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El aumento del salario mínimo para 2026 ya está en vigor y, con él, se activaron discusiones jurídicas, operativas y financieras tanto para empleadores como para trabajadores. Mientras avanzan demandas contra el decreto que fijó el nuevo monto, las empresas deben aplicar el ajuste desde el primero de enero, reorganizar su flujo de caja y al tiempo los trabajadores comienzan a percibir un ingreso nominal más alto desde la primera quincena del año.
Desde el punto de vista legal, el Decreto 1469 de 2025 se encuentra plenamente vigente y produce efectos inmediatos, incluso en medio de acciones judiciales en curso. Así lo explica Juan Daniel Sierra, abogado y líder de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, quien detalla el alcance de las demandas presentadas y las obligaciones actuales de los empleadores frente al pago del salario mínimo.
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De acuerdo con Sierra, las demandas interpuestas contra el decreto del salario mínimo se dividen en dos grandes grupos. “Hay diferentes demandas en contra del Decreto 1469 de 2025 que fijó el salario mínimo, pero básicamente son de dos tipos. Las primeras, son acciones de tutela, y las segundas son acciones de nulidad administrativas”, explicó.
Según el abogado, las acciones de tutela pueden ser decididas en primera y segunda instancia por distintos jueces de la jurisdicción, teniendo como órgano de cierre a la Corte Constitucional. En contraste, las acciones de nulidad administrativa corresponden a la jurisdicción administrativa y su órgano de cierre es el Consejo de Estado. “La manera común de cuestionar la legalidad de un decreto es mediante una acción administrativa de nulidad”, precisó.
Sierra señaló que, en Colombia, puede ocurrir que varios jueces se declaren competentes cuando la controversia involucra derechos fundamentales y no existe otro mecanismo eficaz para evitar un perjuicio irremediable, como el debido proceso. “Esta es la razón por la cual, a grandes rasgos, se interpuso una acción de tutela”, indicó. No obstante, aclaró que los decretos están amparados por el principio de legalidad y “se presumen legales hasta que una autoridad judicial declare que no lo son”.
Desde cuándo se paga el nuevo salario y cómo manejar el retroactivo
En materia de pagos, el abogado de Scola Abogados enfatizó que el decreto rige desde el primero de enero de 2026 y que, en estricto sentido, los trabajadores que devengan salario mínimo ya están causando el nuevo monto. “Los trabajadores de salario mínimo que vienen trabajando desde 1 de enero ya están devengando el salario mínimo”, señaló.
Los trabajadores de salario mínimo ya están devengando desde el 1 de enero. Foto:iStock
Sierra explicó que, dado que en Colombia los pagos suelen realizarse de manera quincenal o mensual, en muchos casos las empresas aún no habían efectuado los primeros desembolsos al momento de entrar en vigor el decreto. “Las empresas a hoy 15 de enero tienen la obligación de pagar el salario mínimo que está rigiendo de acuerdo con el Decreto 1469 de 2025”, afirmó.
Frente a escenarios de tensión de liquidez, indicó que, aunque la obligación es pagar el nuevo salario, “antes que dejar a los trabajadores sin salario, es mejor que paguen una fracción del salario y se pongan al día lo antes posible”. Recordó que la regularidad del pago salarial está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo y que no es recomendable superar un mes entre un pago y otro.
Ingreso de los trabajadores y presión financiera para las pymes
Desde la óptica del ingreso laboral, María Camila López Beltrán, abogada de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, explicó que el ajuste implica que el salario mínimo mensual sea de $1.750.905, al que se suma un auxilio de transporte de $249.095. “Significando ello un ingreso total de $2.000.000 mensuales”, precisó.
López señaló que, en términos nominales, el aumento representa una mayor liquidez para los trabajadores desde la primera quincena del año, lo que puede aliviar presiones inmediatas sobre el gasto del hogar. Sin embargo, advirtió que el efecto sobre el ingreso real dependerá de la evolución de la inflación y del comportamiento de precios en rubros esenciales como alimentos, transporte y servicios públicos.
En el frente empresarial, la abogada subrayó que enero es tradicionalmente un mes de alta presión financiera para las pequeñas y medianas empresas. “El incremento del salario mínimo genera necesidades inmediatas de ajustes no sólo en la nómina, sino en los costos operativos en general”, explicó. El aumento implica mayores aportes a seguridad social, parafiscales y provisiones prestacionales, elevando el costo total por trabajador.
Además, apuntó que el ajuste puede impactar otros rubros asociados a la operación, como contratación de servicios, logística, transporte, turnos de trabajo y horas extras. Esto obliga a las empresas a revisar procesos, eficiencias internas y presupuestos, especialmente en organizaciones con márgenes de maniobra más reducidos.
Sobre la sostenibilidad del incremento en 2026, López afirmó que debe evaluarse de manera integral. Si bien el objetivo es fortalecer el ingreso de los trabajadores, “ello lleva retos implícitos e importantes para la competitividad y estrategia empresarial”, particularmente en sectores con menor capacidad de absorción del mayor costo laboral. Su efecto dependerá del crecimiento económico, la inflación y de la capacidad de las empresas para asumir el ajuste sin trasladarlo a precios o empleo.
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