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El 8 de enero de 2026, más de 30 exmagistrados del Consejo de Estado enviaron una carta al ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazando los ataques dirigidos a las altas cortes en el contexto de la crisis diplomática con Estados Unidos luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.
“Los suscritos Exmagistrados del Consejo de Estado, ante las declaraciones del señor Ministro del Interior, Armando Benedetti, publicadas el 5 de enero en la red social X, manifestamos nuestro total rechazo por considerarlas antidemocráticas, falsas y contrarias a la Constitución”, subrayó la misiva.
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Los firmantes argumentan que calificar a estos organismos de cobardes y de estar aliados con la oposición para perjudicar al presidente Gustavo Petro y su administración carece de fundamento y pone en riesgo el equilibrio de los poderes y la institucionalidad.
“Las afirmaciones del Ministro, señalando a los presidentes de “las Cortes” como actuantes “con cobardía y en oposición al gobierno…”, además de llamarlos “narcos” y sostener que ellos, como miembros del Estado, no tienen legitimidad, carecen de veracidad, ofenden la dignidad de la institucionalidad, son calumniosas y desconocen uno de los pilares fundamentales de la democracia y del Estado Social de Derecho: la separación de los poderes públicos”, refleja la carta.
Asimismo, agregaron: “La razón de ser de la división del poder del Estado en tres ramas es prevenir su concentración en una sola persona o institución, así como institucionalizar el control político y jurídico mutuo entre ellas. Las afirmaciones del Ministro implican una censura y un atentado contra la legitimidad de las ramas legislativa y judicial, lo que resulta abiertamente antidemocrático y contrario a la Constitución Política de 1991”.
Por ello, los exmagistrados han solicitado una retractación inmediata por parte de Armando Benedetti, así como que reconozca que las altas cortes operan de acuerdo con los principios democráticos establecidos en el Estado social de derecho, promoviendo la separación de poderes.
“Por lo anterior, le exigimos al señor Ministro que se retracte de sus opiniones calumniosas y que reconozca públicamente la plena vigencia de los principios democráticos, así como el respeto a la autonomía e independencia judicial”.
Durante casi cuatro años bajo su gestión, el presidente Petro ha tenido desencuentros con las altas cortes. No obstante, el año 2025 fue el más crítico, marcado por fallos que restringieron las alocuciones presidenciales y órdenes de rectificación sin precedentes, así como la suspensión de un decreto para convocar una consulta popular y el freno a la reforma pensional.
Estos enfrentamientos generaron un ambiente de confrontación que alcanzó su punto más álgido cuando el presidente cuestionó abiertamente la legitimidad de los jueces en el caso de Álvaro Uribe Vélez y revivió su propuesta de una asamblea nacional constituyente.
Lo que inicialmente parecían conflictos aislados evolucionaron hacia una narrativa más amplia: un año en que las normas del Estado Social de Derecho se pusieron a prueba, y donde el debate sobre quién interpreta —y hasta dónde— la Constitución se convirtió en el eje de la vida política nacional.
Un episodio que desencadenó un quiebre importante en la relación entre el Gobierno y la justicia fue la resolución del Consejo de Estado ante una demanda presentada por organizaciones civiles y académicas que denunciaban el uso abusivo de las alocuciones presidenciales por parte de Gustavo Petro. El argumento central fue claro: cuando el presidente se dirige al país por cadena nacional, interrumpe la programación del país. Un privilegio que, si se utiliza con frecuencia, puede perjudicar el equilibrio informativo y el pluralismo.
La reacción del Gobierno de Petro fue explosiva. El presidente encendió el debate, afirmando: “Es una censura contra un presidente… eso se llama golpe de Estado“. Para los juristas, la comparación resultó extremadamente peligrosa: un fallo judicial no puede ser equiparado a un quiebre institucional.
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