Air-e mantendrá tarifas de energía en 2026 para Atlántico, Magdalena y La Guajira: está en $796 por kilovatio/hora

La situación energética en Colombia ha sido una preocupación para muchos ciudadanos durante años, especialmente con las tarifas elevadas, una problemática más marcada en la región costera. Según un estudio del Grupo de Investigaciones de Bancolombia, entre 2020 y 2024, el aumento anual de las tarifas en el país fue del 12.4% en promedio.

Se mencionó que esta problemática recae principalmente en el Gobierno, debido a la acumulación de deudas no pagadas. Los comercializadores de energía lidian con serios retos de liquidez por la acumulación de deudas. Esto se debe a los impagos del Gobierno nacional en forma de subsidios y la morosidad de las entidades estatales, según un informe citado por Portafolio.

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En 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tomó control de la empresa Air-e, la cual provee energía en la costa Caribe. Desde dicha intervención, las tarifas han comenzado a disminuir, con una reducción del 25% en Atlántico, Magdalena y La Guajira, según la superintendencia.

Para el año 2026, la empresa no tiene planes de aumentar las tarifas que han disminuido desde la intervención. Santiago Villa, jefe de Regulación de la compañía, anunció que Air-e Intervenida buscará estabilizar la tarifa energética en $796 por kilovatio/hora para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, un monto que se mantiene $80 por debajo del promedio nacional.

Esta tarifa garantizada hasta 2026 es resultado, según Villa, de una gestión técnica responsable, óptimos niveles de contratación y precios eficientes para los usuarios de la región. “La empresa reafirma su compromiso de ofrecer tarifas justas y estables a lo largo de todo el 2026” comentó el funcionario.

Esta decisión fue tomada tras la publicación de un borrador de resolución del Ministerio de Minas y Energía, que propone un aumento temporal en la tarifa de electricidad en todo el país para saldar parte de la deuda que enfrenta Air-e.

Según el documento oficial emitido por el Gobierno nacional, la deuda acumulada de la empresa, que asciende a $2,5 billones, representa un riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico en Colombia. Por lo tanto, esta medida busca evitar consecuencias en cadena para otros actores del sector eléctrico y será administrada bajo criterios rigurosamente proporcionales.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió esta iniciativa, asegurando que se intenta prevenir un desastre mayor en el ámbito energético del país. “Hemos heredado un sistema al borde del colapso; empresas en quiebra entregadas a privados, deudas acumuladas y un riesgo real de apagones. No actuar significaría condenar al país a una crisis eléctrica. La problemática energética en el Caribe no es solo un asunto local; es un problema a nivel nacional”, declaró el funcionario en X.

El ajuste propuesto consiste en un cobro de $8 por kilovatio/hora, que se reflejará como un cargo adicional en el componente de restricciones de la factura eléctrica de los consumidores colombianos durante un periodo transitorio determinado por la autoridad competente. Este cambio en la tarifa atendería la demanda total del Sistema Interconectado Nacional.

El impacto económico sería significativo para una amplia parte de la población: cerca de 10 millones de hogares y empresas experimentarían un incremento considerable. Para los usuarios residenciales, el aumento podría ser de $1,200 mensuales, mientras que las grandes empresas podrían enfrentar incrementos que alcancen los $40 millones al mes, dependiendo de su consumo energético. La medida afectará con mayor intensidad a quienes presentan mayores registros de consumo.