Esto es lo que va a pagar la clase media de impuestos en 2026: expertos recomiendan ‘ajustar el bolsillo’

El inicio de un nuevo año traerá consigo un impacto en el bolsillo de los colombianos debido a la reciente ley de emergencia económica planeada para el año gravable 2026, emitida por el Gobierno nacional. Según un análisis financiero elaborado por Crowe Co, la clase media será la principal responsable del aumento en la recaudación fiscal, lo que se traducirá en más impuestos para este grupo poblacional.

Expertos señalan que, aunque esta medida busca abordar el déficit fiscal y financiar el Presupuesto General de la Nación, sus efectos incidirán directamente en el consumo diario, la liquidez y los activos de la clase media, trasladando la carga tributaria hacia sectores que tienen menos capacidad de evitar los impuestos.

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El informe de Crowe CO advierte que, aunque este paquete tributario se presenta como temporal y no estructural, su implementación anual implica que incluso si más adelante la Corte Constitucional lo declara inexequible, los pagos realizados son difíciles de recuperar.

El principio de “situación jurídica consolidada” dificulta la devolución de impuestos pagados, lo que representa un riesgo fiscal significativo para los contribuyentes afectados.

Se destaca que el impacto más significativo para la clase media provendrá de los cambios regresivos en los impuestos indirectos, en particular en el IVA.

Este impuesto se aplicará a nuevos bienes y servicios, eliminando tratamientos preferenciales y trasladando casi por completo el costo al consumidor final. El IVA a los combustibles comenzará a aplicarse a la gasolina en 2026 (con una tarifa de transición) y posteriormente al Acpm, lo que incrementará los costos de transporte y influirá en el costo general de vida.

Asimismo, el aumento de hasta un 200% en el impuesto específico al consumo de licores y vinos impactará a los hogares urbanos de clase media, incrementando el costo de consumos cotidianos en este grupo.

Adicionalmente, se implementará el gravamen sobre los movimientos financieros (GMF), que alcanzará una tasa de 5 x 1.000 para 2026, incrementando diariamente los costos financieros de retiros, transferencias y pagos bancarios comunes, tanto para individuos como para pequeños negocios. Este cambio fomentará el uso de efectivo en lugar de la bancarización, complicando la gestión financiera de aquellos que dependen de sistemas financieros formales.

La reforma también ajusta los umbrales del impuesto sobre el patrimonio, reduciéndolos a 40.000 UVT, lo que equivale aproximadamente a $2.095 millones en 2026.

Esto incluye, por primera vez, a un gran número de personas naturales con inmuebles urbanos valorados, pequeños empresarios y familias que históricamente no se consideraban “ricas”, ampliando el alcance del tributo hacia la clase media alta. En las ciudades más importantes, un número creciente de hogares estará sujeto a esta obligación.

Una de las principales conclusiones del análisis de Crowe CO es que el mecanismo de emergencia económica permite al gobierno aumentar la presión fiscal con un debate parlamentario limitado.

Aunque la narrativa oficial sostiene que las medidas tienen como objetivo corregir desequilibrios a corto plazo, la realidad es que, según los analistas, la clase media soporta la mayor parte del costo, experimentando un aumento en los precios de bienes y servicios, una mayor carga financiera y una reducción significativa del ingreso disponible.

El informe es claro al recomendar que las personas de clase media deben asumir que los impuestos de 2026 se pagarán en su totalidad, a pesar de que puedan ser invalidados luego. Esto se debe a que si la Corte Constitucional los declara inexequibles en el futuro, los pagos no se devolverán, excepto en circunstancias excepcionales.

En términos prácticos, no es recomendable ‘apostar’ a que la Corte anule los impuestos para evitar el pago. Desde una perspectiva financiera personal, lo sensato es prepararse para el pago.

Asimismo, se aconseja que las personas de clase media se anticipen a una presión sobre su liquidez mensual, no solo en términos de declaración de impuestos, sino también en transporte, servicios, transacciones bancarias y precios de bienes comunes.