Economia
Los riesgos que generaría el decreto que busca desindexar la vivienda VIS del salario mínimo
El borrador de decreto que publicó el Gobierno de Gustavo Petro para desindexar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) del salario mínimo ha recibido una serie de críticas por parte de diferentes expertos.
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Vivienda VIS. Foto:iStock
“Toda separación, promesa de compraventa, encargo fiduciario o cualquier negocio jurídico destinado a la adquisición de Vivienda de Interés Social deberá establecer de manera expresa, clara y verificable el precio total de la vivienda en pesos colombianos, el cual constituirá el único precio exigible para la ejecución del respectivo contrato hasta su finalización”, se puede leer en el documento que está para comentarios.
El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao aseguró que este borrador profundiza el problema actual de la vivienda en el país al reducir el tope máximo de la VIS a 135 salarios mínimos.
“En la práctica, este ajuste no afecta al país en general, sino exclusivamente a las grandes ciudades donde el tope era mayor. Pretender que una VIS en Bogotá cueste lo mismo que una en municipios con mercados inmobiliarios completamente distintos es desconocer la realidad del suelo y de los costos de construcción”, argumentó.
Hay que recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno se establece que el valor de la vivienda de interés social no debe exceder de 135 salarios mínimos, lo que equivale a 235,8 millones de pesos para este 2026, es decir, 44 millones de pesos más que apenas hace un año (192 millones de pesos) debido al incremento de 23 por ciento del salario mínimo.
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Sin embargo, en el caso de las ciudades que tienen más de un millón de habitantes, tales como Bogotá, Medellín o Cali, el Plan indica que el valor máximo es de 150 salarios mínimos, es decir, de 262 millones de pesos, una cifra muy por encima de los 213 millones de pesos del 2025.
Precisamente, para el congresista Andrés Forero, este decreto sería inconstitucional porque se estaría modificando una ley (Plan Nacional de Desarrollo) a través de un decreto. “Además es inconveniente porque es una forma de control de precios que limita la oferta de VIS y la encarece”, opinó.
Construcción de vivienda. Foto:Alcaldía de Medellín
Según el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, como la construcción de vivienda VIS es un proyecto de largo plazo que puede durar años y, en el camino hay aumentos, tiene sentido indexar su precio al mínimo. Por tanto, asegura que el decreto que quiere sacar adelante el Gobierno desincentivaría a los constructores a arrancar con nuevos proyectos.
“No tiene mucho sentido que el constructor asuma todos los riesgos en los años de construcción de aumentos de costos y precios, muchos de los cuales son del resorte de decisiones de gobierno. Además, le obliga a aumentar los precios desde el primer momento y ponerles el valor techo que establece el Plan de Desarrollo. Hoy solamente el 40 por ciento de los proyectos que se venden están en tope máximo, muy rápidamente será el 100 por ciento”, explica.
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Adicional a ello, Restrepo considera que está situación elevará los riesgos de conflictividad contractual al introducir mayor inseguridad jurídica y elevará las cancelaciones de los proyectos donde se está pagando la cuota inicial porque estos no llegarán a un punto de equilibrio financiero.
“Salen perdiendo los hogares de más bajos recursos a quienes se les reduce la oferta de proyectos, se les elevan los costos y tendrán más frustración por desistimientos. Vendrán más asentamientos informales urbanos llenos de dificultades para esas familias”, sentenció.
Vivienda. Foto:iStock.
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En el 2025 se estima que hubo 25.000 desistimientos de vivienda, la mayoría, por la cancelación del programa de subsidios Mi Casa Ya; y con esta situación, el gremio de la construcción Camacol espera que siga habiendo renuncias por parte de las personas a cumplir su sueño de tener vivienda.
Para Henao, el decreto lo que realmente hace es incentivar la compra de VIS como un producto de inversión y reduce aún más el acceso para quienes realmente la necesitan.
