Colombia
Capitales y departamentos pidieron a la Corte Constitucional suspender decreto de emergencia económica de Petro: “Elude los límites democráticos”
El 15 de enero de 2025, la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) presentó una solicitud formal a la Corte Constitucional para que se suspenda de inmediato el decreto que el presidente Gustavo Petro emitió para declarar la emergencia económica en el país. La solicitud se basa en los graves y posibles efectos jurídicos que podrían impactar negativamente a los sectores económicos afectados por las medidas fiscales implementadas por dicho decreto, que la asociación considera sin “fundamento constitucional válido”.
El asunto incluye la oposición de los gobernadores departamentales, quienes se negaron a cumplir con una resolución sobre el cobro del impuesto al consumo (impuesto sobre licores y tabacos) que surgió tras la declaración de emergencia. Argumentan que esta normativa podría comprometer las finanzas de las regiones, ya que impactaría directamente impuestos esenciales para los ingresos locales.
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El director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, envió un documento de 11 páginas al magistrado Carlos Camargo, quien es relator del caso ante la Corte Constitucional. En dicha comunicación, pidió la suspensión tanto del decreto que establece la emergencia económica como del que determina medidas fiscales para sostener los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), necesarios para afrontar la situación que justifica el gobierno.
Santamaría, en su carta, argumentó ante la Corte Constitucional que, según el auto 272 de 2023, la suspensión provisional de una norma solo puede llevarse a cabo excepcionalmente cuando hay disposiciones que pueden causar efectos irreversibles o cuya finalidad sea evitar el control constitucional. Asocapitales afirmó que “las motivaciones que justifican el Decreto 1390 de 2025 son manifiestamente inconstitucionales, dado que, como se ha señalado, se trata de situaciones estructurales y de deberes permanentes que el Estado no puede tratar de resolver excediendo los límites constitucionales establecidos para el ejercicio de poderes extraordinarios”.
La organización subrayó ante la Corte la “ausencia total” de hechos perdurables en la justificación del decreto emitido por el gobierno. Según Asocapitales, el Ejecutivo utilizó el “estado de excepción como un mecanismo ordinario de gestión fiscal y presupuestal para evadir límites democráticos”.
La Federación Nacional de Departamentos (FND) anunció que está preparando acciones legales contra el decreto de emergencia económica, que implementó “medidas fiscales para afrontar los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios ante el estado de emergencia declarada por el Decreto 1390 de 2025”.
Los gobernadores advierten que la nueva carga fiscal amenaza la estabilidad financiera de las entidades territoriales, así como la inversión y los recursos destinados a salud, educación y deportes en todas las regiones del país.
“Los gobernadores de Colombia, tras una reunión extraordinaria efectuada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), han expresado unánimemente su inquietud por recientes situaciones que amenazan la gobernanza territorial, la autonomía fiscal de los departamentos y la garantía de los derechos fundamentales en las regiones del país”.
También agregaron: “Los gobernadores solicitarán intervenir ante la Corte Constitucional, para lo cual han conformado una comisión representativa, designando como voceras a las gobernadoras de Tolima, Adriana Magali Matiz, y de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; así como a los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar, y al presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta”.
Por ende, exigieron respeto a la institucionalidad, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmara que los gobernadores estaban dando un mal ejemplo al país.
