Qué es la excepción de inconstitucionalidad, figura a la que los gobernadores acudirán para no aplicar la emergencia económica decretada por Petro

Después de que el Gobierno nacional promulgó un decreto de emergencia económica, aproximadamente 20 gobernadores decidieron no aplicar ciertas disposiciones y considerar mecanismos constitucionales, argumentando que la norma choca con la Constitución y afecta las competencias territoriales, los ingresos departamentales, y los servicios esenciales.

El debate surgió tras conocerse los detalles del decreto, en especial las medidas fiscales que aumentan el impuesto al consumo y elevan el IVA del 5% al 19%. En respuesta, varios líderes departamentales indicaron que invocarían la excepción de inconstitucionalidad.

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Entre los primeros en hacer este anuncio se encuentran el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quienes también llevaron el mensaje a otros gobernadores y funcionarios públicos para que se pronuncien ante la Corte Constitucional.

Según los mandatarios, las medidas del Gobierno representarían “un serio riesgo para la sostenibilidad financiera de las administraciones y su capacidad para proveer servicios esenciales como salud, educación y deporte”, por lo que se consideran justificados en utilizar mecanismos constitucionales.

En este marco, la gobernadora del Tolima aclaró que una porción significativa de los ingresos departamentales proviene de este impuesto: “Cabe recordar que el 47% de los ingresos tributarios de los departamentos proviene de los licores”.

Además, la mandataria subrayó que su decisión no excluye la participación de las autoridades judiciales competentes: “Estamos utilizando las herramientas legales que tenemos actualmente y por ello acudiremos ante la justicia para que sean los órganos relevantes quienes nos den la razón en este asunto”.

Además de Antioquia y Tolima, otros gobernadores de Atlántico, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés y Providencia, Caquetá, Caldas, Quindío y Valle del Cauca también han manifestado su intención de acogerse a esta figura.

La excepción de inconstitucionalidad está contemplada en el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia. Esta norma determina que, en situaciones de incompatibilidad entre la Constitución y otra ley o norma jurídica, deben prevalecer las disposiciones constitucionales.

De acuerdo con la Sentencia T-681 de 2016 de la Corte Constitucional, se trata de un deber que tienen las autoridades de inaplicar una norma en un caso específico para proteger la supremacía de la Constitución. Este mecanismo ha sido descrito por la jurisprudencia como una forma de control constitucional difuso, ya que no se limita a un tribunal, sino que puede ser adoptado por diversas autoridades dentro de los parámetros constitucionales.

La Corte ha señalado que esta facultad puede ejercerse de manera oficiosa o a solicitud en tres situaciones principales: cuando una norma es contraria a la Constitución y no hay un pronunciamiento previo sobre su validez; cuando repite el contenido de otra disposición ya declarada inconstitucional; o cuando, en circunstancias específicas, la aplicación de una norma constitucional produce efectos adversos a los derechos fundamentales.

Sin embargo, respecto a esta figura, el abogado Jaime Santofimio expresó que “la Constitución Política no otorgó el caos como principio para controlar el ejercicio del poder” y que la excepción de inconstitucionalidad no debe ser vista como un mecanismo para alterar la distribución de competencias entre las ramas del poder público. El jurista argumentó que “la excepción de inconstitucionalidad es, como cualquier otra, un recurso extremo que se aplica dentro de los límites de la misma Constitución, respetando las competencias de los jueces y tribunales del país”.