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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, calificó como una vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos el Decreto 1474 de 2025 emitido por el Gobierno Nacional.
La medida establece un aumento del 5 al 19 por ciento en el impuesto al consumo de productos como vinos, licores, aperitivos, cigarrillos y tabaco.
Gobernadores acordaron no aplicar el impuesto mientras esperan decisión de la Corte Constitucional Foto:Gobernación del Valle del Cauca
Según la mandataria, esta decisión —tomada de manera unilateral— impacta directamente las finanzas territoriales, restando recursos esenciales para programas sociales como la alimentación escolar y la infraestructura sanitaria.
Impacto financiero y riesgo para programas sociales.
De acuerdo con las proyecciones iniciales, el Valle del Cauca dejaría de percibir cerca de 800.000 millones de pesos, recursos que pasarían a la cartera del Gobierno Nacional.
La mandataria enfatizó que esta disminución presupuestal afecta directamente la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la garantía de servicios de salud.
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“Estamos reclamando los derechos de nuestros ciudadanos y diciéndole al Gobierno que reflexione, porque el impacto va a ser enorme para la gente”, señaló Toro.
La mandataria insistió en que las rentas cedidas tienen un carácter constitucional y que un decreto no puede retirar recursos que ya han sido asignados legalmente a los departamentos.
Según la mandataria, la entrega del PAE se vería seriamente afectada. Foto:cortesia
Acciones legales y defensa de la autonomía regional
Ante esta situación, un bloque de 17 gobernadores de Colombia ha anunciado acciones legales conjuntas. El plan de defensa jurídica incluye la interposición de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y la presentación de tutelas individuales para proteger los derechos fundamentales que dependen de estas rentas.
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La gobernadora del Valle aseguró que la administración departamental se acogerá a la excepcionalidad constitucional para no aplicar la medida, argumentando la defensa de la autonomía fiscal de los territorios.
Consecuencias económicas y aumento del contrabando
Además del incumplimiento de las arcas regionales, las autoridades advierten sobre un impacto negativo en el mercado legal. Se estima que el incremento impositivo podría elevar el precio final de productos como el aguardiente entre un 30 % y un 40 %.
Este escenario, según los mandatarios, representa un incentivo directo para el contrabando y el comercio ilegal, fenómenos que ya afectan el recaudo actual en el país.
Para la mandataria, el aumento del impuesto podría aumentar el contrabando de licores y cigarrillos. Foto:Suministrada.
Para buscar una salida concertada, se ha programado una reunión entre los gobernadores y el Ministro de Hacienda el próximo lunes 19 de enero, donde se expondrán formalmente las preocupaciones técnicas y sociales frente al decreto.
Así reaccionó el Gobierno Nacional
En medio de la polémica, el Gobierno Nacional rechazó la actitud de los mandatarios regionales. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los gobernadores están dando “mal ejemplo”.
“Es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley. La Corte Constitucional es quien tiene esa función; si ellos dicen que no se acate la ley están usurpando las funciones de la Corte Constitucional. Por otro lado, puede haber prevaricato al no acatar la ley y también podrían ellos responder con sus propios bienes y sus recursos lo que se pretende recoger de los impuestos que se están poniendo.“, dijo el jefe de la cartera política.
Con el Gobierno Nacional busca que las medidas sean concertadas con las regiones. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo / Presidencia
Además, El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, anunció acciones legales contra los gobernadores.
“Un exabrupto jurídico ese anuncio. De cómo materialicen en cada gobernación con los actos administrativos concretos la decisión que anuncian, se desprenderán las acciones jurídicas del gobierno.
Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Gobernación del Valle del Cauca. Además, contó con la revisión de un periodista y un editor.
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