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La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Colombia ha interpuesto ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad junto con una solicitud urgente de suspensión provisional respecto al Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional estableció el salario mínimo para el año 2026, con un aumento del 23,7%.
El gremio alertó que la medida posee serias deficiencias legales y técnicas, y representa importantes riesgos económicos y sociales para el país.
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Según Fenalco, la decisión tomada por el Gobierno ignora el marco legal y constitucional que regula el establecimiento del salario mínimo en Colombia. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, indicó que el Gobierno ha sustituido de manera arbitraria las variables que deben considerarse según la ley (inflación, productividad, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y participación de los salarios en el ingreso nacional) con el concepto de “salario vital”, que está basado en referencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no son vinculantes en el marco jurídico colombiano.
“El decreto presenta profundas inconsistencias legales al aplicar criterios no establecidos por la ley y al ignorar las variables técnicas necesarias para la determinación del salario mínimo”, afirmó Cabal.
En este contexto, Fenalco también cuestionó la decisión del Gobierno de desestimar la competencia exclusiva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como la entidad técnica responsable de definir y certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), base esencial para medir la inflación en el país.
Una de las principales objeciones del gremio es que el decreto no proporciona una explicación clara, verificable o técnicamente respaldada sobre cómo se pasó de unas variables económicas que, según sus estimaciones, justificaban un ajuste del 6,21%, a un aumento final del 23,7%. Fenalco considera que dicha discrepancia carece de suficientes fundamentos técnicos y cuestiona la transparencia y la seguridad jurídica de la determinación.
Además de la demanda de nulidad, Fenalco ha pedido la suspensión temporal inmediata del decreto, argumentando que su implementación genera efectos irreversibles en la economía nacional. Entre los principales riesgos mencionados se encuentran presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad laboral, impacto directo en el aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.
De acuerdo con las proyecciones del gremio, si se mantiene el aumento decretado, podrían perderse aproximadamente 772.340 empleos en todo el país y cerrar miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que son las más susceptibles a aumentos bruscos en los costos laborales.
“Esta medida no solo pone en peligro la sostenibilidad de las empresas, sino que afecta a los mismos trabajadores, quienes enfrentarán las consecuencias de una mayor inflación y una reducción en las oportunidades de empleo formal”, advirtió Cabal Sanclemente.
Fenalco pidió al Consejo de Estado que declare nulo el Decreto 1469 de 2025 y suspender su aplicación mientras se lleva a cabo el análisis judicial de fondo, con el fin de salvaguardar el interés general, mantener la seguridad jurídica y garantizar la estabilidad económica del país.
“Esto no es una discusión contra los trabajadores, quienes se verán seriamente perjudicados por la inflación resultante de esta medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica de Colombia. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que se priorice el interés general del país por encima de los intereses políticos del Gobierno”, concluyó el presidente de Fenalco.
En un pronunciamiento más amplio, Cabal reiteró que Colombia debe rectificar lo que consideró un “grave error” del presidente Gustavo Petro al decretar el incremento del salario mínimo a finales del año anterior.
“Existen serias inconsistencias legales y económicas, así como consecuencias sociales muy graves. Colombia debe proteger su economía, cuidar de sus trabajadores y empresarios”, afirmó.
Ahora, será el Consejo de Estado el responsable de evaluar la demanda presentada por Fenalco y decidir si procede la suspensión provisional del decreto mientras se resuelve la legalidad de fondo, una decisión que podría influir decisivamente en el panorama económico y laboral del país en 2026.
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