Decreto sobre vivienda social tras alza del salario mínimo abre debate por precios VIS y topes atados a salarios mínimos

El aumento del salario mínimo anunciado para 2026, cerca del 23 %, elevó el ingreso básico mensual hasta 2 millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte.

Esta medida provocó ajustes automáticos en diversos sectores de la economía, incluyendo los precios máximos de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyas limitaciones se definen en relación a los salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Según la normativa actual, los costos de la vivienda social están expresados en salarios mínimos, por lo que cualquier incremento en este indicador se traduce en precios de referencia más altos.

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Expertos financieros han destacado que este mecanismo de indexación impacta en la inflación, las cuentas fiscales y el mercado laboral, influyendo en el acceso de hogares de bajos ingresos a vivienda propia.

Estudios citados por el Grupo Cibest indican que cada aumento de 100 puntos básicos en el salario mínimo por encima del umbral técnico (inflación más productividad) puede generar presiones inflacionarias de hasta 14,4 puntos básicos. El análisis sugiere que, considerando las diferencias entre el ajuste decretado y los referentes técnicos, la inflación podría experimentar un impulso adicional de 242 puntos básicos.

Asimismo, un informe de Credicorp Capital proyecta que la inflación podría superar el 6 % al finalizar 2026, en lugar de la estimación previa del 4,6 %. Estos escenarios son considerados factores clave que podrían influir en futuras decisiones del Banco de la República sobre tasas de interés.

El impacto fiscal también ha sido evaluado oficialmente. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calculó que el incremento del salario mínimo aumentaría el déficit fiscal en al menos 5,3 billones de pesos durante 2026, equivalentes a 0,3 % del PIB, y en 8 billones de pesos anuales —0,4 % del PIB— a partir de 2027.

Por otro lado, Cibest advirtió que los incrementos reales del salario mínimo pueden afectar la creación de empleo formal. Según sus estimaciones, un aumento adicional de un punto porcentual en el salario mínimo se traduce en una reducción equiparable en nuevas contrataciones, impactando la disminución de la informalidad, que promedió 55,8 % durante 2025.

Uno de los efectos más directos se refleja en la vivienda social. Con el nuevo salario mínimo, el precio máximo de una VIS aumentaría de 213,5 millones de pesos a 262,6 millones de pesos, alterando las condiciones de acceso para los hogares de ingresos bajos y medios. Este ajuste se realiza porque los límites están fijados como un número fijo de salarios mínimos.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro cuestionó abiertamente la indexación automática de precios. “Dejar de informar a sus clientes que los precios de la vivienda están calculados para estar alineados con el mismo porcentaje del salario mínimo es una estafa delictiva”, expresó, solicitando a la Superintendencia de Industria y Comercio que evalúe posibles sanciones.

Desde Camacol, el gremio de la construcción respondió que los límites de la VIS “están especificados en su Plan Nacional de Desarrollo avalado por su Gobierno y son índice al salario mínimo que su Gobierno decreta. Estos límites son máximos, no aumentos automáticos”. El gremio también mencionó que no han establecido aumentos generalizados y recordó que en 2025 más de 24.000 familias optaron por no comprar vivienda tras la cancelación del programa Mi Casa Ya.

En medio de este debate, el Ministerio de Vivienda ha publicado un proyecto de decreto para recibir comentarios ciudadanos, cuyo plazo vence el 24 de enero. La iniciativa pretende modificar la forma en que se indexan los proyectos VIS, estableciendo que el precio se acuerde desde el principio en pesos colombianos y no pueda ajustarse automáticamente por cambios anuales en el salario mínimo.

La ministra Helga Rivas comentó: “El precio de la vivienda se acuerda en pesos desde el inicio y no se permitirán cambios de precios por simplemente el paso del año”. Según el texto, solo se permitirían ajustes en caso de variaciones extraordinarias en los costos de insumos, basadas en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICCE) del Dane.

El borrador también establece que el valor máximo de la VIS será, en términos generales, 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a la Ley 388 de 1997 y la Ley 2294 de 2023.

Además, se indica que cualquier contrato deberá especificar de forma clara y verificable el precio total en pesos, sin mecanismos de indexación posteriores.

El exministro José Manuel Restrepo advirtió que la medida podría llevar a que los constructores establezcan desde un principio los precios en el tope máximo permitido. “Hoy solo el 40 % de los proyectos vendidos están en el límite máximo, pronto será el 100 %”, afirmó, señalando que el decreto podría chocar con disposiciones legales actuales.