Gobierno Nacional retoma plan para desligar precios de la vivienda social del salario mínimo tras ajuste del 23% en 2026

Luego del reciente aumento en el salario mínimo en Colombia, el Gobierno nacional ha reavivado su propuesta de desvincular los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) del salario mínimo legal mensual vigente.

La iniciativa cobró relevancia después de confirmar un aumento del 23 %, elevando el ingreso base a más de $1.750.000 para 2026, conforme a los datos de la Revista Semana.

Aunque la propuesta no es nueva en la agenda económica del Ejecutivo, la reciente modificación del salario mínimo ha reabierto el debate sobre su influencia en sectores regulados, como el mercado de vivienda social, donde se fijan los precios basándose en el salario mínimo.

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En Colombia, la VIS se refiere a proyectos de vivienda dirigidos a familias de ingresos bajos y medianos. Estos inmuebles tienen un límite de precio establecido por el Gobierno, que puede alcanzar hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) en las principales ciudades. La VIP, por su parte, está diseñada para personas de menores ingresos con un tope de 90 SMMLV.

Con la reciente modificación al salario mínimo disponible para 2026, los valores máximos de estas viviendas también se han ajustado en consecuencia.

Los cálculos indican que el precio máximo para una vivienda VIS pasó de aproximadamente $213.525.000 a casi $262.500.000, mientras que el costo máximo de una VIP aumentó de $128.115.000 a cerca de $157.500.000. Estos cambios son directamente el resultado de la indexación al salario mínimo.

La desindexación propuesta tiene como objetivo ajustar este mecanismo para que los precios de la vivienda social no se modifiquen automáticamente con el salario mínimo. El Gobierno sostiene que este ajuste puede aliviar la presión sobre los costos finales de los proyectos destinados a sectores vulnerables.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio recientes declaraciones sobre el estado de esta iniciativa. En una entrevista con Caracol Radio, mencionó que el decreto correspondiente está en análisis.

Sanguino señaló que el Ejecutivo está examinando minuciosamente las consideraciones legales para prevenir posibles recursos legales o objeciones de las cortes.

Durante su intervención, Sanguino subrayó que el Gobierno ha avanzado previamente en iniciativas similares y apuntó que cerca de 225 elementos de la economía ya han sido desindexados, especialmente en bienes de consumo, como parte de una estrategia más amplia para reducir la dependencia del salario mínimo como referencia automática para precios y tarifas.

En lo que respecta al sector de vivienda, la discusión gira en torno al nuevo indicador que sustituiría al salario mínimo como base de cálculo. Expertos en el sector han destacado que el cambio podría implicar la indexación a otras variables, como la Unidad de Valor Real (UVR) o alguna otra unidad de referencia, lo que alteraría la estructura de costos de los proyectos.

De acuerdo a análisis sectoriales citados por Semana, la incertidumbre es uno de los efectos más relevantes. Los desarrolladores han expresado que cualquier modificación en las reglas de indexación podría impactar especialmente en proyectos aún no lanzados, dado que sus modelos financieros fueron concebidos bajo el esquema actual.

También se ha señalado que esto podría generar deserciones en la compra de vivienda, sobre todo entre los hogares que ya habían comenzado procesos de separación o planificación financiera con precios previstos bajo el esquema previo. La reevaluación de las expectativas sobre los valores finales de las propiedades es un tema que continúa en discusión en el sector.

Desde la perspectiva gremial, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ha comentado sobre los efectos del aumento del salario mínimo en el sector inmobiliario. Se indicó que, en consecuencia directa del incremento salarial, el costo de la vivienda VIS podría aumentar cerca de un 10 %, reflejando el impacto de la indexación actual.

Este entorno es lo que ha llevado al Gobierno a enfatizar la importancia de revisar el esquema. La desindexación, según lo sugerido, busca prevenir que incrementos significativos del salario mínimo se trasladan de forma automática a los precios de la vivienda social, aunque el efecto final de la medida dependerá del contenido definitivo del decreto.