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De acuerdo con el Ejército Nacional, en la noche del 7 de enero de 2025, las tropas del frente 36 de las disidencias de las Farc llevaron a cabo enfrentamientos con integrantes de la fuerza pública en el municipio de Anorí, Antioquia.
La Séptima División del Ejército aseguró que durante el intercambio de fuego, uno de los miembros del grupo insurgente perdió la vida, aunque aún no se han reportado bajas entre los efectivos de la fuerza pública.
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No obstante, este incidente aislado es solo un reflejo de un contexto más amplio de disputas territoriales y debilidad institucional que, según testimonios de la comunidad local, está teniendo graves y duraderas repercusiones para la población civil. Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y representante de la Fundación Sumapaz, comentó en entrevista con Infobae Colombia que Anorí es parte de una zona dominada por la presencia de grupos armados ilegales a causa del vacío institucional.
Zapata señaló que en áreas donde se aguardaba una efectiva llegada del Estado tras la firma de los acuerdos de paz, la falta de acción permitió que otros grupos armados se adueñaran del lugar, atraídos por “una representación significativa de minería, muchas veces ilegal”.
El líder social destacó que, debido a su ubicación estratégica y recursos naturales, Anorí y municipios aledaños siguen siendo objeto de disputa entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, siendo este último especialmente interesado en expandir su dominio.
“Existen luchas territoriales entre la colaboración ELN-disidencias frente al Clan del Golfo”, especificó, indicando que tanto las áreas rurales como urbanas sufren las consecuencias de la fragmentación del poder.
Según información proporcionada por la Séptima División del Ejército, en las operaciones del 7 de enero “nuestras tropas en el sector reportan la muerte de un miembro de este grupo terrorista durante acciones militares”. Las ofensivas continúan en el departamento, aunque líderes sociales como Zapata consideran que la presencia militar no ha sido suficiente para revertir los efectos de años de falta institucional.
“Apreciamos los esfuerzos de la fuerza pública en la región, pero estos esfuerzos serán inadecuados mientras siga existiendo un vacío institucional que permite el control territorial de estos grupos”, reconoció.
El impacto de esta situación se extiende más allá de Anorí. Zapata mencionó a Infobae Colombia que localidades aledañas como Amalfi, Remedios y Segovia están lidiando con eventos violentos que agravan el conflicto regional. Recordó la reciente masacre en Amalfi, donde integrantes del Clan del Golfo habrían convocado a civiles a una reunión, posteriormente asesinándolos en diversas áreas del nordeste antioqueño. Según su relato, tales acciones generan “una gran tensión territorial” en varios municipios y corredores estratégicos hasta Bolívar y Magdalena Medio.
Además, subrayó la necesidad de que se cumplan las funciones constitucionales de resguardar la vida y la integridad de las regiones. Enfatizó que “la voluntad de paz también implica detener cualquier forma de violencia”, instando a los actores armados a demostrar con hechos su disposición para avanzar en procesos de paz.
Zapata destacó la existencia de alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, las cuales advierten sobre los peligros que enfrenta la población del nordeste antioqueño. Una de estas alertas, que incluye mapas y análisis de riesgo, presenta recomendaciones dirigidas a las instituciones estatales para mitigar las amenazas contra los civiles.
“Los incumplimientos de las instituciones son lo que facilitan que estos riesgos se materialicen”, lamentó Zapata, atribuyendo a la ineficacia de las entidades públicas la persistencia de las dificultades para la población.
Aunque las operaciones militares continúan en la región, tanto las organizaciones sociales como las alertas oficiales sostienen que la respuesta institucional aún no logra ofrecer una efectiva protección a los habitantes del nordeste antioqueño.
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