Colombia
Iglesia pidió a las disidencias que frenen la ola de violencia en Guaviare y que respeten el derecho internacional humanitario
El clima de miedo aumenta en el departamento del Guaviare a causa de los enfrentamientos entre facciones disidentes de las Farc, en particular entre los grupos liderados por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como Iván Mordisco, y Alexánder Díaz, alias Calarcá.
De acuerdo a los informes proporcionados por el Ejército Nacional de Colombia, al menos 30 individuos murieron en los enfrentamientos registrados en la zona rural de El Retorno (sur de Colombia); reflejando una creciente fragilidad en la seguridad regional y afectando directamente a las comunidades indígenas y campesinas de la región.
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En respuesta a esta situación, la Diócesis de San José del Guaviare y la Delegación para las relaciones Iglesia Estado de la Conferencia Episcopal de Colombia manifestaron su preocupación por la violencia en la región, solicitando una protección urgente para la población civil, advirtiendo que la escalada del conflicto incrementa el sufrimiento y la victimización de los residentes.
En un comunicado, se reiteró que los enfrentamientos armados han ocasionado un alto sufrimiento, incremento en la victimización, así como confinamientos y desplazamientos en las comunidades.
“Recibimos con gran tristeza la noticia de los graves sucesos que resultaron en la muerte de un considerable grupo de personas en el municipio de El Retorno. Nos unimos al llamado del Santo Padre León XIV por una paz sin armas”, se expresa en la misiva firmada por monseñor Jesús Alberto Torres Ariza, obispo de San José del Guaviare, y monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado para las relaciones Iglesia-Estado.
Asimismo, los líderes religiosos enfatizaron que estos choques intensifican el clima de inseguridad, dificultando la convivencia y alterando significativamente la rutina social en Guaviare.
“Como hemos mencionado en numerosas ocasiones, estas confrontaciones solo generan más sufrimiento, alta victimización, confinamiento y desplazamiento en comunidades indígenas y campesinas, así como la pérdida de vidas entre combatientes y civiles, generando un ambiente de temor que obstaculiza la vida pacífica y solidaria,” manifestaron.
Uno de los puntos clave en el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal fue la demanda de protección para los heridos y capturados en combate, así como un llamado a los grupos armados para que cesen sus hostilidades y otorguen garantías a las comunidades locales.
“Invitamos a todos los actores involucrados en el conflicto a comprometerse a respetar los principios del derecho humanitario, asegurando la protección de la población civil, que ya se encuentra gravemente afectada en esta región del país, así como de aquellos combatientes heridos o detenidos durante los enfrentamientos,” aclararon.
Al cerrar el comunicado, ambas entidades religiosas subrayaron la necesidad de diálogos y consensos como medios para restaurar la convivencia social y elevaron una oración por la protección de las personas y comunidades del Guaviare, pidiendo transformación de los corazones de aquellos que optan por la violencia.
“Nos unimos en oración por las personas y comunidades del Guaviare, para que reciban la protección necesaria y se desarmen los corazones de los violentos,” concluyeron.
El municipio de El Retorno presenta antecedentes de violencia concentrada a causa de la lucha por rutas utilizadas en actividades ilícitas, convirtiéndose en un escenario recurrente para conflictos entre estructuras ilegales rivales.
El análisis sobre el desplazamiento de estas facciones sugiere una organización logística compleja. Según informes de inteligencia militar citados por Caracol Radio, en 2024 las disidencias vinculadas a alias Calarcá mantuvieron una red activa de transporte entre Antioquia, Catatumbo y Bogotá.
Esta logística incluía la elaboración de rutas específicas que atravesaban municipios como Anorí, Tarazá, Briceño, Campamento y Angostura en Antioquia, así como salidas desde Tibú, en Norte de Santander. Esto permitió a las autoridades mapear la coordinación interna de estas estructuras.
Las cifras de desplazados y víctimas destacan el impacto social de la violencia. En la región, según los reportes, los enfrentamientos entre grupos armados han causado al menos 90,000 desplazados y el fallecimiento de más de diez menores de edad.
La situación ha llevado al despliegue de tropas y a la presencia continua de fuerzas militares en las zonas rurales donde ocurrieron los combates, con el propósito de ofrecer protección a la población civil.
Las operaciones de control territorial proseguirán mientras se avanza en la identificación de las víctimas y se lleva a cabo un monitoreo constante por parte de organismos civiles y humanitarios.
