Persisten denuncias por presunto negocio familiar en la reducción de comparendos en el tránsito de Bucaramanga

Una denuncia pública sobre un posible conflicto de intereses en las oficinas de tránsito de Bucaramanga y su área metropolitana ha captado atención en la región. Este señalamiento proviene del exconcejal de Bucaramanga, Carlos Felipe Parra, respaldado por el congresista Cristian Avendaño, quienes alertaron sobre la presunta conexión entre agentes de tránsito y una empresa privada que ofrece la reducción de comparendos mediante cursos pedagógicos.

De acuerdo con la información compartida, varios miembros de una misma familia estarían vinculados a roles públicos en tránsito y a esta empresa privada, lo que podría comprometer la imparcialidad en la aplicación de sanciones a los conductores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia indica que en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca habría una red de relaciones familiares entre los agentes de tránsito que operan en diversas dependencias del área metropolitana.

Según Carlos Felipe Parra, cuatro hermanos y otros familiares estarían trabajando al mismo tiempo en las principales oficinas de tránsito, lo que facilitaría, según su versión, una conexión directa entre la sanción de comparendos y su posterior reducción a través de una empresa privada.

El exconcejal advirtió que, de confirmarse esta situación, se configuraría un conflicto de intereses, ya que los funcionarios públicos no deberían beneficiarse de las sanciones que imponen en función de su trabajo.

Entre los nombres mencionados por Parra se encuentran:

• John Cristian (o John David) Cristancho Blanco, agente de tránsito en Girón, a quien se le atribuye la imposición de más de 800 comparendos. Según la denuncia, muchos de estos habrían sido por presuntas infracciones de estacionamiento y, en varios casos, sin una notificación adecuada a los conductores.
• Diego Cristancho Blanco, agente de tránsito en Piedecuesta y representante legal de la empresa Intraserial, entidad autorizada para dictar cursos de seguridad vial.
• Otros hermanos y familiares que, según el exconcejal, trabajan en oficinas de tránsito de Bucaramanga y Floridablanca, lo que ampliaría el alcance del presunto esquema en toda el área metropolitana.

La empresa Intraserial es citada en la denuncia como un actor clave. Su función oficial es dictar cursos pedagógicos de seguridad vial, lo que permite a los infractores acceder a una reducción del 50% en el valor de los comparendos, de acuerdo a la normativa vigente.

Sin embargo, Parra ha manifestado que, en la práctica, se estaría ofreciendo a los ciudadanos una alternativa distinta a la establecida por la ley: el pago de 30 mil pesos para evitar la realización de dichos cursos.

Según la denuncia, esta dinámica habría provocado que los comparendos impuestos por agentes de tránsito en horas de la mañana sean, posteriormente, reducidos a través de una empresa relacionada con sus propios familiares, lo que implicaría un beneficio económico directo.

El exconcejal afirmó que cientos de conductores podrían haber sido afectados por comparendos aparentemente arbitrarios, especialmente relacionados con el estacionamiento.

Además, mencionó la existencia de videos ciudadanos que mostrarían a agentes imponiendo sanciones fuera de su jurisdicción y en horarios no laborales, hechos que, de confirmarse, podrían constituir irregularidades administrativas.

Ante El Tiempo, Parra también denunció que, al intentar entrevistar a los agentes implicados, fue víctima de intimidaciones verbales y amenazas de muerte por parte de un alférez de Girón.

De acuerdo con su relato, la situación requirió la intervención de la Policía, reflejando el nivel de tensión que rodea el caso y los riesgos asociados con las denuncias públicas.

En respuesta a las acusaciones, uno de los alféreces mencionados ofreció su versión al diario El Tiempo. En su declaración, afirmó que los más de 800 comparendos citados no corresponden a un periodo corto, sino a un tiempo prolongado de trabajo, y sostuvo que fueron impuestos de acuerdo a la normativa y dentro de los tiempos legales.

Sobre la empresa Intraserial, aseguró que se trata de una compañía legalmente constituida en otro municipio, distinto al de su ejercicio como funcionario público, y negó la existencia de un conflicto de intereses entre su función como agente de tránsito y la operación de la empresa.

El alférez también rechazó categóricamente que se realicen cobros adicionales para eludir los cursos de seguridad vial, y aseguró que desde el 5 de diciembre los comparendos corresponden a otra empresa diferente.

Finalmente, informó que él y su familia también han sido objeto de amenazas de muerte, expresando preocupación por su seguridad, mientras el caso sigue siendo objeto de atención pública y peticiones de esclarecimiento por parte de la comunidad.