Polémica por traslado de cabecillas de Los Pepes y Los Costeños a Barranquilla: alcaldía criticó la medida y Gobierno aclaró la situación

La decisión del Ministerio de Justicia de mover a Digno José Palomino Rodríguez, líder de Los Pepes, y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, dos cabecillas de criminalidad organizada, a cárceles de alta seguridad en Barranquilla ha suscitado controversia, centrando el debate en la seguridad ciudadana y en las políticas de diálogo con la delincuencia.

Esta decisión fue tomada tras la firma de la Resolución 442 el 5 de diciembre de 2025, en el marco de la política de ‘Paz urbana’, que busca fomentar acercamientos con las estructuras criminales más influyentes en la región, con el objetivo de disminuir la violencia en el Atlántico.

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La resolución establece el traslado de veinte reclusos a la Cárcel de Media Seguridad de El Bosque en Barranquilla, además de autorizar al Estado a formalizar contactos con líderes capturados y otros prisioneros ligados a estas organizaciones criminales.

“Las personas que tengan autorización llevarán a cabo sus funciones bajo instrucciones precisas del presidente de la República, a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, manteniendo estricta confidencialidad sobre el desarrollo, contenido, logística, avances o resultados del proceso”, se indica en el documento.

Sin embargo, esta decisión ha generado inquietud en la administración local, provocando alertas institucionales ante un posible aumento de la violencia en la región caribeña de Colombia.

En un comunicado, la Alcaldía Distrital de Barranquilla expresó su preocupación sobre la falta de coordinación técnica en la toma de decisiones, recordando que en ocasiones anteriores, los líderes criminales continuaban operando y expandiendo sus redes de extorsión y homicidios incluso desde prisión.

En su declaración, la administración de Alejandro Char ha reafirmado su apoyo a las iniciativas de paz instauradas por el gobierno, aunque enfatiza la importancia de una coordinación técnica en decisiones que involucran a criminales de alto perfil.

“Siempre hemos respaldado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero debido al alto perfil de los criminales que serán trasladados a nuestro territorio, sería vital establecer una coordinación técnica constante entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno Nacional (…) para evaluar los posibles efectos de este traslado y adoptar las respectivas medidas de seguridad y fortalecimiento penitenciario, evitando que las cárceles se conviertan en centros de mando criminal y los diálogos en un espacio que fomente la ilegalidad”, expresa el comunicado del Distrito barranquillero.

Asimismo, la alcaldía ha solicitado oficialmente a la Oficina de la Consejería Comisionado de Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) la creación de canales de comunicación permanentes y eficientes para mitigar los riesgos de este movimiento.

En respuesta a las críticas de la administración Char, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, afirmó que el traslado de Diego Palomino y alias Castor no implica un trato preferencial, sino que busca proteger a la ciudadanía y desarticular la actividad criminal de estas organizaciones en la región.

“No están siendo llevados a un hotel; el traslado carcelario será estrictamente supervisado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para mantener la tregua y proteger a la población (…) la paz no es impunidad, sino control, legalidad y vigilancia constante, siempre del lado de la ciudadanía”, señaló Andrés Idárraga, ministro interino de Justicia y del Derecho.

Según la información oficial, esta transferencia responde a instrucciones presidenciales que autorizan los acercamientos entre el Ejecutivo y los grupos de delincuencia común.

Además, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, aclaró que “este tipo de acercamientos busca comprobar la verdadera voluntad de paz y avanzar en la formalización de diálogos acorde a los objetivos establecidos por el presidente de la República”.

Finalmente, el Gobierno nacional reafirmó que “la prioridad absoluta es la vida, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Barranquilla y del Atlántico, asegurando que estas decisiones están orientadas a mantener los logros de la tregua y sin renunciar al principio de autoridad del Estado”.