[ad_1]
El 1 de enero de 2024, Andrés Julián Rendón asumió como nuevo gobernador de Antioquia, después de ser elegido en las elecciones regionales de octubre de 2023, donde logró cerca de un millón de votos.
Desde ese momento, el mandatario departamental ha tenido diversos enfrentamientos con varias directrices emitidas por el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro.
Ahora puedes seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El acontecimiento más reciente se produjo en enero de 2026, cuando el gobernador antioqueño encabezó una campaña de desobediencia civil junto a otros 17 gobernadores del país, alejándose de los decretos establecidos por el Ejecutivo después de la declaratoria de emergencia económica en diciembre de 2025, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
En declaraciones a los medios, Rendón afirmó que su decisión se respaldaba en la excepción de inconstitucionalidad, como se detalla en el artículo 4 de la Constitución Política, mostrando su desacuerdo con las medidas tributarias impulsadas por el Gobierno Petro, incluido el impuesto a licores y cigarrillos, que, según Rendón, implicarían pérdidas millonarias para la región.
“Para Antioquia, esto representa una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones, y la Constitución nos proporciona una herramienta de defensa inmediata contra actos que exceden los límites constitucionales”, resaltó el gobernador.
El Ejecutivo se pronunció con firmeza respecto a la postura de los gobernadores, sin descartar acciones legales contra los funcionarios departamentales que declararon su desobediencia a los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro.
“¡Ese anuncio es un exabrupto jurídico! Las acciones legales del gobierno dependerán de cómo materialicen en cada gobernación los actos administrativos concretos relacionados con esa decisión”, expresó el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga.
Mientras el Gobierno Nacional defiende la emergencia como “indispensable” para la estabilidad económica, los gobernadores han solicitado audiencias ante la Corte Constitucional para demostrar el “daño irreparable” a las regiones.
El primer conflicto entre el Gobierno Petro y la Gobernación de Rendón se centró en las obras viales estratégicas de Antioquia, cuando el gobernador Andrés Julián Rendón, en marzo de 2024, inició la recolecta ciudadana conocida como la “Vaca por las vías 4G”.
El objetivo era recaudar un billón de pesos para financiar proyectos cruciales de conectividad, como el Túnel del Toyo, ante la negativa del Gobierno Nacional de proporcionar los fondos necesarios.
Este esfuerzo culminó el 31 de diciembre de 2024 con una contabilización de $6.000 millones de pesos —lo que representa solo el 0,6% del objetivo original, según datos oficiales de la Gobernación.
Sin embargo, el gobernador devolvió parte de las contribuciones, mencionando que estas fueron realizadas por varios congresistas, siendo que la legislación colombiana alerta sobre el riesgo de “pérdida de investidura” para miembros del Congreso que participen en actividades financieras de esta índole.
La controversia entre los gobiernos regional y nacional aumentó la atención mediática sobre la colecta. El presidente Gustavo Petro solicitó la paralización de la campaña al advertir sobre “el riesgo de infiltración de dinero del narcotráfico”, tras supuestos rumores acerca de una donación de diez millones de pesos por parte de grupos armados como el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Andrés Julián Rendón defendió que la plataforma tecnológica utilizada implementó filtros bancarios y controles virtuales, lo que permitió rastrear el origen de los fondos y garantizar su transparencia. El mandatario agregó que “las vías 4G no son para los ricos, sino para mejorar la conectividad en todo el país”, particularmente hacia el puerto de Urabá.
La cuestión que ha generado más diferencias entre ambos líderes es la seguridad y el orden público en el departamento de Antioquia.
Mientras el presidente aboga por la “paz total” a través de diálogos y cese al fuego con organizaciones al margen de la ley, el gobernador prioriza una política de “mano firme” enfocada en el control territorial y la lucha contra el microtráfico.
Esta política nacional representa uno de los puntos más controversiales entre ambos. Sin embargo, el momento más crítico ocurrió en julio de 2024, cuando se interceptó una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la vía entre Medellín y Anorí, donde fueron capturados varios líderes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.
Entre los detenidos estaba Alexander Díaz, alias Calarcá, máximo líder de las disidencias, así como otros individuos con órdenes de captura activas, como alias Firu (cabecilla del Frente 36) y alias Erika Castro, quienes portaban armas y sumas significativas de dinero en efectivo.
Esto generó un considerable choque institucional. Por un lado, Rendón describió el hecho como una “afrenta a los antioqueños” y denunció que los vehículos de la UNP se habían transformado en “refugios móviles” para que criminales evadieran la justicia y transportaran armamento en el departamento.
Mientras tanto, el Gobierno defendió que el traslado de los negociadores era esencial para el proceso de paz con las disidencias. Petro incluso justificó los protocolos, pero este escándalo obligó a revisar cómo se otorgaban los esquemas de protección a los disidentes.
Este episodio es recordado por la Gobernación de Antioquia como la evidencia clara de que la “Paz Total” debilitó la autoridad del Estado.
Finalmente, la contienda entre Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón ha convertido a la Universidad de Antioquia (UdeA) en el principal escenario del conflicto político y financiero sobre el modelo de educación superior en Colombia.
La raíz del conflicto radica en quién debe asumir el déficit operativo del centro universitario, que para 2026 alcanzó niveles considerados críticos.
Rendón, a cargo de la Gobernación de Antioquia, sostiene que la Nación debe cumplir estrictamente con la Ley 30, que estipula que la mayor parte de los costos estructurales deben ser asumidos por la nación, ya que el presupuesto departamental destina importantes recursos a la universidad.
El presidente Petro, por su parte, ha calificado de “tacañería regional” esta postura y critica que el gobierno departamental prefiere invertir en infraestructura como las vías 4G que en “el cerebro de los antioqueños”.
La crisis se intensificó durante las primeras semanas de enero de 2026, cuando el Ministerio de Educación Nacional, siguiendo instrucciones directas de la Casa de Nariño, reemplazó al rector de la universidad. El Gobierno Nacional justificó esta decisión afirmando que era necesario contar con una dirección alineada con el principio de “Educación Superior como derecho”.
El gobernador Rendón, por su parte, denunció que se trató de una “toma hostil” y un ataque directo a la autonomía universitaria, acusando al Ejecutivo de utilizar su influencia en el Consejo Superior para “ideologizar” la institución en lugar de abordar su déficit financiero.
[ad_2]
