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La Registraduría Nacional del Estado Civil será la responsable de determinar si el proyecto del comité promotor, que busca recolectar firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, es viable. Todo esto ocurre en medio de los cuestionamientos hacia el presidente Gustavo Petro, quien había asegurado en sus campañas previas que no convocaría a este mecanismo para modificar la Constitución, vigente desde 1991.
Esta semana, la entidad liderada por Hernán Penagos deberá proporcionar un concepto crucial sobre el proceso, según informó El Espectador. Este caso ha generado un intenso debate, ya que cuenta con el respaldo del presidente y fue acompañado de cerca por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presente en el acto de radicación de las intenciones de recolectar firmas.
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El 26 de diciembre de 2025, la agrupación ciudadana formalizó la solicitud ante la entidad, con la colaboración de organizaciones sociales y sindicales. En esa ocasión, Sanguino asistió en calidad de representante del Gobierno, dado que el trámite requiere que, tras la verificación de los requisitos legales, se emitan los formularios oficiales necesarios para iniciar la recolección de firmas, en un periodo que se estipula de 15 días hábiles para emitir un concepto al respecto.
El Gobierno espera que el proceso logre reunir 10 millones de firmas, aunque la normativa establece un mínimo de 2,5 millones para que la iniciativa pueda avanzar. “Esperamos que este comité promotor logre recolectar al menos tres millones de firmas, pero nos gustaría que 10 millones de colombianos brinden el apoyo suficiente para que el próximo Congreso de la República considere esta iniciativa legislativa popular,” manifestó Sanguino.
El funcionario subrayó que el objetivo es darle legitimidad al proceso y asegurar un amplio respaldo ciudadano a la iniciativa, a pesar de que diversos sectores han señalado que Petro, en su campaña electoral de 2018, había firmado bajo compromisos, como por ejemplo, que no propondría realizar una asamblea constituyente; en ese momento, y ahora, es visto como un medio para extender su mandato en la Casa de Nariño.
La presencia de funcionarios del Gobierno en la ceremonia de radicación generó críticas en varios sectores. Aunque el Ejecutivo asegura que no puede intervenir directamente en la recolección de firmas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que el proceso solo avanzará tras la entrega de los formularios, y que el plazo para recaudar apoyos será de tres meses; es decir, según lo indicado por el ministro, no coincidirá con el periodo electoral.
En este sentido, el ministro Benedetti mencionó que la presentación ante el Congreso debería ocurrir después del 20 de julio, una vez el nuevo legislativo esté instalado y habiendo realizado las elecciones presidenciales. Como era de esperarse, este asunto ha intensificado las tensiones políticas, incluyendo la postura del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, quien se opone rotundamente a cualquier modificación de la Carta Magna, que, según él, es lo que buscaría Petro con esta propuesta.
“Ahora quieren cambiar la Constitución, como una estrategia electoral. La Constitución que ellos, en su rol como guerrilleros del M-19, ayudaron a redactar y aprobar,” argumentó Uribe, sumándose a otras voces que han manifestado su rechazo, como la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien ha hecho un llamado claro en sus redes sociales a respaldar la institucionalidad establecida tras la promulgación de la Constitución.
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