, junto con su aprobación en el Congreso, creó la impresión de que el gobierno había ignorado la opinión pública.
El gobierno no pudo mantener los ambiciosos objetivos del acuerdo de paz porque carecía de una capacidad de implementación sostenible. La implementación de programas de reforma rural y reintegración, así como el apoyo financiero para estos programas, siguieron siendo insuficientes. El progreso en la verdad, la justicia y la reparación también fue desigual. Al mismo tiempo, los mecanismos de no repetición —diseñados para evitar que excombatientes o grupos afiliados cometieran los mismos crímenes y reducir la probabilidad de una renovada violencia— solo se llevaron a cabo parcialmente. Mientras tanto, los conflictos territoriales regionales aumentaron a medida que crecía la producción de coca (debido al desmantelamiento de la fumigación aérea de coca), y aparecieron nuevas organizaciones criminales. La situación de “posconflicto” anticipada fue, en cambio, una reorganización de las amenazas existentes. Para 2020, la gente en Colombia se había agotado y estaba cada vez más decepcionada de que las celebraciones globales de la paz parecieran tan distantes de sus experiencias reales.
Pandemia y malestar social (2020-2022)
El presidente de Colombia, Iván Duque declara la emergencia por la pandemia.. EFE/ Carlos Ortega Foto:Carlos Ortega
La cuarta fase gira principalmente en torno a la pandemia de COVID-19. Aunque Colombia logró evitar grandes contratiempos económicos y sociales a través de su enfoque económico anticíclico proactivo, la pandemia, sin embargo, reveló debilidades estructurales de desigualdad e informalidad, lo que llevó a que múltiples indicadores cayeran antes de recuperarse parcialmente en 2021 y 2022. El impacto de la COVID-19 empujó a más personas al trabajo informal al tiempo que aumentó la pobreza y la desigualdad y redujo el número de empleos disponibles. El resultado fue una disminución de la libertad económica. Las protestas públicas, en parte desencadenadas por el apoyo ilegal y los aumentos de impuestos anunciados a raíz de la pandemia, revelaron profundas desigualdades sociales y percepciones de corrupción y manipulación política. Estos factores combinados dañaron la confianza institucional, obstaculizando la confianza de los inversores y, en consecuencia, la economía.
Incertidumbre y confrontación política (2022-2025)
La quinta fase abarca los acontecimientos desde 2022. El entorno político actual está marcado por una atmósfera de confrontación, que interrumpió los esfuerzos de creación de consenso y creó condiciones que disminuyeron el potencial de inversión y causaron una incertidumbre institucional que destruyó la confianza en todas las instituciones gubernamentales. Desde 2022, Colombia ha enfrentado nuevas dificultades causadas por políticas inadecuadas y debatibles en energía, servicios públicos, educación, pensiones, salud, impuestos y tierras que impulsan la polarización política y crean inestabilidad económica. La disminución del diálogo institucional ha reducido la confianza de los inversores y ha generado incertidumbre sobre el futuro de Colombia, mientras la democracia persiste. El estado actual de conflicto ideológico ha desplazado el enfoque práctico de gestión económica que solía guiar los asuntos económicos del país. Colombia ahora se enfrenta al doble desafío de generar confianza entre el gobierno y los mercados y de conectar a sus ciudadanos con sus instituciones representativas.
La Constitución de 1991 estableció estructuras institucionales que forman uno de los activos más valiosos de Colombia. La Acción de Tutela brindó a los ciudadanos herramientas legales para proteger sus derechos, y la descentralización aumentó la rendición de cuentas, las capacidades y las opciones de los gobiernos locales. La autonomía del banco central permitió una política monetaria y cambiaria ininterrumpida y protegió a la nación de los ciclos populistas que asolaron la mayoría de las regiones del continente.
Pero los sistemas legales no pueden garantizar la libertad por sí solos. La gobernanza sigue siendo débil debido a la corrupción, las regulaciones excesivas y las persistentes informalidades y desigualdades sociales. Más del 55 por ciento de los trabajadores permanecen fuera de la economía formal, y millones de empresas son microempresas con bajos niveles de formalidad, lo que socava la recaudación de impuestos y las protecciones laborales. Colombia necesita proteger sus instituciones democráticas mientras extiende los beneficios institucionales para formalizar a la población excluida.
La situación de seguridad representa el segundo punto vital en la cronología reciente de Colombia. Durante la década de 1990, el Estado colombiano enfrentó tres amenazas concurrentes de carteles de la droga, insurgentes guerrilleros y grupos armados que lucharon por el territorio; utilizaron el secuestro, la extorsión y el narcotráfico para financiar sus operaciones; y exportaron violencia a gran escala a las ciudades. La tasa de homicidios aumentó y muchas personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Los dueños de negocios perdieron sus empresas locales y tuvieron que defenderse porque la autoridad municipal desapareció de vastas secciones del país. Para 2005, Colombia recuperó su control administrativo y normalizó las actividades diarias, lo que permitió a las personas viajar con mayor libertad, redujo los gastos de transporte y amplió los horizontes de los inversores. Las empresas prosperaron bajo la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica, lo que dirigió a los trabajadores hacia nuevas regiones para la actividad económica.
A lo largo de tres décadas de desarrollo social y económico, las mujeres ganaron visibilidad y acceso a oportunidades tanto en el sector público como en el privado. La participación de las mujeres en la fuerza laboral aumentó, al igual que la diversidad de liderazgo y las políticas sociales orientadas al equilibrio de género. El aumento de los ingresos familiares junto con sociedades más estables demostró que el crecimiento inclusivo fortalece tanto la prosperidad económica como la libertad social.
El entorno empresarial en Colombia se desarrolló según sus dinámicas políticas. La previsibilidad institucional y las reglas consistentes produjeron las mejores condiciones de inversión desde mediados de la década de 2010 hasta la de 2020. La confianza en Colombia ha disminuido debido a políticas inconsistentes y una creciente polarización desde 2022. La comunidad empresarial muestra aprensión hacia la tributación debido a su diseño y aplicación inconsistentes.
Las reformas más efectivas del país ocurrieron cuando las autoridades gubernamentales unieron fuerzas con líderes empresariales y expertos académicos para elaborar políticas públicas que integraron iniciativas regulatorias, de infraestructura y laborales para lograr objetivos comunes. La estrategia económica ha perdido cohesión porque el diálogo que solía informarla ha disminuido. Debido a que la libertad y la prosperidad dependen de una base de previsibilidad, la pérdida de previsibilidad se presenta como la amenaza institucional más crítica que enfrenta Colombia a corto plazo.
La democracia de Colombia ha mostrado más estabilidad en comparación con otras naciones de la región, pero el período 2016-18 marcó un cambio fundamental. La nación experimentó un rápido deterioro de los derechos políticos y una disminución de las libertades civiles durante este período. El rechazo del acuerdo de paz en el plebiscito desencadenó la polarización política, que empeoró después de la ratificación del plan por parte del Congreso. Esto resultó en una preocupación pública generalizada sobre la elusión institucional de los procesos políticos. Durante este período, tanto el cultivo de coca como las actividades de minería ilegal se expandieron, mientras que la violencia modificó sus patrones operativos y dinámicas de poder entre diferentes actores. El indicador de derechos políticos muestra un mayor deterioro durante el período de emergencia de 2020, que también fue testigo de levantamientos sociales, pero hubo cierta mejora en 2021-22 una vez que se levantaron las restricciones.
Actualmente, las operaciones legales están restringidas en Colombia debido a dos elementos fundamentales. La mayoría de los mercados laborales y las actividades empresariales operan predominantemente fuera del sector formal. El estado de derecho, medido por el subíndice legal, experimentó un rápido aumento en 2014-15, seguido de una dramática disminución. Los esfuerzos de formalización se expandieron cuando mejoraron las condiciones de seguridad y la actividad económica aumentó, solo para retroceder una vez que el desempeño económico disminuyó y los costos laborales aumentaron. Las investigaciones muestran que una mayor informalidad reduce la capacidad de aplicación, así como la cobertura de la seguridad social y los ingresos fiscales. La corrupción y los escándalos burocráticos de 2010 a 2018 redujeron la confianza pública judicial, y las actividades ilegales en territorios no regulados erosionaron la autoridad del gobierno local.
La calidad de la gobernanza empeoró durante estos procesos, aunque otros sectores mostraron signos de mejora. Si bien existían problemas antes de la pandemia, la COVID-19 los hizo más evidentes. El malestar social se disparó drásticamente en 2019, disminuyó durante los confinamientos por COVID-19 y se intensificó nuevamente en 2021. Los datos revelan que la libertad política disminuyó tanto antes como después de la COVID-19. Sin embargo, las causas subyacentes —el aumento de la desigualdad, la informalidad generalizada y la creciente inseguridad— habían estado erosionando los derechos democráticos mucho antes de que la pandemia provocara pérdidas masivas de empleos y saturara los servicios públicos. La situación política desde 2022 ha sido más confrontativa, obstaculizando los esfuerzos de construcción de consenso entre el gobierno, las empresas y los socios académicos y generando tensiones entre las instituciones autónomas y los organismos reguladores. El objetivo clave de la recuperación económica requiere el establecimiento de direcciones económicas estables junto con mecanismos de diálogo confiables que reconstruyan la confianza del sector privado y restablezcan las expectativas normales del mercado.
Evolución de la prosperidad
La libertad y la prosperidad en Colombia se han desarrollado concurrentemente, aunque su progresión nunca ha estado perfectamente alineada. La liberalización del mercado de las décadas de 1990 y 2000, junto con la expansión de derechos en la nueva constitución de 1991 y la disciplina fiscal y monetaria, sentaron las bases para el mayor cambio social de Colombia en la historia contemporánea. El ingreso per cápita promedio de la nación se triplicó, mientras que la pobreza se redujo en 20 puntos porcentuales y la esperanza de vida aumentó en alrededor de diez años. Este crecimiento, sin embargo, contenía una advertencia clave, ya que su distribución desigual significaba beneficios económicos retrasados para muchos colombianos. La lección clara fue que el crecimiento sin equidad daña a la sociedad tan severamente como el estancamiento económico.
La trampa de la desigualdad
Entre 2005 y 2016, muchos observadores creyeron que Colombia había entrado en un ciclo de retroalimentación positiva. El crecimiento económico se mantuvo saludable, mientras que la creación de empleo mejoró y los programas sociales redujeron los niveles de pobreza extrema. La libertad de mercado finalmente encontró una manera de trabajar armoniosamente con la política social para beneficiar a la sociedad.
Después de 2016, el ciclo positivo comenzó a romperse. El crecimiento económico disminuyó y las reformas de productividad se detuvieron, mientras que la brecha de riqueza entre la Colombia rural y urbana permaneció igual. El empleo informal aumentó una vez más, mientras que la gente perdió la esperanza en su futuro porque la desigualdad volvió a sus niveles anteriores. Luego, la pandemia golpeó, revelando defectos estructurales que el país había pospuesto abordar. Las interrupciones educativas, la pérdida de empleos femeninos y las finanzas públicas tensas llevaron al país a sus límites.
Las protestas de 2021 fueron desencadenadas por el descontento por los impuestos, pero sirvieron para expresar el sentido más profundo de exclusión de la gente. Muchos colombianos sentían que la prosperidad se había convertido en un privilegio exclusivo en lugar de una promesa universal. La percepción generalizada dañó la confianza de la gente en la democracia y transformó la desigualdad económica en una crisis moral política. La gente tolerará un crecimiento económico lento, pero se negará a apoyar un sistema que no recompensa el trabajo duro o el trato equitativo.
Colombia logró un progreso indiscutible a través del reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, muchos de estos avances no se tradujeron en beneficios reales en la práctica. De 2010 a 2020, los indicadores de libertad de inclusión de minorías experimentaron un declive. La ausencia de seguridad gubernamental en las regiones periféricas, combinada con el desplazamiento continuo y las expansiones ilegales de la minería y la producción de drogas, siguen impulsando la marginación social.
La desconexión entre los mayores derechos formales y las condiciones de vida estancadas es claramente visible. Para muchos colombianos, la igualdad ante la ley no se tradujo en una igualdad real de oportunidades. La principal conclusión es que la inclusión exige más que un reconocimiento oficial; requiere financiación continua para la educación, la infraestructura y el mantenimiento de la paz que cree incentivos de inversión nacional para todos los territorios.
Desde 2018, Colombia ha recibido a más de dos millones de migrantes venezolanos. La gestión de esta afluencia masiva puso a prueba las instituciones nacionales, pero también aportó nueva energía, talento y espíritu empresarial a la sociedad colombiana. Las comunidades fronterizas se vieron sobrecargadas porque los servicios sociales llegaron a sus límites. El “Estatuto Temporal de Protección”, junto con otras políticas pragmáticas, transformó lo que podría haber sido una crisis humanitaria en un beneficio demográfico con el tiempo. Los trabajadores del mercado laboral formal contribuyeron a la economía a través del pago de impuestos, al tiempo que aportaron un potencial de fuerza laboral nuevo y enérgico. En medio de las tendencias regionales a responder con fervor populista, Colombia demostró un enfoque distinto que combinaba la apertura con la previsión estratégica. La flexibilidad institucional combinada con la inclusividad demostró que la migración podría ser un motor de renovación en lugar de inestabilidad.
Colombia ha logrado uno de sus éxitos más notables a través de iniciativas de política ambiental. Desde 2010 hasta principios de la década de 2020, Colombia pasó de establecer objetivos ecológicos a producir logros tangibles. La política económica establecida a través del CONPES 3934 (2018) y CONPES 4075 (2022) demostró que el crecimiento verde se había convertido en un plan económico integral en lugar de meramente aspiracional.
La adición de incentivos para vehículos eléctricos, junto con las subastas de energía renovable en La Guajira y la mejora de la persecución de la minería ilegal, transformó la defensa ambiental en un elemento central de competitividad. Las emisiones de mercurio disminuyeron, mientras que la capacidad de energía eólica y solar se expandió, y la nación comenzó a percibir la sostenibilidad como una ventaja en lugar de una limitación. Aunque persisten problemas ambientales como la deforestación, Colombia ha avanzado hasta un punto en que los objetivos económicos y ambientales están más sincronizados.
El desarrollo humano presenta la demostración más clara de cómo la libertad se relaciona con la prosperidad. La gente en Colombia ha experimentado vidas más largas y mejores resultados de salud durante las últimas tres décadas. Las tasas de mortalidad infantil disminuyeron drásticamente, mientras que las tasas de alfabetización aumentaron y el acceso a la atención médica se volvió casi universal. Como resultado de las reformas de 1993 y 2011, los sistemas de atención médica de Colombia se transformaron para convertirse en uno de los más completos de América Latina.
La educación en Colombia sigue dividida: las escuelas urbanas se han desarrollado rápidamente, pero las zonas rurales siguen rezagadas. El acceso digital y los maestros capacitados siguen siendo escasos en muchas aulas, mientras que los resultados educativos muestran diferencias significativas entre regiones. La pandemia intensificó las desigualdades educativas, enfatizando a los responsables de la formulación de políticas que ofrecer cobertura sin la calidad o relevancia adecuadas es insuficiente. El desarrollo futuro requiere una mejor integración entre los sistemas educativos y los sectores productivos para crear oportunidades laborales que también podrían conducir a la estabilidad social.
El camino a seguir
Colombia se acerca a un punto crítico que definirá su rumbo futuro. Treinta años de avance institucional brindaron estabilidad junto con credibilidad, pero el país sigue luchando con la desigualdad social, la informalidad económica y la disminución de la confianza pública. Los desafíos surgieron después de 2016, cuando la inversión disminuyó, el crecimiento económico decayó y la polarización política se intensificó. Pero el problema real es mayor que la capacidad de Colombia para crecer: el desafío crucial es lograr un crecimiento inclusivo que transforme la libertad en prosperidad equitativa.
La base de la prosperidad reside en el establecimiento de finanzas públicas estables. Después del gasto necesario durante el período de la pandemia y el aumento de la deuda pública, Colombia comenzó a realizar un ajuste fiscal que se implementó con éxito entre 2020 y 2023. Sin embargo, desde entonces, la deuda pública y el déficit fiscal han aumentado lo suficiente como para poner nerviosos a los inversores. Como resultado, Colombia necesita una reforma efectiva que amplíe la base de contribuyentes al tiempo que facilite el cumplimiento; también debería eliminar los beneficios fiscales que favorecen a unos pocos seleccionados, mientras se mantiene el apoyo a las pequeñas empresas regionales.
La restauración de las reglas fiscales (que fueron suspendidas en 2025) demostraría el compromiso de Colombia con una gobernanza disciplinada al tiempo que mejoraría la confianza del mercado y del público en la gestión fiscal del país. Una autoridad fiscal descentralizada con mecanismos de rendición de cuentas adecuados permitiría a las instituciones estatales conectarse con los ciudadanos de manera más efectiva, al tiempo que distribuiría los beneficios del crecimiento de manera más equitativa.
La construcción de paz requiere más que enfoques basados en la negociación, a la vez que exige una gobernanza territorial consistente. Grandes áreas rurales de Colombia todavía viven bajo sistemas de poder alternativos e ilegales que imponen el miedo en lugar de hacer cumplir la autoridad legal. La construcción de carreteras, junto con la conectividad a internet y nuevas escuelas, sirven como herramientas de desarrollo que también podrían ser útiles para fortalecer la ciudadanía.
Las inversiones gubernamentales en infraestructura produjeron avances claros en Antioquia, la región cafetera y partes de la región Caribe en forma de disminución de la violencia, aumento de oportunidades de empleo y retención de población. La seguridad mejora solo cuando las personas tienen acceso a oportunidades para reemplazar los sistemas coercitivos. La lección práctica y moral que surge es que la prosperidad requiere paz, y la paz exige gobernanza de un Estado cuya presencia se siente donde reside la gente.
La informalidad bloquea el camino que une la libertad con un futuro próspero. Más del 50 por ciento de los trabajadores colombianos carecen de contratos y protecciones ya que trabajan fuera del sistema formal. El proceso de formalización laboral sería alcanzable facilitando los procedimientos y reduciendo los gastos laborales, y modernizando las formas de conectar a los trabajadores con los empleadores.
Simultáneamente, Colombia necesita pasar de una economía basada en la extracción a un modelo económico impulsado por la innovación. La productividad funciona como el vínculo entre los esfuerzos inmediatos de recuperación económica y la prosperidad duradera. Esto requiere coordinación entre la industria y la universidad, junto con apoyo a la implementación tecnológica e inversión en el desarrollo empresarial local. Los subsidios no reducirán la desigualdad ni sostendrán la libertad porque el crecimiento de la productividad sirve como la solución fundamental.
El mayor desafío de Colombia, sin embargo, no surge de preocupaciones fiscales sino del ámbito político. La división política actual ha convertido las discusiones de políticas en conflictos arraigados, haciendo que el compromiso parezca una debilidad. El desarrollo futuro en Colombia depende del pragmatismo institucional, que requiere que los líderes prioricen los resultados sobre las declaraciones políticas.
Los aspectos no negociables deben ser proteger la independencia del banco central y mantener la autonomía de los tribunales y los organismos de supervisión. Es necesario restablecer el diálogo entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil a través de canales estructurados. La libertad económica no solo depende de reglas predecibles para los inversores, sino también del contrato social que permite que perdure. Las operaciones institucionales transparentes promueven tanto la confianza económica como la pública.
La transición hacia la energía limpia crea dificultades al tiempo que promete nuevas posibilidades. Aunque el petróleo y el gas continúan generando ingresos gubernamentales sustanciales, Colombia posee un vasto potencial de energía renovable. El enfoque adecuado implica una transición de mercado lenta y responsable combinada con la construcción de nuevas industrias basadas en la agricultura sostenible, la energía limpia y el ecoturismo, al tiempo que se preserva la estabilidad fiscal.
La gestión ambiental podría convertirse en una ventaja competitiva si se establece a través de regulaciones consistentes e inversión paciente. Colombia está dotada de diversidad geográfica, biodiversidad y abundantes recursos hídricos que permitirían prosperar a las industrias verdes, siempre y cuando las instituciones se mantengan constantes, las regulaciones se simplifiquen y las alianzas público-privadas se fortalezcan.
A lo largo del período de treinta años, de 1995 a 2025, Colombia ha estado tratando de equilibrar sus aspiraciones con sus limitaciones. Fortaleció su democracia y abrió la economía, pero continúa luchando contra problemas persistentes de desigualdad, informalidad e inseguridad. La libertad en el país nunca ha sido algo fijo, ya que cada generación debe esforzarse por preservarla y renovarla.
El próximo capítulo depende de la capacidad de Colombia para vincular la libertad con las oportunidades actuales. Lograr la estabilidad fiscal junto con sistemas de seguridad, el avance educativo y la confianza institucional es una obligación moral esencial para el éxito democrático. Una vez que la confianza regrese a los ciudadanos y los organismos gubernamentales, entre los inversores y las instituciones, y entre las regiones y sus autoridades centrales, Colombia convertirá su libertad práctica en una prosperidad económica duradera.
El rumbo futuro de la nación depende de tomar decisiones entre fuerzas opuestas, incluyendo la confrontación versus el consenso, el populismo versus el pragmatismo, y la retórica vacía versus reformas sociales y económicas valientes. Con las decisiones correctas, Colombia puede convertirse en un ejemplo de estabilidad democrática y desarrollo inclusivo en toda América.
*Economista, se desempeñó como rector de la Universidad EIA, la Universidad del Rosario y el CESA Business School de Bogotá. Fue ministro de Comercio, Industria y Turismo y ministro de Hacienda.
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