Colombia
Andrés Julián Rendón desafió el decreto de emergencia económica y afirmó que no se aplicará en Antioquia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha rechazado de forma contundente el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno nacional, anunciando que el departamento no lo implementará.
La decisión, realizada el 15 de enero de 2026, se basa en la creencia de que dicha norma impone una carga tributaria desmesurada y vulnera principios constitucionales, lo que llevó a la administración departamental a declarar su inaplicación a través de la excepción de inconstitucionalidad hasta que la Corte Constitucional tome una decisión final.
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La determinación de Andrés Julián Rendón se tomó tras un estudio técnico realizado por el gobierno local de Antioquia.
Según el mandatario, la implementación del referido decreto afectaría considerablemente las finanzas del departamento.
“Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que estableció una carga tributaria injustificada dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no emita un fallo de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro”, afirmó Rendón.
El gobernador argumentó que esta decisión tiene como objetivo proteger la economía del departamento y de sus habitantes mientras la Corte Constitucional revisa el decreto.
Andrés Julián Rendón defendió la figura de la excepción de inconstitucionalidad como un recurso que permite actuar rápidamente en respuesta a actos que puedan comprometer los principios constitucionales.
De acuerdo con el análisis de la administración departamental, la implementación del decreto tendría un impacto desproporcionado sobre la autonomía fiscal de las regiones.
“Para Antioquia, esto representa una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y la Constitución proporciona una herramienta de defensa inmediata ante acciones que exceden los límites constitucionales”, expresó el gobernador.
El decreto, emitido por el presidente Gustavo Petro y redactado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluye una serie de medidas fiscales que se implementarían durante el periodo gravable de 2026.
Entre las disposiciones, se establece un impuesto sobre las ventas del 19% para bienes que están sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, así como aquellos que están bajo el monopolio de los departamentos en la producción de licores destilados.
Además, los juegos de azar exclusivamente operados por internet, ya sean en el país o desde el exterior, también estarían sujetos al impuesto sobre las ventas durante 2026.
El decreto también establece un impuesto sobre el patrimonio para aquellos que posean bienes equivalentes o superiores a cuarenta mil Unidades de Valor Tributario (UVT) a partir del primero de enero de 2026.
El texto normativo incluye un impuesto temporal sobre la extracción de hidrocarburos y carbón, el cual se aplicaría en el momento de la primera venta o exportación, y un impuesto complementario dirigido a aquellos que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes.
Además, se determinan nuevas tarifas para el impuesto al consumo de cigarrillos, tabacos y derivados, estableciendo un componente específico de 11.200 pesos por cada cajetilla de veinte unidades y 891 pesos por cada gramo de picadura, rapé u o chimú.
Andrés Julián Rendón indicó que la recaudación estimada por el decreto no se alinea con los criterios de finalidad y necesidad, por lo que, a su juicio, no justifica el sacrificio económico que demandaría para los ciudadanos y las entidades territoriales.
“La urgencia del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario en Colombia. La Constitución es la norma suprema. Ningún acto administrativo o ley supera nuestra Carta Magna”, enfatizó el gobernador.
Esta postura se da en un contexto en el que otras autoridades regionales también han expresado su desacuerdo con la medida. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que tomaría acciones ante la Corte Constitucional, advertencia sobre las repercusiones económicas y legales para el Distrito y sus residentes.
Mientras la Corte Constitucional determina el futuro del decreto, la Gobernación de Antioquia ha reiterado que no aplicará la norma y continuará defendiendo la autonomía fiscal y el estricto cumplimiento de la Constitución. El departamento justifica su decisión como un medio para proteger los recursos regionales y evitar efectos adversos en la economía local mientras se lleva a cabo el proceso de control constitucional.
