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Colombia se está endeudando a un ritmo que no tiene precedentes en su historia fiscal reciente. En un día, el Gobierno tomó prestado esta semana lo mismo que fue necesario con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la pandemia, pero a un costo muy superior. Las cifras oficiales y las advertencias de analistas muestran además que, en menos de cuatro años, el país acumuló un volumen de deuda nueva que supera incluso el de gobiernos que enfrentaron choques extraordinarios.
Cálculos de los analistas apuntan a que la deuda pública ha aumentado en cerca de 400 billones de pesos en el actual Gobierno, un monto que no registra antecedentes, ni siquiera en los años del covid-19. Al mismo tiempo, el déficit fiscal no se está reduciendo. Por el contrario, apunta a cerrar 2025 en niveles históricamente altos, cercanos al 7 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras el gasto sigue creciendo y la estructura del presupuesto se vuelve cada vez más rígida, advierten expertos.
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Detrás de estas cifras hay una señal que inquieta a los mercados: Colombia se está financiando más, costoso y, en varios casos, a plazos más cortos, trasladando riesgos significativos hacia el futuro. La deuda no solo crece; se encarece. Y ese costo no lo paga el Estado en abstracto, sino los contribuyentes presentes y futuros.
Todo esto mientras en su discurso público y en sus trinos el presidente Gustavo Petro tiene como uno de sus caballitos de batalla el supuesto mal manejo de la deuda por anteriores gobiernos, especialmente en pandemia.
Dicho en palabras claras: Colombia entró en una fase inédita de endeudamiento, emisiones externas récord, un déficit fiscal que se acerca al 7 por ciento del PIB, sin pandemia ni choque externo que lo justifique. Mientras el país paga intereses cada vez más altos, el margen para gasto social y crecimiento se reduce. Con ese panorama, sin disciplina fiscal y un ajuste estructural, la factura llegará con más impuestos, menos inversión y un país financieramente más frágil.
Colombia entró en una fase inédita de endeudamiento con emisiones externas récord. Foto:EL TIEMPO / Cortesía
Un ejercicio realizado por Luis Alberto Rodríguez, exviceministro técnico de Hacienda sobre emisiones de bonos externos de los últimos gobiernos ilustra con claridad el punto de quiebre. En poco más de tres años, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha emitido 27.115 millones de dólares en bonos internacionales, una cifra que supera ampliamente lo colocado por administraciones anteriores, incluso aquellas que gobernaron durante ocho años completos.
Para dimensionarlo: Álvaro Uribe, en dos periodos, emitió cerca de 15.857 millones de dólares; Juan Manuel Santos, 19.051 millones; e Iván Duque, en un solo mandato marcado por la pandemia, alrededor de 15.183 millones.
Pero el problema no es solo el monto acumulado. También cambió la frecuencia y el tamaño de las operaciones. Las emisiones dejaron de ser eventos puntuales y se convirtieron —según los analistas— en una práctica recurrente, con colocaciones cada vez más grandes. El punto culminante se dio el 13 de enero de 2026, cuando Colombia salió al mercado internacional con una emisión por 4.950 millones de dólares, la más alta realizada por el país en una sola operación en lo que va del siglo XXI.
Otra operación de enorme cuantía —cercana a los 6.000 millones de dólares— se realizó a finales de 2025, cuando el Gobierno asignó de manera directa un paquete de Títulos de Tesorería (TES) a Pacific Investment Management Company (Pimco), uno de los mayores gestores de inversión globales. La transacción generó fuertes críticas, principalmente por el mecanismo utilizado.
Un ejercicio realizado por Luis Alberto Rodríguez, exviceministro técnico de Hacienda, sobre emisiones de bonos externos de los últimos gobiernos ilustra con claridad el punto de quiebre. En poco más de tres años, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha emitido 27.115 millones de dólares frente a los 15.857 millones de Álvaro Uribe, en dos periodos; los 19.051 millones de Juan Manuel Santos y los 15.183 millones de Iván Duque, en un solo mandato marcado por la pandemia.
En poco más de 3 años, el Gobierno de Petro ha emitido deuda por 27.115 millones de dólares. Foto:iStock
Pero el problema no es solo el monto acumulado. También cambió la frecuencia y el tamaño de las operaciones. Las emisiones dejaron de ser eventos puntuales y se convirtieron —según los analistas— en una práctica recurrente, con colocaciones cada vez más grandes. El punto culminante se dio el 13 de enero pasado, cuando Colombia salió al mercado internacional con una emisión por 4.950 millones de dólares, la más alta realizada por el país en una sola operación en lo que va del siglo XXI.
Otra operación de enorme cuantía que dimensiona la actual coyuntura —cercana a los 6.000 millones de dólares— se realizó a finales de 2025, cuando el Gobierno asignó de manera directa un paquete de Títulos de Tesorería (TES) a Pacific Investment Management Company (Pimco), uno de los mayores gestores de inversión globales, lo cual generó fuertes críticas, principalmente, por el mecanismo utilizado.
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Colombia acudió al mercado con una operación excepcionalmente grande, en un momento de tasas elevadas y con una percepción de riesgo país al alza, coinciden los analistas del mercado.
Escenarios diferentes
Aunque la línea de crédito que Colombia recibió del FMI durante la pandemia es hoy un punto de referencia para dimensionar el problema de endeudamiento que se está sembrando, se trata de realidades que hay que diferenciar bien.
Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se ha señalado que, aunque los montos puedan parecer similares, no es lo mismo un crédito del FMI que una emisión de deuda en los mercados internacionales (ver nota anexa). El primero fue un financiamiento excepcional, otorgado en condiciones concesionales, diseñado para enfrentar una crisis sin precedentes y con un esquema de pagos de corto plazo. El segundo es una operación de mercado, a tasas más altas, sujeta a la percepción de riesgo del país y al comportamiento de los inversionistas.
En términos simples, mientras el crédito del FMI respondió a una emergencia extraordinaria, el endeudamiento actual responde a una brecha fiscal estructural y a un presupuesto que no logra financiarse con ingresos permanentes.
Más deuda, menos confianza
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, hoy rector de la Universidad EIA, advierte que es falso que el déficit fiscal esté bajando o que la deuda se esté reduciendo. Por el contrario, señala que 2025 podría cerrar como el año con el déficit más alto de la historia del país.
“No nos estamos endeudando más barato, sino más caro”, sostiene. Según sus cálculos, el costo de los intereses de la deuda local ha aumentado más de 50 por ciento frente a 2022, mientras que el de la deuda internacional creció más de 35 por ciento en el mismo periodo. Hoy, añade, Colombia se endeuda en dólares a 10 años a tasas 15 por ciento más altas que Brasil, 43 por ciento más elevadas que Chile y 49 por ciento más altas que México.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Crédito Público, hoy rector de la EIA. Foto:Cortesía
Para Restrepo, estas cifras reflejan una pérdida evidente de confianza. “Si la confianza estuviera mejorando, la inversión extranjera directa estaría aumentando. Está pasando exactamente lo contrario”, afirma.
Problema de fondo
Una fuente cercana al equipo económico del Gobierno, que pidió reserva de su nombre, explica que uno de los cambios más delicados del momento actual es la monetización de la deuda externa. Tradicionalmente, los dólares obtenidos en emisiones externas se usaban para pagar obligaciones en esa misma moneda. Hoy, en cambio, los recursos se están trayendo al país para completar caja.
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“Esto no se hacía antes, ni siquiera en gobiernos recientes. La deuda en dólares se está monetizando y eso tiene efectos sobre la tasa de cambio y la inflación”, señala. Aunque la deuda externa puede parecer menos costosa, la deuda interna (TES) se está pagando a tasas del 11 y 12 por ciento, elevando significativamente el costo financiero total.
Los impactos de esa estrategia comienzan a aflorar con fuerza. Buena parte del desplome de la tasa de cambio se debe, precisamente, a las monetizaciones recientes producto de la colocación de deuda en el exterior. La TRM vigente hasta el lunes es 3.700.05 pesos, pero alcanzó niveles esta semana de 3.663, no vistos desde mediados del 2021.
La TRM vigente hasta el lunes es 3.700.05 pesos, pero alcanzó niveles esta semana de 3.663 pesos. Foto:Jeon Heon-Kyun. EFE
Durante 2024 y comienzos de 2025, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advertía que el deterioro fiscal era preocupante, pero aún corregible si el Gobierno ajustaba el gasto y retomaba una senda creíble de consolidación. Sus escenarios asumían que la deuda, aunque elevada, no entraría en una dinámica explosiva. Hoy, ese supuesto luce cada vez más lejano.
El propio CARF reconoció que el déficit fiscal de 2025 será más alto de lo previsto inicialmente, cercano al 7,1 por ciento del PIB, y que la suspensión de la regla fiscal eliminó el principal ancla institucional para corregir desviaciones. Lo que se esperaba como una corrección gradual se transformó en una dependencia creciente del endeudamiento.
El Gobierno Petro está adentrándose en una orgía de endeudamiento para financiar gasto corriente, no inversión productiva.
juan camilo restrepoExministro de Minas, de Hacienda y de Agrucultura.
Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, Minas y Agricultura lo resume así: “Se están empezando a ver las consecuencias de haber suspendido arbitrariamente la regla fiscal. Ya no hay barreras de buen juicio para endeudarse”. En su concepto, “el Gobierno Petro está adentrándose en una orgía de endeudamiento para financiar gasto corriente, no inversión productiva, cuyos costos pagará el próximo gobierno y las nuevas generaciones”
Juan Camilo Restrepo, exministro de Minas, de Hacienda y de Agricultura. Foto:Archivo particular
Más impuestos
Las consecuencias ya no son una hipótesis. Juan Alberto Londoño, exviceministro General de Hacienda, advierte que la deuda acumulada tendrá que pagarse con más impuestos. “No existe otra manera”, afirma. Además, el mayor riesgo fiscal obligará al Banco de la República a mantener o subir tasas, encareciendo el crédito para hogares y empresas.
“El fenómeno de desplazamiento es inevitable: recursos que podrían destinarse a programas sociales terminarán en el pago de la deuda pública”, señala.
Un diagnóstico coincide con el de la fuente cercana al equipo económico del Gobierno, quien reconoce que hoy una cuarta parte del presupuesto ya se destina al servicio de la deuda. “Si seguimos así, más adelante será un tercio o incluso la mitad. Y eso obligará a un ajuste mucho más grande, acompañado de una nueva reforma tributaria”, señala.
Juan Alberto Londoño, exviceministro General de Hacienda y Crédito Público. Foto:Nicolás Galeano. Presidencia de la República
No es una visión exclusiva de los analistas del mercado y exministros de Hacienda, los empresarios también ven con preocupación la dinámica de endeudamiento que trae el Gobierno y que más temprano que tarde se trasladará al bolsillo de millones de colombianos.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, pone el énfasis en el impacto macroeconómico. “De cada 100 pesos que gasta hoy el Estado, cerca de 26 se van a pagar intereses”, recuerda. Para el dirigente gremial, ese dato explica por qué Colombia se financia cada vez más caro y por qué las calificadoras han reaccionado con rebajas y perspectivas negativas.
“El endeudamiento es tan grande que los impuestos que pagamos todos, ciudadanos y empresas, uno de cada cuatro pesos se va a pagar intereses. Eso no es sostenible”, advierte. Y añade: el esfuerzo que no se hizo ahora —controlar el gasto— se trasladó al futuro.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, gremio de los empresarios del país. Foto:Andi
José Manuel Restrepo coincide en que las consecuencias ya están en marcha. “Cuando un país se endeuda más caro y a corto plazo, no está gestionando el riesgo: le está pateando el problema al siguiente gobierno”, afirma. A su juicio, el argumento de que hay apetito del mercado es engañoso: “Obvio que hay oferta cuando se pagan tasas 50 por ciento más altas. Eso no significa confianza, significa oportunidad para quien presta”.
El endeudamiento es tan grande que los impuestos que pagamos todos, ciudadanos y empresas, uno de cada cuatro pesos se va a pagar intereses. Eso no es sostenible.
bruce mac masterPresidente de la Andi
Posibles salidas
María Claudia Lacouture sintetiza el impacto final: “Más deuda cara hoy, pero menos recursos mañana”. Para ella, el país volvió a niveles de presión fiscal altos sin una emergencia que lo justifique. El resultado es un presupuesto cada vez más orientado a funcionamiento y compromisos rígidos, con menor espacio para inversión productiva, empleo y crecimiento.
La vocera gremial recordó, además, que producto de esa situación S&P bajó a BB (negativa) y Fitch a BB la calificación de Colombia. “Traducción simple: hay menos confianza y financiarse se vuelve mucho más costoso para el país y los colombianos”, insiste.
“La salida no es discurso ni declaratorias de emergencia: es gestión”, señala. Austeridad, un plan fiscal creíble, reglas estables y un manejo prudente de la deuda son, en su concepto, las únicas vías para evitar que el ajuste termine recayendo de manera desordenada sobre los ciudadanos.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.
Foto:AmCham Colombia
Para los expertos consultados, Colombia aún tiene opciones, pero cada emisión adicional, cada mes sin correcciones y cada punto extra de déficit reducen el margen para decidir cómo ajustar. La deuda, por ahora, compra tiempo. El problema es a qué precio y quién terminará pagándolo.
La factura fiscal se está acumulando en silencio. Y, como coinciden la mayoría de los consultados, no será el Estado abstracto quien la pague, sino los ciudadanos, con menos recursos, más impuestos y un crecimiento más lento si no se toman decisiones pronto.
El problema es que tanto el tiempo como el espacio se están acotando. “Con una deuda cercana al 55 por ciento del PIB y aún 31.000 millones de dólares disponibles en cupos de endeudamiento, el país está al límite. Esto exige decisiones de fondo y no medidas improvisadas”, alerta Henry Amorocho, docente de la Universidad del Rosario y experto en Hacienda Pública y tributación.
Henry Amorocho, profesor y consultor en temas de hacienda pública de la Universidad del Rosario. Foto:Cortesía.
Pese a ello, está convencido de que Colombia todavía tiene margen para enderezar su rumbo fiscal.
“Si se retoma la disciplina fiscal, se elimina la cláusula de escape y se avanza en una reforma estructural por el lado del ingreso y del gasto, Colombia podría empezar a normalizar su situación entre 2026 y 2028”.
En su opinión, el objetivo central debe ser volver a una senda de sostenibilidad que recupere la confianza inversionista y permita que el crecimiento económico haga su parte en la corrección del desbalance fiscal.
“El crecimiento debe volver a ser la principal palanca para mejorar las finanzas públicas, favoreciendo la inversión y elevando la productividad”, advierte. Sin embargo, introduce una condición clave: ese escenario solo es viable si el ajuste es integral y creíble.
La visión que se tiene desde la academia
Para Henry Amorocho, consultor y profesor de la Universidad del Rosario, la velocidad a la que está creciendo la deuda pública externa de Colombia ya encendió varias luces rojas. Alcanzó los 145.430 millones de dólares al cierre de octubre de 2025, con un crecimiento del 10,45 por ciento.
Esto significa que la deuda está creciendo más del doble del IPC y más de tres veces el PIB, que ronda el 2,8 por ciento.
“El problema de fondo es el uso de esa deuda. Hoy no nos estamos endeudando para crecer, sino para pagar deuda previa y cubrir gasto corriente. El gasto de funcionamiento crece más del 23 por ciento, mientras que la inversión apenas alrededor del 9 por ciento. Eso genera un bache fiscal serio, porque sin inversión no hay crecimiento sostenible”, explica el docente.
Advierte que, solo entre diciembre y enero, se han utilizado 9.000 millones de dólares del cupo aprobado, es decir, más del 20 por ciento, en un período en el que no hay nuevo gasto público, lo que indica que los recursos se están usando para cubrir rezagos, déficit fiscal y problemas de caja.
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