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En entrevista, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se refirió a las expectativas del Gobierno Nacional frente al panorama en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de Estados Unidos de liderar la transición de este país.
También habló de los temas que han causado preocupación en el sector, como el precio diferencial del diésel para vehículos particulares y el cobro adicional de 8 pesos por kilovatio hora para pagar las deudas de Air-e.
“Hemos abierto este debate como una medida transitoria que administraría la Creg para evitar un riesgo sistémico y contribuir a la prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano”, destacó el funcionario.
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Foto:iStock
¿Qué oportunidades se abren para Colombia con la situación actual de Venezuela?
Todavía sigue siendo muy incierto todo. El Gobierno de Estados Unidos está llamando a todas las petroleras para que inviertan, pero más de una empresa ha señalado que todavía no hay seguridad jurídica.
En este nuevo diálogo tripartito que se está abriendo, para nosotros son muy importantes temas como el gas natural y el GLP. También hay oportunidades de reanudar la interconexión eléctrica con Venezuela.
Hay grandes oportunidades que las hemos venido explorando, incluso en el marco de la administración pasada de Venezuela; pero siempre se atravesaban las sanciones de la Ofac.
Pareciera que hoy en día ese ya no debería ser el problema. Ojalá pudiese habilitarse la importación de gas en beneficio de Venezuela y Colombia.
Esta nueva situación geopolítica cambia todo el panorama de abastecimiento de gas para Colombia, porque todo el mundo decía que era absolutamente imposible en Venezuela.
Esta es una muy buena oportunidad que estará en la agenda prioritaria de este diálogo tripartito entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela.
¿Cómo avanza la reparación del gasoducto Antonio Ricaurte?
La administración de PDVSA había señalado que necesitaba realizar unos ajustes técnicos del lado venezolano y que estos ya estaban listos. En el lado colombiano faltaba la reparación de aproximadamente 4,7 kilómetros del gasoducto.
El problema era quién iba a hacer esta reparación. Ese gasoducto es de propiedad de PDVSA y nadie podía hacer un convenio con esta compañía a menos que tuviera un permiso de la Ofac.
Si este panorama cambia, será más fácil reparar ese gasoducto en un lapso de 2 o 3 meses, siempre que haya mano de obra intensiva y se den las condiciones en territorio colombiano. Yo creo que están dadas, porque lo único que está en discusión es un problema de licenciamiento ambiental.
La reparación puede costar entre 20 y 30 millones de dólares y sería muy rápida para reactivar este gasoducto. Esto era lo que estaba previsto antes de todo lo que pasó hace unos días. Será objeto de análisis entre los países si esto cobra vigencia o no.
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Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto:Ministerio de Minas y Energía
¿Qué avances se han tenido para reanudar la interconexión eléctrica con Venezuela?
Nosotros hemos estado abriendo la posibilidad de volver a exportar energía eléctrica a Venezuela, pero se ha atravesado la falta de una licencia de la Ofac.
Esta posibilidad también se paró un poco por la decisión de ISA de vender la bahía, y luego EPM hizo lo mismo con la línea de transmisión.
Existen grandes oportunidades que pueden revitalizar el sistema energético de ambos países, sin mencionar las grandes apuestas que hay alrededor, por ejemplo, de la minería estratégica y la transición energética.
Hay aspectos técnicos que nos permitirían avanzar muy rápidamente en la exportación de energía; quizá no en la cantidad que requieren Venezuela ni Colombia, pero lo importante es que comience a fluir la energía.
¿Por qué los usuarios deberán asumir la deuda de Air-e cuando es una responsabilidad de la Superservicios?
Ese cobro adicional de 8 pesos por kilovatio hora se plantea como una medida de confiabilidad porque lo que suceda con Air-e repercute en todo el país.
Si no se asumen esas deudas, que generalmente son con generadoras y transportadoras de energía, puede llegarse a parar no solamente la región Caribe, sino otras partes del país.
Por distintas vías hemos intentado saldar las deudas de la opción tarifaria y capitalizar el Fondo Empresarial, pero no ha habido una salida posible en el Congreso de la República porque se ha optado por el todo o por el nada.
Hemos abierto este debate como una medida transitoria que administraría la Creg para evitar un riesgo sistémico y contribuir a la prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano, particularmente para 1,4 millones de usuarios de tres departamentos.
¿No es mejor que la Superservicios tramite un crédito?
Entiendo que la Superservicios ha adelantado esas gestiones, pero también estamos en una difícil situación fiscal que es de público conocimiento.
Vale la pena recordar que a Electricaribe le inyectaron más de 12 billones de pesos que al cabo de tres años se perdieron; eso lo pagamos todos los colombianos porque salió del Presupuesto General de la Nación.
Nuestra medida, insisto, es muy pequeña y, sobre todo, temporal para solucionar un problema que aqueja a 1,4 millones de usuarios. El problema en la prestación del servicio de energía en el Caribe no es solo de los caribeños; es un problema nacional.
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Foto:X: @Aire_Energia
¿Cuánto esperan recaudar por este recargo de 8 pesos por kilovatio hora?
Cerca de 750.000 millones de pesos al año, pero la iniciativa que hemos planteado puede cambiar. Al final hay que proponer algo, pues lo peor que puede pasar para la región, las empresas y el país es que no hagamos nada; nadie quiere que haya un riesgo sistémico en el sector eléctrico.
La Creg debe reglamentar esta medida y definir cómo se administraría, por cuánto tiempo, de qué manera se realizaría el retorno y cómo sería la distribución de los recursos.
¿El ministerio está usurpando las funciones de la Creg al tomar esta medida?
Nosotros hemos respetado las competencias. Una cosa es lo que dicta el ministerio en materia de política pública, como en este caso, y otra muy distinta es la reglamentación que hará la Creg.
Hemos tratado de ser muy cuidadosos y, hasta ahora, todas las medidas han buscado respetar las competencias de cada autoridad.
¿Es mejor liquidar a Air-e y buscar un nuevo operador?
Esa es una decisión que le corresponde a la Superservicios. Si fuera por mí, yo liquidaría esa compañía y trasladaría los activos a otro operador, que podría ser una empresa pública como Gecelca.
La administración temporal de Air-e con fines liquidatorios no puede ser eterna, porque el mercado eléctrico requiere señales de certeza para saber cómo jugar.
¿Habrá ajustes de la subasta de cargo por confiabilidad para incentivar una mayor participación?
Nos tocó correr un poco el calendario, precisamente porque se hicieron los ajustes correspondientes para que la subasta sea un total éxito. Hemos hecho los cambios de acuerdo con lo que consideramos pertinente.
Las discusiones giraron en torno a dos resoluciones de la Creg. La 066 de 2025 no la tocamos; solo se hicieron modificaciones en la 069 que han sido bien recibidas por el mercado. Esto hará que la subasta sea un éxito.
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¿Cómo se cobrará ese precio diferencial del diésel en las estaciones de servicio?
El problema de ese decreto es la implementación, aunque consideramos que se trata de un desafío tecnológico. Actualmente contamos con inteligencia artificial, tecnología y bases de datos.
Creemos que cruzar los registros del Runt con el Sicom y otras fuentes de datos nos permitirá aplicar correctamente la medida. Además, las estaciones de servicio y sus gremios están comprometidos con esta decisión.
La idea es que aparezcan distintas iniciativas de cómo aplicar esta medida porque es un bien para el país. Esto significará un ahorro anual de 600.000 millones de pesos, ya que se dejarán de pagar subsidios a la gente que más recursos tiene.
¿No es mejor implementar un incremento general del precio del diésel de manera paulatina?
Un aumento generalizado impactaría el transporte público y el de carga, además de generar inflación. Eso tiene un impacto social, político, y más en coyunturas electorales complejas.
Hay que hacer un desmonte gradual de esos subsidios para mitigar los impactos fiscales que nos han dejado. Por eso emitiremos un decreto para la industria; esperamos que el Presidente lo firme pronto.
Curiosamente, las industrias aumentaron su demanda en los últimos años y ese diésel también lo están subsidiando todos los colombianos. Eso no tiene ningún sentido.
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