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La región del Catatumbo ha reportado un nuevo caso de secuestro en el año 2026, luego de que un hombre identificado como Carlos Rodríguez fuera llevado por hombres armados en el corregimiento de Aguas Claras, en la zona rural de Ocaña, Norte de Santander.
Según lo informado por la comunidad a Caracol Radio, el incidente ocurrió cuando Rodríguez se encontraba en un comercio del corregimiento. Hasta allí llegaron hombres considerablemente armados, quienes identificaron a la víctima y se la llevaron a un destino desconocido, sin que hubiera resistencia o intervención de las autoridades en el momento del secuestro.
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El paradero de la víctima sigue siendo incierto, y tanto familiares como residentes de la zona expresan su preocupación por su bienestar y seguridad.
Después de que se supo del secuestro, las autoridades civiles y de seguridad llegaron al lugar, junto con el Personero Municipal, con el objetivo de verificar la información, recopilar testimonios y comenzar las investigaciones necesarias para aclarar los hechos y localizar a los responsables.
Aún no se ha confirmado oficialmente quién está detrás del secuestro, ni se ha atribuido la responsabilidad a algún grupo armado específico. Sin embargo, la región es considerada de alta complejidad en términos de seguridad, dado que existen estructuras armadas ilegales que mantienen disputas territoriales.
Las autoridades informaron que se han activado los protocolos de búsqueda y que se mantiene comunicación con organismos de derechos humanos, en un contexto marcado por restricciones de movilidad y temor entre la población civil.
Con el secuestro de Carlos Rodríguez, Caracol Radio reporta que ya son seis los casos documentados en la región del Catatumbo en 2026, lo que indica un empeoramiento de las condiciones de seguridad en esta parte del norte colombiano.
Uno de los incidentes más destacados ocurrió el 6 de enero, cuando cinco miembros de la Policía Nacional fueron secuestrados mientras transitaban por la carretera que conecta a Cúcuta y Tibú, un corredor estratégico que ha sido escenario de frecuentes enfrentamientos armados.
Estos acontecimientos han llevado a autoridades locales y organizaciones sociales a reiterar su llamado para reforzar la presencia institucional y garantizar la seguridad de la población civil.
La situación humanitaria en Catatumbo también se ha visto afectada por secuestros de niños y adolescentes, quienes han sido usados como herramientas de presión y propaganda por grupos armados ilegales.
En un caso reciente, una niña de 12 años fue secuestrada junto a su madre en Tibú por disidencias de las Farc. Durante su cautiverio, la niña fue forzada a grabar un video con mensajes dirigidos a otros niños de la región.
En la grabación, publicada por un medio nacional, la menor describió cómo hombres armados la abordaron mientras jugaba en un parque y luego la trasladaron bajo amenazas. “Se aprovecharon de mi niñez y de mi inocencia”, relató al expresar su experiencia del secuestro.
Tras una semana de cautiverio, la niña y su madre fueron liberadas. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre las graves consecuencias psicológicas y emocionales de estos incidentes.
El 16 de enero de 2026, se cumplió un año desde el inicio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, conflicto que ha afectado gravemente a la población civil.
De acuerdo con el más reciente informe del Puesto de Mando Unificado (PMU), citado por autoridades departamentales, aproximadamente 89,013 personas han sido desplazadas por la violencia armada, y al menos diez menores de edad han perdido la vida en incidentes relacionados con el conflicto.
Municipios como Tibú, El Tarra y Ocaña siguen enfrentando dificultades en el acceso a educación, salud y seguridad, en un contexto de constante riesgo.
Diversas organizaciones sociales han renovado su pedido a los grupos armados ilegales para que excluyan a los menores del conflicto. Carmen García, vocera de Madres del Catatumbo por la Paz, expresó su desprecio frente a estas acciones y solicitó una mayor intervención estatal.
“Los niños deben quedar al margen de la guerra. El daño que se les causa es profundo y se extiende a sus familias”, manifestó la vocera, quien también pidió al Gobierno Nacional crear espacios de diálogo que reduzcan la violencia en la región.
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