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La propuesta del Gobierno Nacional de cobrar un recargo de 8 pesos por kilovatio hora para sanear la deuda de 2 billones de pesos de Air-e divide a gremios y expertos. Mientras algunos respaldan la medida, otros advierten que es inconveniente.
El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), Juan Camilo Manzur, calificó la propuesta como inconveniente, argumentando que la deuda de Air-e debe ser asumida por el Gobierno Nacional.
Entre tanto, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, aseguró que los usuarios no deben ser quienes paguen por “la ineficiencia, la ineptitud y la incompetencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que intervino a Air-e en septiembre de 2024 y, dos años después, no está mejor que cuando estuvo peor”.
A las voces de rechazo se une la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE), la cual afirma que este cobro adicional de 8 pesos por kilovatio hora es “abiertamente inconstitucional”.
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Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO
“Es, por su naturaleza, un acto de carácter tributario, un impuesto a los usuarios de energía. Así las cosas, es inconstitucional porque no puede ser expedido por una autoridad administrativa sino únicamente por el Congreso de la República”, señaló.
El gremio también aseguró que esta medida es más un rescate financiero camuflado en la tarifa, que afecta directamente a los hogares y empresas que ya enfrentan altos costos en sus facturas de energía.
“La socialización de deudas podría sentar un precedente peligroso, incentivando la falta de responsabilidad financiera en el sector eléctrico al saber que las consecuencias de una mala gestión serán asumidas por los usuarios”, agregó.
Entre quienes respaldan la medida se encuentra la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). Su presidente ejecutivo, Alejandro Castañeda, señaló que este cobro extra representa aproximadamente el 1 por ciento del valor total de la factura mensual.
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Foto:Air-e
Por ejemplo, si un usuario paga 150.000 pesos, el incremento sería de apenas 1.500 pesos. “Al final del día, es un esfuerzo para que el sistema continúe siendo confiable, entregar la energía que requieren los usuarios y evitar problemas hacia adelante”, dijo.
Además, el líder gremial destacó que los usuarios deben asumir esta deuda porque ni el Gobierno Nacional ni el Fondo Empresarial de la Superservicios cuentan con los recursos, dada la delicada situación fiscal que atraviesa el país.
“Air-e le debe al sistema eléctrico 1,6 billones de pesos. No es una cifra menor. Si esa deuda sigue creciendo, el sector va a colapsar porque funciona como una cadena”, advirtió.
Entre tanto, el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, aseguró que esta medida es una importante noticia para el sector energético que resuelve el riesgo sistémico que se venía gestando con la cartera de Air-e. “Una equilibrada y seria propuesta que ayudará muchísimo al sector”, añadió.
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Foto:iStock
De acuerdo con Acce, existen otras opciones para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico sin afectar directamente a los usuarios:
- Reestructuración de la deuda: Negociar con los acreedores de las empresas intervenidas para reestructurar los pagos, extendiendo los plazos o renegociando las condiciones de la deuda.
- Fondo de rescate sectorial: Crear un fondo especial financiado por el Gobierno, con recursos provenientes de otras fuentes, como impuestos específicos al sector energético o aportes de las empresas que operan en el mercado mayorista de energía.
- Inversión privada: Promover la participación de inversionistas privados en las empresas intervenidas, incentivándolos con beneficios fiscales o garantías estatales, para que asuman la deuda y contribuyan a la recuperación financiera de las empresas.
- Optimización operativa: Implementar medidas de eficiencia operativa en las empresas intervenidas para reducir costos y aumentar ingresos.
- Subsidios focalizados: En caso de que sea inevitable recurrir a los usuarios, se podrían implementar subsidios focalizados para proteger a los hogares más vulnerables, asegurando que el impacto económico sea mínimo para quienes tienen menos capacidad de pago.
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