Petro denunció a alias Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional, pero no tendría ningún efecto: “Jugada política”

El 9 de enero de 2026, el presidente Gustavo Petro presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc, por su convocatoria a una cumbre con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados para formar una colaboración criminal.

Esta acción ocurre en un contexto de creciente inquietud por las redes criminales en Colombia y la región, así como por la persistencia de crímenes de lesa humanidad que impactan a poblaciones vulnerables.

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De acuerdo con Alejandro Carranza, abogado del presidente, en declaraciones a Semana, la denuncia presentada ante la CPI va más allá de “una serie de incidentes de violencia”, ya que refleja un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad y de guerra, orquestado desde la cúpula de una organización armada.

Esta acción judicial internacional se produjo justo después de que se hiciera pública una grabación donde Mordisco convoca a una alianza con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Popular (EPL) para contrarrestar la operación militar estadounidense en Venezuela.

Al respecto, Petro respondió categóricamente que “constituyen una excusa para la invasión y para la financiación de oscuros intereses que buscan sabotear las elecciones y coartar la libertad electoral“, y no representan una intención genuina de proteger a Venezuela, Colombia, o a América Latina.

Carranza argumentó que los resultados limitados de la justicia colombiana y la sistematicidad de los crímenes bajo la dirección de Mordisco hicieron necesaria la intervención de la CPI.

“Ante la persistencia de los crímenes, la falta de posibilidad de capturar al máximo responsable y la dimensión transnacional del problema, la intervención de la Corte Penal Internacional es esencial para asegurar que la responsabilidad penal alcance a quienes, desde los altos mandos, diseñaron y sostienen la maquinaria de violencia”, expresó el abogado.

En el documento presentado ante la CPI, el Gobierno colombiano identificó como principales víctimas a menores reclutados, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, y a líderes sociales, excombatientes y defensores de la paz, quienes han sufrido la violencia infligida por las disidencias bajo el mando de este líder criminal.

Carranza destacó que se han agotado las vías legales en Colombia y que, debido a la negativa de Mordisco a participar en mecanismos de paz, el caso debe ser llevado a la justicia internacional.

“Cuando se ha agotado el derecho interno, se puede recurrir a la Corte Penal Internacional y en este caso, el señor ‘Iván Mordisco’ continúa desplazando, secuestro, y atacando a estructuras protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, atacando comunidades enteras con el único objetivo de lucrarse del narcotráfico, lo que debe ser conocido en instancias más amplias”, dijo el abogado en declaraciones a Caracol Radio.

Además, mencionó que el Gobierno pronto presentará una denuncia similar contra Mordisco ante la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y ante el Departamento de Justicia de ese país.

Según reportes de la emisora, el objetivo es que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, apoye la persecución de quienes “crean trampas de pobreza, miedo y terror en áreas del Estado donde no se puede llegar y donde se produce la droga que termina en Estados Unidos”.

A pesar de la acción del Gobierno ante la CPI, hay expertos que cuestionan la relevancia jurídica de la denuncia.

Johany Gaviria, abogado penalista consultado por Infobae Colombia, recordó que Colombia aceptó la competencia de la CPI al firmar el Estatuto de Roma, ratificado mediante la Ley 742 de 2002.

Gaviria explicó que este tratado define cuatro crímenes de máxima gravedad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión, y que la Corte solo puede juzgar a los máximos responsables de tales delitos.

El penalista aclaró que la competencia de la CPI es complementaria, lo que significa que solo interviene cuando el Estado es incapaz de juzgar a los responsables o se niega a hacerlo.

En Colombia, según Gaviria, el Estado posee los mecanismos para procesar judicialmente a Iván Mordisco, y no ha renunciado a dicha obligación. Por lo tanto, el jurista considera que la denuncia de Petro carece de importancia ante la CPI.

Gaviria concluyó que la función de la CPI es auxiliar a los Estados que no pueden llevar ante la justicia a quienes han cometido crímenes graves, no sustituir su capacidad de acción.

“Resulta necesario demostrar que Iván Mordisco cometió uno o varios de los crímenes descritos en el Estatuto de Roma y que el Estado colombiano no tiene la capacidad para investigarlo y procesarlo”, subrayó.

No obstante, señaló que actualmente existen esfuerzos militares y judiciales en marcha contra Mordisco y que en caso de ser capturado, el Estado tendría la capacidad de juzgarlo.

Para ilustrar la naturaleza complementaria de la CPI, Gaviria citó ejemplos de naciones africanas que no pueden juzgar a líderes militares. “Presentar denuncias ante la CPI puede ser una maniobra política para atraer la atención de los medios o un acto de desconocimiento legal”, concluyó el abogado penalista.