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La salud en Antioquia se encuentra en medio de una tormenta perfecta donde las cifras billonarias de deudas se cruzan con historias desgarradoras de pacientes que han dejado de recibir sus tratamientos vitales.
Lo que comenzó como una preocupación financiera por el flujo de recursos se ha transformado, en palabras de líderes del sector y defensores de pacientes, en una verdadera crisis humanitaria.
La situación es de tal magnitud que el promedio de ocupación de las urgencias en el Valle de Aburrá ya alcanza el 110 por ciento, mientras que en el resto del departamento la cifra se sitúa en un alarmante 108 por ciento.
Crisis en la prestación de servicios de salud Foto:Archivo EL TIEMPO
Gustavo Adolfo Campillo Orozco, presidente de la Fundación Rasa y vocero de Pacientes Colombia, no dudó en calificar este escenario como una “tragedia evitable”.
Según su análisis, existe una génesis clara en esta problemática que se remonta a la intención de inducir una crisis para forzar una reforma al sistema de salud.
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El líder gremial sostuvo que esta estrategia está empujando al país hacia un abismo donde los más vulnerables son quienes pagan el precio más alto.
Campillo informó que la Federación Colombiana de Enfermedades Raras reportó recientemente la caída de 2.563 personas por patologías huérfanas que no recibieron la atención requeridaa pesar de que el Estado había invertido recursos significativos en ellas durante años.
La parálisis en la entrega de medicamentos y la prestación de servicios no distingue patologías.
Escasez de medicamentos Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Pacientes oncológicos de entidades como la Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud —todas bajo intervención— han visto cómo sus sesiones de quimioterapia se interrumpen de forma abrupta.
Esta situación, según el vocero de Pacientes Colombia, no solo representa un riesgo clínico inmediato, sino que constituye una crisis social profunda, afectado a madres cabeza de familia y niños pequeños que quedan desprotegidos ante el avance de la enfermedad.
El impacto llega incluso a la salud pública colectiva, pues se reporta que pacientes con VIH en Antioquia llevan cuatro meses sin tratamiento.
Esto ha provocado que personas que tenían una carga viral indetectable vuelvan a ser transmisoras del virus, echando por tierra años de esfuerzos en prevención y control epidemiológico.
Cifras preocupantes
Deudas a las entidades de salud de Antioquia Foto:Gobernación de Antioquia
Las cifras que maneja la Gobernación de Antioquia respaldan la gravedad del panorama descrito por los pacientes.
Septiembre de 2025, la deuda global con la red de salud del departamento ascendía a la astronómica suma de 8 billones de pesos. Esta cifra se divide entre la red pública, a la que se le adeudan 2 billones de pesos, y la red privada, que soporta una carga de 6 billones de pesos..
En el sector público, las EPS intervenidas deben 1.1 billones de pesos, siendo Savia Salud la entidad con la mayor mora, alcanzando los 486 mil millones de pesos.
Deudas a las entidades de salud de Antioquia Foto:Gobernación de Antioquia
El impacto en los hospitales es severo y directo. En la red pública, el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez encabeza la lista de afectados con una deuda de 208.000 millones de pesos por parte de las EPS intervenidas, seguida por el Hospital Alma Máter de Antioquia con $163.000 millones.
En el sector privado, la situación es aún más crítica para instituciones emblemáticas como la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl en Medellín, a la cual se le adeudan 419.000 millones de pesos, o el Hospital Pablo Tobón Uribe, con una cartera pendiente de 328.000 millones.
Consecuencias
Esta asfixia financiera ha provocado un fenómeno de cierres definitivos de servicios que se ha acelerado de forma alarmante.
Mientras que en 2023 se registraron 622 cierres de servicios, para el año 2025 la cifra se disparó a 877.
Crisis en la prestación de servicios de salud Foto:Archivo EL TIEMPO
Incluso componentes vitales como los bancos de sangre enfrentan una deuda de 26.000 millones de pesos que pone en riesgo la disponibilidad de hemoderivados en el departamento.
Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia ha intentado implementar estrategias de mitigación, invirtiendo 233.000 millones de pesos entre 2024 y 2025 en áreas como infraestructura, saneamiento fiscal y dotación.
Sin embargo, como advierte Campillo Orozco, la crisis trasciende lo financiero y se convierte en un asunto de vida o muerte que requiere una respuesta urgente del Gobierno Nacional y un respeto estricto a las decisiones de la justicia y la Corte Constitucional para evitar que el sistema termine de colapsar definitivamente.
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