Abogado y académico opinó sobre polémico contrato por $10.000 millones que firmó Petro para su defensa en Lista Clinton: “La chequera del Estado”

La Presidencia otorgó un contrato de 10.000 millones de pesos a la firma británica Amadeus Consultancy Limited, liderada por el abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik, para ofrecer defensa jurídica internacional al presidente Gustavo Petro, tras su inclusión en la lista Clinton (Ofac). Se reveló, el domingo 11 de enero, una contundente respuesta del reconocido jurista internacional y académico Martín Eduardo Botero.

En efecto, el abogado se ha convertido en una de las voces más críticas respecto al millonario contrato. A través de sus redes sociales, así como tras la confirmación del encuentro que sostendrá Petro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió sobre las supuestas inconsistencias en el proceso llevado a cabo por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) para intentar retirar al jefe de Estado de la conocida Lista Clinton.

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“Esto no es política exterior. Es autodefensa con dinero público. Cuando un presidente utiliza impuestos para pagar abogados que lo liberen —a él y a su círculo— de una lista de sanciones personales, cruza una línea peligrosa: la confusión intencionada entre el Estado y lo personal. No gobierna para todos; se protege a sí mismo”, afirmó Botero, subrayando que el uso de fondos públicos para estas acciones representa una ruptura entre lo institucional y lo privado.

Con un mensaje adicional, insistió en su argumento: “La pregunta no es ideológica. No es electoral. No es mediática. Es jurídica. ¿Con qué base legal se comprometen $10.000 millones del erario para gestionar un asunto personal —su situación ante Ofac— bajo la apariencia de ‘riesgo institucional’? El nudo del problema es que si el riesgo es personal, el gasto es ilegal; si el riesgo es institucional, debe ser explicado con precisión jurídica y evidencia”, añadió.

“¿Por qué los colombianos deben financiar la defensa personal del presidente y de su círculo frente a sanciones individuales? No hay justificación legítima que no conduzca a una conclusión incómoda: no deberían. Si la inclusión en Ofac es injusta, se combate con recursos propios. Si es infundada, se desvirtúa con abogados privados. Si es política, se enfrenta con responsabilidad personal, no con la chequera del Estado”, manifestó el jurista en otra extensa declaración.

Botero, quien se graduó en la Universidad de Siena (Italia) y es doctor en Derecho Constitucional Europeo, además de ser fundador del Centro Europeo de Justicia Transicional, insistió en que este caso exigía claridad jurídica sobre la naturaleza del contrato y la justificación del gasto, el cual, según su opinión, carece de sustento en la legislación vigente. Todo esto, destacando que en este asunto “no hay tercera vía” que permita un análisis diferente.

Su crítica se basa en su experiencia en derecho internacional y justicia transicional, áreas en las que ha destacado a nivel nacional e internacional. Durante 2025, el académico generó atención con su análisis de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al alertar sobre el instrumentalismo judicial en la política y la vigencia de la teoría del “derecho penal del enemigo”, en un caso donde el jefe de Estado fue declarado inocente.

La concesión del contrato a Amadeus Consultancy Limited se oficializó después de que, en octubre de 2025, el abogado Daniel Martin Kovalik anunciara en varios medios que actuaría en el caso de Petro de forma pro bono. Sin embargo, según el acuerdo contractual, el contrato estipula honorarios de dos millones de libras esterlinas, a ser pagados en cuatro cuotas iguales y sujetos a la entrega de informes periódicos y reuniones técnicas.

El contrato, cuya ejecución se extenderá hasta abril de 2026, prevé pagos mensuales de 500.000 libras esterlinas (aproximadamente $2.500 millones), con posibilidad de anticipos si el trabajo se completa antes de tiempo. La asesoría legal incluye análisis técnicos sobre sanciones internacionales, y mantener la confidencialidad de toda la información es una de las principales obligaciones de la firma contratada para defender al primer mandatario.

Otro aspecto controvertido del contrato es la justificación para la contratación directa, indicando que el personal de la planta presidencial no poseía la especialidad requerida para la defensa ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos. Las reacciones no tardaron en llegar al ámbito político, como la senadora María Fernanda Cabal, quien destacó el cambio en las condiciones de defensa.