Así funciona el minucioso protocolo de Medicina Legal para detectar presuntos crímenes del Estado: menores muertos en bombardeos, entre los casos investigados

En el contexto de las recientes controversias en el país sobre episodios de violencia que han resultado en la muerte de al menos 15 menores debido a bombardeos ordenados por el Gobierno de Petro, una institución clave pero tal vez poco valorada tiene un papel fundamental.

El Instituto Nacional de Medicina Legal ha cobrado relevancia en las últimas semanas al ser responsable de proporcionar la cifra oficial de los menores fallecidos en los departamentos de Guaviare y Arauca durante tres bombardeos.

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Sin embargo, surge la pregunta sobre cómo trabaja esta institución para determinar las causas de muerte de estos menores en circunstancias tan particulares, además de muchos otros casos que reciben diariamente en las morgues del país.

El Protocolo de Minnesota, una guía internacional para investigar muertes potencialmente ilegales, se ha consolidado como una herramienta crucial en Colombia para esclarecer casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y muertes bajo custodia estatal.

Carlos Antonio Murillo, subdirector de Servicios Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, explicó en una entrevista con Infobae Colombia cómo se ha adaptado y aplicado este protocolo en el país, particularmente en situaciones sensibles como la muerte de menores en combates e incluso en casos de relevancia nacional, como el asesinato del joven estudiante Jaime Esteban Moreno en Bogotá.

“Un grupo de expertos de todo el mundo se reunió para discutir: ‘¿Cómo se deben investigar estos casos de tortura, ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias?’”, comentó el funcionario.

El subdirector destacó que este protocolo surgió por la preocupación de que en muchos países el propio Estado investigaba muertes en las que podía estar involucrado, despertando dudas sobre la transparencia e imparcialidad de esos procesos.

“El primer principio que se planteó es que debe haber investigaciones independientes. Si un representante del Estado causa ejecuciones extrajudiciales, no puede estar involucrado en la investigación.”, enfatizó.

Desde su introducción en la década de los noventa, la aplicación del Protocolo de Minnesota en Colombia ha evolucionado. Murillo indicó que el Instituto Nacional de Medicina Legal ha tomado las recomendaciones internacionales y las ha adaptado a la realidad del país, creando una guía propia.

“Aplicamos estos casos no solo en los que indica la guía, sino en muchos otros. Nuestro uso del protocolo de Minnesota es bastante amplio.”, declaró.

Este enfoque ha permitido que el país cuente con procedimientos forenses alineados con estándares internacionales, lo que otorga validez a las investigaciones ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Contamos con la autonomía para decidir qué protocolos emplear. No es necesario ningún tipo de orden especial para aplicar estos métodos.”, advirtió el subdirector.

Según Murillo, el Protocolo de Minnesota se aplica a toda persona en detención, muertes en enfrentamientos armados, casos de desapariciones, muertes bajo custodia de autoridades y situaciones con indicios de violencia sexual vinculadas a la muerte.

“En los casos donde más contradicciones encontramos es cuando los padres dicen: ‘No, el niño estaba durmiendo y yo lo dejé en su cama, fui a preparar el desayuno y cuando regresé ya estaba muerto’. Realizamos la necropsia y hallamos traumas recientes, antiguos, fracturas viejas y signos de asfixia. Así que decimos: ‘Los hallazgos no son consistentes con la hipótesis del padre’,” compartió Murillo.

Este enfoque meticuloso también se aplica en casos de alta relevancia, como el del estudiante Jaime Esteban Moreno, donde el rigor del protocolo asegura que cada caso no sea tratado como sencillo, aun en situaciones con supuestas pruebas claras en contra de los culpables.

“Ningún caso es simple. Cada caso lo abordamos como si fuera el más complicado, ya que puede llegar a ser sometido a instancias internacionales.”, enfatizó el subdirector en su conversación con Infobae Colombia.

La diferencia entre una necropsia estándar y una realizada bajo el Protocolo de Minnesota reside en la profundidad y el enfoque interdisciplinario del análisis. Según Murillo, mientras un procedimiento normal requiere solo de la presencia de dos profesionales, en el Protocolo de Minnesota son necesarios al menos seis expertos.

“En estos casos intervienen un médico, un asistente, un toxicólogo, un antropólogo, un genetista entre otros, un grupo de personas que trabajan en conjunto, es un trabajo interdisciplinario”, explicó Murillo.

La documentación es más exhaustiva, con registros fotográficos y radiográficos para dejar evidencia de los traumas encontrados. “Buscamos patrones de lesiones, lesiones ocultas, signos de movilización”, añadió.

La identificación de cuerpos es otro desafío, especialmente en contextos de violencia donde los perpetradores intentan borrar la identidad de sus víctimas. “En Colombia, una de las obligaciones de la necropsia es la identificación. No es opcional, debemos hacerlo. Para que un fiscal autorice la entrega del cuerpo a un familiar, tenemos que enviarle el informe de identificación”, explicó Murillo.

El proceso puede incluir cotejo de huellas, análisis dental y pruebas genéticas, lo que a menudo genera demoras que suelen ser objeto de presión social y mediática.

Respecto a los recursos y capacidades, el subdirector admitió que la violencia en Colombia supera la disponibilidad de personal y tecnología, especialmente fuera de las grandes ciudades.

“Ningún recurso es suficiente ante tanta violencia. A pesar de nuestros esfuerzos, siempre serán insuficientes porque el nivel de violencia es elevado.”, reconoció. Sin embargo, destacó los avances tecnológicos y la experiencia del personal forense colombiano, que han servido como referencia y modelo para otros países de la región.

“Contamos con expertos con una vasta experiencia forense y somos un referente para otros países en el mundo”, concluyó.

La imparcialidad y exhaustividad son fundamentales en el trabajo de Medicina Legal. “Nosotros garantizamos imparcialidad”, aseguró Murillo.

“Un informe del Instituto puede ser útil tanto para la Fiscalía como para la defensa de la persona en juicio. Hacemos informes basados en ciencias forenses, científicos que tienen el mismo resultado para cualquiera que los utilice.”, añadió el subdirector.

Para Murillo, la investigación en profundidad no solo responde a demandas judiciales, sino que también busca ofrecer respuestas a las familias. La búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas y sus seres queridos permanece como el eje central del trabajo forense en Colombia.